El juez archiva la causa contra los acusados de robar las armas de Bótoa

La investigación del robo de las armas de la Base General Menacho de Badajoz vuelve al mismo punto en el que estaba la noche del suceso. Es decir, no hay sospechosos. El Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz ha decretado el archivo de las investigaciones que se estaban llevando a cabo sobre diez personas. Lo hace una vez que el propio fiscal asegurara que «no ha quedado acreditada la autoría de los inculpados» en el robo de las armas. Se mantiene la imputación sobre tres de estas personas, pero por otros hechos distintos.

El 28 de febrero de 2011 se cometió uno de los robos más espectaculares que se han llevado a cabo en Badajoz. De madrugada, un grupo indeterminado de personas penetró en la base a través de dos vallas, la del recinto propiamente dicho y la externa del perímetro de seguridad. Una vez dentro, se dirigieron al edificio número 113 del recinto, donde se encuentra la armería de la Primera Compañía del IV batallón de regimiento de infantería mecanizada (RIMZ) Castilla XVI. De allí se llevaron veinte fusiles HK (modelo G36E) y diez pistolas Llama (modelo M82), que trasladaron hasta el exterior de la base en un todoterreno Santana Anibal que habían cogido de uno de los hangares. Previamente lo intentaron con otros dos coches similares, pero no fueron capaces de arrancarlos.

La tormenta política no se hizo esperar. La oposición disparó directamente contra la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, por considerar que las medidas de seguridad de Bótoa no eran las correctas. Por ejemplo, se supo que 29 de las 44 cámaras de seguridad no funcionaban bien o que 16 farolas del recinto estaban apagadas. De manera paralela, se arrestó a cuatro de los militares que estaban esa noche de guardia por negligencia en la vigilancia de la base.

Año y medio después, en junio de 2012, agentes de la Guardia Civil detuvieron a diez personas por su implicación con los hechos y se inició la búsqueda de las armas. La mayor parte de ellas (se tiene constancia de 18) aparecieron después de meses de rastreo sumergidas en el río Guadiana a su paso por Badajoz.

Se creía que los arrestados tenían relación con una supuesta banda dirigida por Marco Antonio C., de 27 años en aquel momento y que había sido militar en General Menacho con anterioridad. Los investigadores sospechaban que se había aprovechado de sus conocimientos de la base y de sus medidas de seguridad para perpetrar el robo de las armas. Cuatro de estas personas, incluido el presunto cabecilla, ya habían sido detenidos en septiembre del año anterior (2011). Fueron interceptados tras un cruce de disparos con la Guardia Civil en Castejada después de que asaltaran cuatro sucursales bancarias en las localidades cacereñas de Baños de Montemayor, Galisteo y Alagón del Río. La Guardia Civil sospechaba entonces que podían estar detrás de un total de 45 robos._

Por estos hechos permanecieron en prisión provisional hasta junio de 2012. Pero cuando salieron de la cárcel, a las puertas de la misma estaban los agentes de la Benemérita para volverles a detener, esta vez por el robo de las armas de Bótoa que se había producido con anterioridad.

En julio de 2013, la sala de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo decidió que este sumario debía ser instruido por un tribunal ordinario, concretamente el primero de Instrucción de Badajoz y no por el Togado Militar Territorial número 12, con sede en Madrid y que era el que había llevado la causa hasta entonces. Tomó esa decisión debido a que ninguno de los sospechosos era militar en el momento de producirse los hechos.

El juzgado pacense incorporó de esta manera el robo de las armas a un sumario que ya tenía abierto contra varios de los sospechosos por el presunto robo de un coche en Badajoz un mes después de los sucesos de Bótoa.

Ya en junio de 2014, fueron condenados a cuatro años de prisión los cinco participantes en la persecución de Casatejada, cuatro de los cuales eran también acusados de haber participado en el robo de la base.

Sin embargo, en un auto fechado el pasado 6 de julio, el juez de Badajoz ha archivado la causa de las armas atendiendo al criterio del fiscal. Este había formulado escrito de acusación contra tres de los siete sospechosos, entre ellos Marco Antonio C., por robos posteriores, pero no por la sustracción del armamento de guerra, porque no ha quedado acreditada su autoría.

Por su parte, la Abogacía del Estado (personada en la causa porque el Ministerio de Defensa era el afectado) presentó otro escrito en el que alegaba que se reservaba «las acciones civiles que pudieran corresponderle frente a los responsables de los eventuales daños ocasionados» a Bótoa.

Por este motivo, y atendiendo a que en el ordenamiento jurídico español «la facultad de condenar viene determinada por el previo ejercicio de la acusación manifiesta planteada por el Ministerio Público o por la acusación particular a tales efectos, y no habiendo sido ejercitada la misma en el presente caso por ninguna de ellas», acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones sobre siete de los sospechosos. Mantiene la imputación sobre los tres otros implicados, aunque en este caso solo por otros delitos, como por ejemplo el robo del vehículo en Badajoz.