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EUROPA PRESS
Sábado, 2 de enero 2016, 00:13
Mérida. El sindicato MCA-UGT considera que la patronal de empresas forestales en la región, Aeefor, «se equivoca en sus planteamientos frente al papel de Tragsa». En este sentido, en alusión a declaraciones de Aeefor sobre el tema, incide en que las administraciones públicas «tienen el deber de prestar servicios de calidad a la sociedad, hacer un adecuado uso de sus impuestos para dotar y mantener infraestructuras de calidad».
Según apuntó el sindicato, «esto puede hacerlo a través del propio cuerpo de funcionarios o dotarse de otros medios como las empresas públicas, a las que encargar estas encomiendas de trabajo, que han sido avaladas por numerosas sentencias del Tribunal Supremo». Añadió al respecto que estas empresas públicas «tienen un alto grado de responsabilidad social, en cuanto a la generación de empleo de calidad», y subrayó que Tragsa «ha mantenido en Extremadura 441 empleos desde el año 2009».
Por otra parte, la organización Colegial Veterinaria de Extremadura rechazó la «decisión tomada» por Tragsa de «despedir a más de 50 veterinarios», profesionales sanitarios con una avalada experiencia en el diagnóstico y control in vivo de la tuberculosis bovina. Una decisión que se produce en unos momentos en los que dicha enfermedad constituye «uno de los mayores problemas sanitarios» de la ganadería extremeña. Creen que estos veterinarios que realizan el diagnóstico in vivo de animales portadores o sensibles a la enfermedad son «un eslabón más, pero fundamental, de toda la cadena de actuaciones que integran el control sanitario veterinario oficial de la tuberculosis».
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