Una bolsa regional de alquiler ofrecerá pisos a partir de 125 euros al mes

La Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales ha culminado la redacción del decreto de creación de la bolsa de alquiler asequible, que ya se encuentra en fase de exposición al público para posibles alegaciones.

Según establece el proyecto normativo, la situación que aún atraviesan familias con niveles de renta medios y bajos sigue dificultando el acceso a una vivienda digna. «Los precios que rigen en el mercado de alquiler unido a la contención, e incluso a la rebaja, de los salarios ha abocado a numerosos colectivos a buscar soluciones alternativas, como el retorno al hogar de sus progenitores», indica, a lo que añade que los casos más extremos terminan en el desahucio y llevan a los afectados a una situación de precariedad. Todo ello en una región que, según se indica en la exposición de motivos, cuenta con más de 100.000 viviendas vacías.

Para combatir esta realidad, la Junta de Extremadura promueve la Bolsa de viviendas para el alquiler asequible con el objetivo de captar propiedades desocupadas y ofrecerlas a precios más que competitivos. La renta inicial, revisable cada año, será equivalente al 15% de los ingresos familiares ponderados del arrendatario, con un mínimo de 125 y un máximo de 250 euros al mes.

Los ingresos también determinarán quiénes podrán beneficiarse de esta medida, que estará destinada a los particulares, las familias y las unidades de convivencia que tengan unos ingresos familiares ponderados iguales o superiores al IPREM (al menos 532,51 euros al mes) y que no excedan de 3,5 veces ese valor (1.865 euros mensuales). En caso de situación de urgente y extrema necesidad, se podrá eximir de la exigencia de una renta mínima si así lo acredita un informe social. Asimismo, los aspirantes no podrán disponer, en un porcentaje igual o superior al 50%, del pleno dominio sobre alguna otra vivienda.

La bolsa estará formada por viviendas procedentes de particulares y personas jurídicas, especialmente de bancos y cajas y la Sareb, la entidad que gestiona los activos tóxicos del sector financiero. La Junta de Extremadura ya ha anunciado la firma de un convenio para disponer de 45 de sus pisos en la región.

La gestión de este parque de viviendas estará encomendada a la empresa pública Gisvesa. El proyecto de decreto establece que adjudicará las propiedades disponibles directamente, a demanda del interesado y por riguroso orden de entrada de la solicitud.

Este decreto es una herramienta más dentro de la política de la Junta en esta materia. De hecho, está estrechamente vinculado a la Ley de Emergencia Social de la Vivienda, un proyecto del gobierno regional en el que se reconoce la función social de la vivienda y en el que se fijan sanciones de hasta 150.000 euros por pisos deshabitados, según la propuesta que expuso al público el Ejecutivo autonómico a comienzos de este año. Asimismo, plantea el derecho de tanteo para que la Administración regional pueda quedarse con pisos en casos de desahucio e incluso la expropiación temporal del uso de estos bienes para evitar el desalojo de familias que carezcan de recursos.

Loable pero poco efectivo

Para profesionales del sector, la propuesta de la Junta de Extremadura supone una intervención en el mercado, aunque consideran que no tendrá demasiado recorrido.

Francisco Marroquín, secretario general del Colegio oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cáceres, estima que la intención del gobierno extremeño es loable, ya que persigue facilitar el acceso a la vivienda para familias necesitadas. Pero añade que la bolsa de alquiler asequible será poco efectiva.

A su juicio, el proyecto de decreto recoge «una intervención directa de la administración en el mercado», y recalca que la experiencia señala que este tipo de prácticas no dan el resultado esperado. Como ejemplo, recuerda la creación de la Sociedad Pública de Alquiler por parte del Gobierno central en los tiempos del auge inmobiliario. Al igual que la medida de la Junta, aunque en una situación completamente distinta, nació para facilitar el acceso a la vivienda. Pero no funcionó y hoy está en liquidación.

Junto a esto, considera que la Administración regional quiere actuar en favor de familias víctimas de desahucios cuando lo adecuado sería intervenir antes de que se produzca el lanzamiento de su vivienda.

Asimismo, critica que se emplee como argumento el número de viviendas vacías en la región, ya que también hay que tener en cuenta el envejecimiento de la población y los flujos migratorios, que causan el despoblamiento de pequeños municipios, donde no hay problemas de acceso a la vivienda.

Por último, Marroquín puntualiza cuestiones básicas para el sector y que no están recogidas en el proyecto de decreto, como la gestión de la fianza que debe depositarse a la firma del contrato o quién asume el abono de los alquileres en caso de impagos.