CC OO, UGT y Cepes niegan irregularidades en la gestión

Julián Carretero, secretario general, junto a miembros de CC OO. /
Julián Carretero, secretario general, junto a miembros de CC OO.

Las entidades destacan que desconocen las conclusiones de la auditoría y denuncian que la Junta debe dinero de la convocatoria 2011

JUAN SORIANO

Tres de las entidades acusadas por la Junta de Extremadura de un presunto fraude de 3 millones de euros en los fondos de formación para ocupados de 2011, CC OO, UGT y Cepes, niegan un mal uso del dinero público y denuncian que la Administración regional aún debe dinero de esa convocatoria.

El secretario general de CC OO Extremadura, Julián Carretero, aseveró que el sindicato «no ha cometido ningún tipo de fraude ni ningún tipo de delito». Asimismo, acusó a la Junta de «una actuación de mala fe constatada», ya que no se ha recibido ninguna resolución sobre la auditoría que se ha realizado.

Carretero explicó que CC OO recibió una subvención de 1,83 millones de euros, con lo que se acometieron a lo largo de 2012 y 2013 un total de 149 acciones con la participación de 2.242 alumnos. Una pequeña cantidad, 63.400 euros, no llegó a ejecutarse. Pero afirmó que la Junta aún debe 394.000 euros por esta convocatoria, más 195.800 por otros planes. Casi 590.000 euros, una deuda que ha ahogado al sindicato y le ha llevado a despedir a trabajadores y a renunciar a ayudas de la Junta a la formación.

También afirmó que se han cumplido todos los requisitos del decreto en vigor en el momento de la convocatoria, pero también los criterios del que aprobó la Junta en 2012, aunque no sea de aplicación.

Carretero puso toda la información a disposición de la Fiscalía, la justicia y los medios de comunicación. «CC OO no ha cobrado grandes sueldos no justificados, no tiene problemas con la Gürtel, ni viajes a ningún tipo de isla», afirmó en referencia a Monago, a quien pidió que explique el uso de los 17 millones de euros que la Junta ha aportado a Acorex.

Por su parte, el secretario general de UGT Extremadura, Francisco Capilla, recalcó que «todo está hecho de forma correcta» por su sindicato. Según Europa Press, añadió que se estudian acciones legales porque «no se pueden hacer este tipo de acusaciones» y que «salgan gratis».

Capilla mostró su sorpresa por las declaraciones de la consejera de Empleo, ya que la primera noticia que ha tenido en relación a este asunto, aseguró, ha sido la comparecencia de Muñoz, puesto que UGT no tiene conocimiento de la resolución de la auditoría sobre los fondos de formación para ocupados de 2011.

También criticó que se llegue a conclusiones sobre el montante total de las subvenciones a partir de una auditoría relativa sólo al 10%. Asimismo, lamentó que las acusaciones sean genéricas, lo que impide que pueda defenderse.

Por otra parte, Capilla indicó que la Administración regional debe al sindicato «más que lo auditado» del plan de formación de 2011, e «incluso más que el doble».

«Me parece tremendamente lamentable que haya un pulso torticero del Gobierno de la región con tal de rescatar un puñado de votos», afirmó. «Creo que está en estos momentos muy preocupado por los comicios electorales que se avecinan y no sabe cómo va a afrontar esas elecciones y salir de una manera victoriosa después de la situación en la que ha dejado a los extremeños».

Cepes también lo niega

Por su parte, Cepes Extremadura aseguró que «la ejecución de los programas se hizo conforme a la legalidad vigente» y anunció que acudirá a los tribunales si es necesario para emprender las acciones pertinentes contra «quien se atreva a poner en duda la adecuada gestión».

Asimismo, señaló que no tiene nada que ocultar y que los programas ejecutados han pasado por dos auditorías. La primera, a cargo de la Intervención de la Junta, «no arrojó dudas sobre la legalidad de los cursos, siendo el informe final favorable». La segunda, a cargo de una auditora externa, con la que Cepes ha colaborado «en tiempo y forma en todos los requerimientos solicitados». Recalca que, tras la presentación de las alegaciones correspondientes, no ha recibido «resolución alguna».

La entidad no entiende las acusaciones de la Junta, por lo que ha pedido una reunión urgente con la consejera de Empleo. «También se tratará la solicitud de pago que realizó Cepes hace unos días referente a que una cuarta parte de los fondos correspondientes a la formación de 2011 aún está pendiente de cobro desde hace más de dos años».

Este diario ha tratado de conocer la valoración de la Confederación Regional Empresarial Extremeña sobre la denuncia de la Junta, pero no ha sido posible.