La guerra del Tajo no ha acabado

Leer periódicos de la zona de Levante y de Castilla-La Mancha es toparse constantemente con noticias sobre el Tajo, el río más largo de la península y que cruza la provincia de Cáceres. Los continuos anuncios de trasvases hacia el Segura son interpretados de manera distinta: mientras a una orilla aplauden, el Gobierno de Castilla La Mancha acaba de anunciar que recurrirá los últimos, del 31 de julio y 21 de agosto, ante la dramática situación de los embalses de cabecera: están por debajo del 15 por ciento, mientras que la media en la cuenca del Segura supera el 40 por ciento.

Aunque el río muestra un aspecto sano en Extremadura, donde está cercado por presas hidroeléctricas, su situación ha despertado reacciones ciudadanas tanto en España como en Portugal, además del pronunciamiento de la Defensora del Pueblo y del Tribunal Constitucional, e incluso de la Unión Europea.

Mientras el Ministerio y la Confederación Hidrográfica trabajan en un nuevo Plan Hidrológico, una campaña de financiación colectiva en Internet (crowdfunding) ha recaudado 6.000 euros para pagar parte de los gastos judiciales de la demanda interpuesta ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, con el objetivo de lograr la anulación del plan de cuenca vigente. Aprobado el año pasado, con cinco de retraso respecto al calendario exigido y después de recibir 12.000 alegaciones, hay que presentar otro en los próximos meses para cumplir los plazos de la Directiva Marco de Aguas (DMA).

«Se trata de impedir que la planificación del Tajo lo condene a seguir siendo un cadáver hidrológico supeditado a una gestión que le priva de caudales ecológicos y que considera que sobra como río en el centro del país», recoge la web de petición de fondos. «El establecimiento de unos exiguos caudales mínimos (que no tienen en cuenta la salud del río ni su estado ecológico) asfixia al río en su parte media y establece que a partir de ahí toda el agua debe ser trasvasada. Todo ello sin importar la repercusión medioambiental y social en la cuenca cedente. Y sin importar tampoco que el Tajo sea un río internacional cuya gestión y mantenimiento debe basarse en la cooperación y entendimiento entre España y Portugal», añade.

Mientras el actual plan estaba en fase de información pública, el Gobierno, junto con varias comunidades autónomas gestionadas por el Partido Popular, entre ellas Extremadura, firmaron un memorándum para regular los trasvases del Tajo al Segura dentro de la Ley de Evaluación Ambiental. Un pacto «secreto y en total opacidad», según la Fundación Nueva Cultura del Agua. Este juego burocrático fue denunciado públicamente por la Defensora del Pueblo y paralizado por el Tribunal Constitucional. En un nuevo movimiento legislativo, el Ejecutivo central ha vuelto a incluir el asunto del trasvase en la recién aprobada Ley de Montes, y de nuevo mientras se trabaja en el nuevo plan de cuenca del río.

A la espera de que se posicione el Tribunal Supremo, Europa no pierde detalle de lo que sucede con el río que baña las dos capitales de la Península Ibérica y que abastece al 20 por ciento de la población urbana de España. El pasado mes de junio, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo dedicó más de una hora a la situación del Tajo y anunció una visita al terreno para principios de 2016. La Comisión Europea también ha admitido a trámite dos quejas.Las organizaciones ciudadanas y ambientales que defienden el río, a uno y otro lado de la Raya, y organizadas bajo la Red del Tajo/Rede do Tejo, no cesan en su lucha. A principios de verano, todos estos colectivos organizaron unas jornadas en Candeleda (Ávila) llamadas Tajo Vivo, en las que entre otras cosas denunciaron las grandes presiones que afectan al río: «La detracción de hasta dos terceras partes de los caudales de cabecera que se trasvasan a la cuenca del Segura; la sobreexplotación y falta de depuración integral de todas sus aguas, con especial incidencia en los ríos madrileños. Al respecto se reclama el establecimiento de un verdadero régimen de caudales ecológicos en las tres principales ciudades del Eje del Tajo: Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina». Movilizaciones y manifestaciones están en la agencia social para este otoño.

Masas de agua en mal estado

Unos caudales ecológicos que son la base de la normativa europea para lograr unos ríos sanos y en buen estado ambiental, una auténtica revolución en la gestión que provocó muchos aplausos en su aprobación en el año 2000. Pero cuesta hacer los deberes. Según la información oficial, sólo el 41 por ciento de las masas de agua superficiales españolas están en buen estado, frente al 41 por ciento en mal estado y el 18 por ciento del que ni siquiera existen datos. Una evaluación optimista a juicio de la organización WWF.

En Cáceres el Tajo luce lozano, con un tono azul hermoso incluso en contraste con las verdes dehesas de inviernos y primaveras, pero apenas corre. «El río ya no suena», dijo un asistente en las jornadas ciudadanas que el año pasado se celebraron en la localidad cacereña de Granadilla. «Se evidencia que la lamentable gestión del Tajo extremeño, en manos de las hidroeléctricas, genera impactos importantes con alteraciones graves en el régimen de caudales. Los desembalses desde los embalses hidroeléctricos de Extremadura responden a los intereses económicos de las empresas hidroeléctricas, y no a garantizar un régimen de caudales ambientales en el Tajo portugués», denuncia la Red del Tajo.