El PP pide explicaciones a Vara y el PSOE recalca que la gestión fue de Monago

J. S. MÉRIDA.

La denuncia de la Junta de Extremadura sobre los fondos de formación para ocupados del año 2011 causó ayer un revuelo entre los partidos políticos de la región, que esperaban vivir una tranquila jornada de despedida en el último pleno de la legislatura en la Asamblea.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Cantero, afirmó que «esta situación pone sobre la mesa un problema que atañe a Extremadura, consecuencia de la gestión del gobierno socialista». Además de solicitar una investigación, reclamó que respondan de estos hechos «quienes los conocían, el señor Fernández Vara y su equipo de gobierno», ya que la convocatoria tuvo lugar en el año 2011, con el PSOE al frente de la Junta.

«El anterior presidente de la Junta no pueden mirar para otro lado, esconderse detrás de la pancarta o escudarse en sindicatos o asociaciones», afirma el PP extremeño.

Ante estas acusaciones, el portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Valentín García, afirmó que «el único responsable político de esta situación es el gobierno de Monago y el PP». Como destacó, la convocatoria del 2011 se lanzó en junio pero se resolvió a finales de ese año por parte de la directora general de Formación para el Empleo, María José Nevado, quien también firmó los convenios correspondientes con las entidades beneficiarias.

Puñado de votos

Valentín García mostró la confianza del PSOE en CC OO, UGT, Creex y Cepes, y dijo que «un puñado de votos no vale la difamación de esas entidades». También anunció que denunciarán a quienes vinculen a Fernández Vara con un presunto fraude.

Pedro Escobar, coordinador general de IU Extremadura, reclamó «que se clarifique y que se sepa» lo ocurrido lo antes posible, «no como otros procesos que llevan cuatro o cinco años». Asimismo, añadió que el contenido de la denuncia «creo que pierde credibilidad por el hecho de anunciarlo no sólo en el último pleno sino a dos meses de las elecciones».

Por su parte, el portavoz parlamentario de Prex-Crex, Damián Beneyto, exigió ««medidas ejemplarizantes» en el caso de que se confirme que existió delito en la gestión de los fondos destinados a la formación de trabajadores en 2011, según recoge Efe, aunque incidió en la presunción de inocencia.