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Juan Miguel Apolo Romerales durante su declaración en sede judicial
Huertas y Alcón cargan toda la culpa en un asesor de la organización

Huertas y Alcón cargan toda la culpa en un asesor de la organización

Juan Soriano

Domingo, 18 de diciembre 2016, 08:44

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Ni sabían nada ni autorizaron nada. Toda la responsabilidad es de Juan Miguel Apolo Romerales, socio y administrador único de la empresa Servicios Integrales Extremeños. Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE Extremadura, y Maximiano Alcón, secretario de Organización, negaron una y otra vez ante la juez su implicación en un supuesto entramado financiero que habría sido creado, según les acusa la Guardia Civil, para obtener fondos de las ayudas al asesoramiento agrario y así financiar la actividad de la organización.

Juan Miguel Apolo, el asesor, declaró ante la magistrada que en realidad era un contable en la sombra y que todas las decisiones fueron tomadas o avaladas por los dos principales dirigentes del sindicato en la región, a los que responsabilizó del montaje del operativo. También se autoinculpó al reconocer que había aprovechado su gran margen de maniobra para desviar a sus propias cuentas ciento de miles de euros entre 2008 y 2015.

La Guardia Civil abrió a principios de noviembre la denominada operación Tellus, que en su primera fase terminó con la detención de siete personas. Además de Huertas, Alcón y Apolo, fueron arrestados José Cruz, María Antonia Alcalá (miembros de la ejecutiva), Miguel Leal (exsecretario de Organización) e Ignacio Trejo, técnico en la oficina de Talayuela. Tras prestar declaración ante la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mérida, los dos primeros fueron enviados a prisión provisional sin fianza. Y allí siguen. La Audiencia ha mantenido la prisión con el argumento de que si salen puedan entorpecer la investigación al influir en otros investigados, peritos o testigos. Esta semana se han producido tres nuevas detenciones de trabajadores de la entidad y no se descartan más, ya que se mantiene la investigación sobre otras seis personas.

Más de diez horas ante la juez

HOY ha tenido acceso a las declaraciones que realizaron los siete primeros detenidos en sede judicial. Son más de diez horas de grabación entre la tarde del 4 de noviembre y la noche del día 5. Se les acusa de presuntos delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, falsedad documental y organización criminal.

El primero en declarar fue Juan Miguel Apolo. Como ya había hecho previamente ante la Guardia Civil, reconoció los hechos en su totalidad. Su testimonio resulta clave, ya que confirma la operativa que reflejan los miles de extractos bancarios analizados por la Guardia Civil.

Apolo hizo un relato detallado de su trabajo desde que llevaba la gestión laboral de UPA-UCE en una asesoría. Un antiguo dirigente de la entidad le ofreció en 2007 que se incorporara a la organización, ya que necesitaban modernizar su contabilidad. Puso dos condiciones: un contrato indefinido y un sueldo mayor. Aceptaron y abandonó su puesto.

Afirmó que antes de iniciar la relación laboral le pidieron que creara una sociedad para gestionar los seguros agrarios, ya que la nueva normativa impedía a UPA prestar ese servicio. La empresa debía ser independiente, pero el dinero para su constitución salió de la organización agraria. Así se creó Servicios Integrales Extremeños, que resultaría clave en los presuntos delitos que se investigan.

Apolo aseguró que su primer contrato con UPA fue a través de UGT y por menos dinero del acordado. Y al final de ese año Maximiano Alcón, nuevo secretario de Administración, le dijo que nunca le harían un contrato laboral porque le consideraban personal de confianza. Debía darse de alta de autónomo, aunque la organización le pagaría la cuota correspondiente. La relación se renovaba año tras año, pero en la práctica «era un trabajador más», afirmó.

En el año 2008 se crea otra empresa, Consultoría de Estudios Rurales, en la que figuran como socios varios miembros de la ejecutiva. Pasó a encargarse de los seguros, mientras que Servicios Integrales Extremeños empezó a dedicarse a cursos de formación y todo tipo de actividad susceptible de recibir subvenciones. Así asumió, tras la primera convocatoria del año 2010, la gestión de las ayudas de asesoramiento agrario.

Este programa, que cuenta con financiación comunitaria, nacional y autonómica, está destinado a mejorar las explotaciones por la denominada condicionalidad, que permite a su vez acceder a otras subvenciones. Sin embargo, Apolo afirmó que en realidad estas ayudas no eran atractivas para los agricultores, que recibían una subvención de 800 a 1.300 euros a lo largo de tres años y que además del papeleo debían aportar un 20% y asumir los costes, ya que figuraba como incremento patrimonial en la declaración de la Renta. Pero para UPA eran muy interesantes, ya que a gran escala proporcionaban una fuente de ingresos. Por ese motivo, afirmó que le pidieron que buscara una fórmula para prestar el servicio sin que costara dinero al profesional del campo.

Tres alternativas

Apolo aseguró que planteó tres alternativas. La primera consistía en que el agricultor asumiera el 20% y que después se le descontara de la cuota de afiliado. Así se hizo el primer año en la oficina de Fuenlabrada de los Montes. Pero fue desestimada porque se trataba de que el interesado no pusiera dinero. Propuso entonces utilizar la Fundación Campo Vivo, creada por UPA pero inactiva. Daría ayudas a los socios para costear los servicios de asesoramiento, dinero que después debían devolver en forma de donativo, algo que además desgrava y que permitiría recuperar lo pagado de más en la declaración de la Renta. Sin embargo, tanto Huertas como Alcón le dijeron que era muy lioso. De modo que sólo quedaba una opción, utilizar Servicios Integrales.

UPA-UCE transfería una cantidad a esta empresa, que a su vez se la prestaba a los agricultores. Automáticamente, en uno o dos días, UPA-UCE cobraba de los agricultores por el servicio de asesoramiento y el dinero volvía a su origen para iniciar otro ciclo. En un solo año, 2013, se obtuvo más de un millón de euros con el movimiento de 300.000 euros para 1.850 servicios. En tres años se llegó a 1,8 millones. Se estima que se empleó la misma operativa para percibir más de 2,4 millones en la convocatoria de 2010 a 2012.

La subvención sufragaba el 80% del coste. Cuando llegaba el dinero, a lo largo de tres años, Servicios Integrales cobraba en concepto de devolución del préstamo, pero sólo por el 80% citado. Aunque aparentemente la organización ponía 100 y perdía 20, en realidad recuperaba los 100 y ganaba otros 80. El servicio no se ofrecía, o no de la forma exigida. Según Apolo, no había estructura para ello.

A su juicio, sólo el primer sistema era completamente legal. No opina lo mismo del sistema que finalmente, según declaró, eligieron Huertas y Alcón. Y añadió que este último le dijo que era la única forma de tener fondos para no cerrar oficinas y despedir trabajadores. Apolo estimó que UPA soportaba un coste mensual de 110.000 euros en nóminas, más otros 200.000 al año de entidades filiales como Fademur y Consultoría, más de 1,5 millones en total. Las cuotas de los socios aportaban 500.000 euros al año, y con lo que se cobraba por otros servicios y por las subvenciones de la Junta se podía llegar a 700.000. Insuficiente para cubrir los gastos. «El asesoramiento fue fundamental para la supervivencia financiera de la organización», reconoció ante la juez. Los movimientos de las cuentas evidencian que el dinero pasaba de unas entidades a otras y para cubrir todo tipo de necesidades.

Apolo afirmó que era imposible montar este sistema sin el consentimiento de Huertas y Alcón, y añadió que, por los estatutos de UPA, le cuesta creer que no lo conociera el resto de la ejecutiva. Pero aseguró que sólo trató con los máximos dirigentes, y expresamente exculpó a Miguel Leal y María Antonia Alcalá.

Nadie sabía nada

Miguel Leal fue secretario de Organización hasta 2014. En su declaración aseguró que no participaba en las cuentas. En todo caso, los responsables eran Huertas y Alcón, aunque los encargados eran los trabajadores de contabilidad.

Leal fue uno de los agricultores que percibió el asesoramiento agrario. Aseveró que fue realizado y que sirvió para mejorar su explotación, pero que no llegó a pagar la parte que le correspondía. También recibió este servicio José Cruz, secretario de Acción Sindical y Agricultura. Al igual que el anterior, en su declaración judicial explicó que los servicios se prestaban, pero desconoce el operativo financiero. Asimismo, afirmó que Alcón y Huertas llevaban los asuntos económicos y que el máximo responsable era Miguel Apolo. Y que, aunque es administrador de Consultoría de Estudios Rurales, en realidad no gestiona nada.

María Antonia Alcalá es vicesecretaria general, pero recalcó que se trata de un cargo simbólico sin poder ejecutivo. Trabajaba como administrativo en la oficina de Plasencia y también negó conocer el sistema. Es más, aunque se lo explicaron en el interrogatorio afirmó que no lo comprendía. La juez le preguntó por una conversación que tuvo en octubre con un agricultor que en la investigación previa a los registros y las detenciones había declarado ante la Guardia Civil que no había recibido asesoramiento agrario. Se enfadó con él porque asegura que sí se prestaron los servicios.

Nadie aclaraba por qué la organización pedía a sus técnicos que aumentaran un 10% los servicios de asesoramiento para asegurar el trabajo durante tres años, como consta en la documentación intervenida. La incomprensión de la juez sobre la falta de responsabilidad en UPA-UCE fue en aumento durante los interrogatorios de Huertas y Alcón. Este último es secretario de Organización y Administración desde 2014, y antes llevaba Administración. Afirmó que había plena confianza en Apolo, una persona considerada capacitada y que había puesto en orden la contabilidad de la organización.

Según dijo, fue Apolo quien propuso crear Servicios Integrales, aunque desconoce quién aportó el capital social. «Queríamos que todo fuera legal», apuntó. También confiaban en el contable la gestión laboral y aceptaban sus ideas, como la creación de Consultoría de Estudios Rurales con su autorización y la de Huertas. «Hemos ido haciendo lo que nos ha aconsejado en cada momento para conseguir la financiación legal para la organización».

En cuanto al mecanismo montado para financiar el servicio de asesoramiento a los agricultores, aseguró que fue el contable quien planteó llevarlo a través de su empresa y que los dirigentes de UPA lo aprobaron porque confiaron en su criterio. Pero aseguró desconocer el sistema de préstamo y la pérdida del 20% que sufría la organización.

Ingresos fundamentales

También reconoció que los ingresos por el asesoramiento agrario son fundamentales para la entidad. Explicó que las cuotas aportan hasta 800.000 euros, y que los recursos ordinarios soportan el 60% o 70% de los gastos. Para el resto se necesita este tipo de servicios, por eso se montó una estructura de profesionales para realizar los trabajos. A su juicio, si ha habido algún fallo será en casos puntuales. «Me deja asombrado si no se han prestado, si hubiese tenido conocimiento esta organización posiblemente a alguien hubiese que haber despedido», apuntó.

El secretario general, Ignacio Huertas, fue el último en declarar. Afirmó que fue Apolo quien recomendó el sistema de préstamos a través de su empresa y negó que el contable hubiese advertido de que la operativa no era legal. «Me dice que no reviste ningún problema», aseguró. También rechazó que se escogiera porque permitía que los agricultores no pusieran dinero.

«Yo no entendí muy bien el sistema cuando se nos planteó, pero se decía que era beneficioso para la organización», expuso. Y reconoció que no tiene tiempo ni conocimientos para supervisar todo, aunque se trata del máximo responsable de la entidad. «Yo soy un ganadero y no tengo la capacidad de hacer un control contable».

En cuanto a los servicios de asesoramiento, afirmó que se prestaron y que la entidad contaba con estructura y personal cualificado para atender a 1.850 agricultores. «Había inspecciones por parte de la Administración y nunca hubo ningún problema», añadió. También había capacidad para incrementar un 10% el volumen de actividad, como se pidió a las oficinas para garantizar los puestos de trabajo. Y que el dinero obtenido, 1,8 millones sólo entre 2013 y 2015, se destinaba a pagar a los empleados que hacían esa labor.

«Ninguno sabe nada, todos ustedes están echando balones fuera», le dijo la juez con cierta irritación. Huertas consideró que la ejecutiva puede haber incurrido en responsabilidades políticas por no haber apreciado el alcance del sistema, pero que el encargado era Apolo.

También reconoció que pidió el servicio de asesoramiento a UPA, pero que su hermano es el encargado de su explotación. Por eso no conoce el sistema de préstamo. «No mira usted nada, debe andar económicamente muy sobrado», le llegó a decir la magistrada, que preguntó en varias ocasiones quién era el responsable del carrusel de dinero que permitía captar las subvenciones al asesoramiento agrario. La respuesta siempre fue la misma: nadie sabía nada, todo lo llevaba Apolo.

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