El incremento de avales pone contra las cuerdas a las agencias de viajes

El Gobierno central ha puesto contra las cuerdas a las agencias de viajes de Extremadura: 209 oficinas registradas en la Dirección General de Turismo, el 90% pymes y autónomos que suman un millar de trabajadores. Una red que la asociación que las representa quiere mantener. De ahí su oposición frontal a una normativa que pretende incrementar de 60.000 a 100.000 euros el aval que cada año toda agencia tiene que depositar si quiere operar. «Porque este incremento es simplemente inasumible, desproporcionado y conllevaría el cierre de muchas agencias en la región», dice Juan José Manzano, presidente de la asociación de agencias de viajes de Extremadura.

Por este motivo, tanto la agrupación regional como la federación nacional en la que está, Fetave, han mantenido ya una primera reunión con el director general de Turismo, Francisco Martín, para pedir que la Junta no cumpla con la normativa del Gobierno central. Una normativa, por otro lado, que atiende la directiva europea que insta a los países miembros a homogeneizar las garantías que se ofrecen a los consumidores. «Pero que no dice que la normativa solo tiene que afectar a los viajes combinados y con un incremento tan altísimo para los avales», matiza Manzano.

Facua-Consumidores en Acción, por su parte, ha aplaudido públicamente tanto la directiva europea como la normativa nacional y ha pedido a las comunidades autónomas celeridad en la adaptación de sus legislaciones al respecto, puesto que son las comunidades las que tienen la competencia en la materia. Para Facua, es preciso incrementar las garantías a los consumidores y evitar la indefensión de los clientes en caso de que la agencia se enfrente a problemas económicos, como una insolvencia o quiebra, y haya que proceder a la repatriación de sus clientes o que el viaje de turno no se corresponda con lo contratado en la agencia.

Para mejorar estas garantías el Gobierno central ha enviado un borrador de la modificación que plantea a la Ley de Consumidores y Usuarios en el que establece que los avales de las agencias pasen de los 60.000 euros actuales a un mínimo de 100.000 euros o al 5% de la facturación de su negocio. «Esto supone que un negocio tiene que tener el 5% avalado para poder operar y no puede ser porque los márgenes de una agencia de viajes están entorno a esa cifra; entonces lo que se quiere eliminar es nuestro margen y, así, cómo nos vamos a poder mantener», se pregunta Manzano. «Y eso en el caso de que las agencias, la inmensa mayoría pymes y autónomos, logremos que aseguradoras y bancos nos concedan esos avales, algo complicado en muchos casos», añade. Por eso mantiene que el borrador nacional pone en peligro la viabilidad de las pymes y representa una barrera infranqueable para la creación de nuevas empresas en el sector. No solo porque incrementa un mínimo de un 60% los avales, sino también porque solo se centra en los viajes combinados. «Primero porque entendemos que todos los viajes, y no solo los combinados, tienen que tener garantías y, en segundo lugar, porque son los viajes combinados los que están manteniendo en gran parte la actividad de las agencias de viajes de Extremadura», afirma el presidente de la asociación regional. «Hoy nadie o casi nadie recurre a una agencia para reservar una noche en un hotel, pero sí para organizar un viaje que conlleve un vuelo hasta una primera ciudad, hotel en la misma y alquiler de un coche desde esta para recorrer los alrededores o desplazarse a otras ciudades, por ejemplo; por eso, los viajes combinados son hoy el grueso de nuestro negocio».

Porque el valor de las agencias está en la información extra y confianza que puede aportar el experto más allá de la venta online, motivo por el que son requeridas para la organización de viajes combinados.

El empleo, la prioridad

De ahí que las agencias extremeñas pidan a la Junta ayuda en lo que consideran un ataque frontal del Gobierno central. Así lo han hecho, junto con directivos de la federación nacional, en el primer encuentro mantenido con el director general de Turismo.

«Hemos hablado con ellos porque son un factor clave en el turismo regional y por eso contaremos con las agencias en la actualización de la normativa que regula los viajes combinados, que es de 1998, del mismo modo que tendremos en cuenta la normativa europea, la Ley de Consumidores de 2015 y la realidad de las empresas que operan en la región, que son pymes y autónomos», explica Francisco Martín.

Porque el objetivo de la Junta es continuar garantizando los derechos de los consumidores, que ya están protegidos con la normativa autonómica vigente, pero sin olvidar que el empleo es una prioridad. «Por eso vamos a trasladar a nuestra legislación la normativa europea, porque es obligatorio, pero esperamos, en primer lugar, que antes se pronuncie la conferencia sectorial, que lleva más de un año sin reunirse y, en segundo lugar, garantizamos que seremos prudentes a la hora de aumentar las garantías, puesto que no queremos poner en peligro la sostenibilidad de las empresas ni el empleo». Francisco Martín también asegura que todo se hará dialogando con las agencias, la Creex y los sindicatos.

Hasta la fecha Madrid es la única comunidad que está asumiendo el decreto nacional en su legislación con el consiguiente rechazo de todas las agencias madrileñas.