La fundación que controló los cursos de 2011 descarta irregularidades

Francisco Sánchez Guijo, de la Federación Empresarial Placentina; Francisco Javier Peinado, de la Creex; Pedro Rosado, de la Federación Empresarial Cacereña; y Fernando Herrera, de Coeba. :: c. moreno/
Francisco Sánchez Guijo, de la Federación Empresarial Placentina; Francisco Javier Peinado, de la Creex; Pedro Rosado, de la Federación Empresarial Cacereña; y Fernando Herrera, de Coeba. :: c. moreno

La Tripartita, presidida por el Servicio Estatal de Empleo, concluyó que la formación para ocupados se ejecutó de forma correcta

JUAN SORIANO

La Fundación Tripartita, encargada de controlar la convocatoria de los cursos de formación para ocupados del año 2011, descartó irregularidades en la gestión de las subvenciones que concedió la Junta de Extremadura. Así lo asevera en el informe que culminó a principios de este año, en el que considera corregidas las deficiencias detectadas en su primera evaluación, de mediados del pasado ejercicio.

La consejera de Empleo, María Ángeles Muñoz, anunció el jueves que la Junta ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción el expediente de los cursos de la convocatoria de 2011 por un presunto delito contra la Hacienda Pública cometido por la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), UGT, CC OO y Cepes Extremadura. Según afirmó, una auditoría sobre el 10% de los fondos, dotados con 7,58 millones de euros, sirve de base para estimar un posible fraude de 3 millones de euros.

La mitad de esa cantidad corresponde a la Creex, la única entidad que aún no había dado explicaciones después de que UGT, CC OO y Cepes negaran el mismo jueves cualquier tipo de irregularidad en unos cursos que se llevaron a cabo entre 2012 y 2013. Pero su secretario general, Francisco Javier Peinado, compareció ayer en Badajoz para rechazar las acusaciones de la Junta y «defendernos de esta falacia».

Peinado señaló, tal como hizo la consejera, que la Fundación Tripartita comunicó posibles deficiencias en la gestión de los fondos a mediados del pasado año. La Creex presentó alegaciones y aportó documentación. El órgano encargado de controlar la ejecución de los fondos confirma que en enero de este año notificó que el cumplimiento por parte de la Creex fue absoluto. Aunque no precisa las conclusiones sobre Cepes, UGT y CC OO, añade que las explicaciones recibidas también fueron satisfactorias. Pero reconoce que su labor no puede entrar al nivel de detalle de una auditoría, sino que se limita a comprobar que las facturas coinciden con los gastos subvencionables.

La consejera de Empleo no comentó el jueves las conclusiones de la Fundación Tripartita, un órgano presidido por el Servicio Público de Empleo Estatal del que además forman parte la patronal y las organizaciones sindicales, y que en 2013 decidió dejar de colaborar con la Junta debido a que no se llegó a un acuerdo para que su personal en la región pasara a depender de la Administración regional. Muñoz sólo indicó que el primer informe de mediados del pasado año no satisfizo al Ejecutivo autonómico, por lo que se encargó una auditoría externa.

El resultado de esa auditoría, que ha motivado la denuncia de la Junta, no ha sido notificado a las entidades beneficiarias. Así lo afirmaron el jueves CC OO, UGT y Cepes y así lo indicó también ayer el secretario general de la Creex, quien compareció en compañía de representantes de la Confederación Empresarial de Badajoz (Coeba) y las federaciones empresariales de Cáceres y Plasencia. Estas tres entidades fueron las que gestionaron los cursos.

El enfado de la patronal

Francisco Javier Peinado, visiblemente enfadado, criticó las formas empleadas por la Administración regional, que ha preferido hacer pública su denuncia sin informar a las entidades beneficiarias. Pero también entró en el fondo del asunto y negó cualquier irregularidad.

Según afirmó, el propio informe provisional de la auditoría recoge que «se ha comprobado que el beneficiario ha justificado la realización de la actividad». Peinado explicó que más del 80% de los cursos fueron visitados por técnicos de la Administración regional, que pudieron comprobar su desarrollo.

Aún así, reconoce que hay diferencias de interpretación en el modo en el que se factura la liquidación. Pero recalcó que la asignación de fondos se realiza al multiplicar un módulo base (entre 4,5 euros por cursos a distancia y 12 euros por formación presencial superior) por el número de alumnos y el número de horas. Por ejemplo, a un curso de 14 alumnos, 42 horas y de la mayor categoría correspondió una subvención de 7.056 euros. Según Peinado, en esa cantidad se imputan todos los costes, desde el personal de las academias que dieron las clases a la electricidad y el beneficio correspondiente, y aseveró que así lo permite la jurisprudencia.

También consideró «de poco calado y poca altura» que la consejera afirmara que se contrataba a hermanos para dar las clases. Algo que no es ilegal si se cumplen los criterios de contratación en igualdad de condiciones. Por eso, dijo, no se duda de la relación entre la directora general de Formación para el Empleo, María José Nevado, y su hermana, que gestiona una academia en Cáceres. «Consideramos que es normal, puesto que la ley lo permite».

«Hemos pedido tres presupuestos, y a veces hasta cinco», afirmó, lo que a su juicio demuestra que los costes eran de mercado y que no hubo sobrefacturación.

Como han hecho el resto de entidades que, según la Junta, han participado en el presunto fraude, la Creex lamenta que aún no ha cobrado el 25% de la convocatoria de formación intersectorial a ocupados de 2011, 784.000 euros. A esto se suman las subvenciones de los planes sectoriales de ese año, 23.400; y las de las intersectoriales de 2012 y 2013, más de 351.000 euros, a pesar de que la Junta ha afirmado que en este caso no hay irregularidades porque se cambiaron los criterios de control. En total, la patronal extremeña reclama 1.159.000 euros. El presunto fraude que denuncia el Ejecutivo regional es de 1.500.000.

Peinado se mostró abierto al diálogo social, pero rechazó lo que definió como un «torpedo a la línea de flotación» de la Creex y añadió: «Vamos a ejercer las acciones que en derecho correspondan».