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La vicepresidenta y portavoz de la Junta, Teniente, con el consejero de Salud, Hernández Carrón.
La Junta mantiene la ecotasa y amenaza con subirla por el fallo del Constitucional

La Junta mantiene la ecotasa y amenaza con subirla por el fallo del Constitucional

Recalca que la sentencia sólo afecta a lo cobrado de 2006 a 2008 y pide un acuerdo con las eléctricas sobre el dinero a devolver

Juan Soriano

Martes, 24 de febrero 2015, 13:35

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La Junta de Extremadura mantendrá la ecotasa e incluso plantea recaudar más para hacer frente a la sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a devolver las liquidaciones pendientes de recurso de los años 2006, 2007 y 2008.

El Consejo de Gobierno estudió ayer el informe elaborado por los servicios jurídicos de la Junta sobre el alcance del fallo del Constitucional, que se hizo público la pasada semana pero que no será firme hasta que se publique en el Boletín Oficial del Estado.

La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo extremeño, Cristina Teniente, apuntó ayer que el Gobierno regional considera que la ecotasa es legal, por lo que no renunciará al cobro de 99 millones de euros previsto en el Presupuesto autonómico de 2015. Pero podría ingresar más en 2016, ya que afirma que subirá el impuesto si no se llega a un acuerdo con las compañías eléctricas para devolver las cantidades ingresadas entre 2006 y 2008, que son los años afectados por la sentencia.

La ecotasa extremeña fue creada en 1997 y reformada en 2005 para adaptarse a las exigencias del Gobierno. Tras un recurso planteado por Unión Fenosa en 2007, el Constitucional ha anulado tres artículos de esa ley de 2005, ya que vulneran lo recogido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), que entonces establecía que no se pueden crear tributos regionales que invadan materias reservadas a tributos locales.

El Constitucional interpreta que el impuesto extremeño, que grava la actividad de producción y transporte de electricidad, invade el Impuesto de Actividades Económicas, que cobran los ayuntamientos.

Sin embargo, en 2009 el Gobierno modificó la Lofca, y donde se hablaba de materias reservadas a entidades locales, un concepto mucho más genérico, se cambió por hechos imponibles, que tienen un carácter más concreto y que por tanto es más difícil que generen controversia. De esta manera se pretendía dar más flexibilidad a las comunidades autónomas para que crearan impuestos propios sin que afectaran a los tributos municipales.

Tal como indica la propia sentencia, el fallo del Constitucional afecta a la redacción de la ley extremeña en vigor en 2007, cuando Unión Fenosa presentó su recurso. El tribunal sólo entra a valorar que en aquel momento la norma regional vulneraba la Lofca, y por tanto la Constitución, que reconoce a las comunidades autónomas la potestad de crear tributos siempre que cumplan la ley.

El Constitucional no se pronuncia sobre la legalidad del tributo extremeño con la reforma de la Lofca de 2009 porque correspondería a otro litigio posterior. Por ese motivo, la Junta interpreta que desde entonces el tributo extremeño es plenamente legal.

Costes por evaluar

En conclusión, Teniente indicó que el fallo sólo afecta a las liquidaciones efectuadas entre 2006, cuando se cambió la ley extremeña, y 2008, ya que la reforma de la Lofca de 2009 tuvo efecto retroactivo al 1 de enero de ese año. Como también recoge el Constitucional, el alcance se limita a aquellos recursos que aún estén pendientes de resolución.

El Ejecutivo autonómico está evaluando cuánto dinero habría que devolver, lo que depende de cuestiones como los recursos presentados, el hecho imponible (hay una parte que sí se puede cobrar, la relativa a las redes de distribución, por lo que también pagan las eléctricas), las sentencias que aún no sean firmes y los intereses de demora a abonar. Entre 2006 y 2008 la Junta facturó más de 78 millones por este impuesto, pero no todo estaría afectado por la sentencia del Constitucional.

A la espera de cerrar la cantidad que hay que reingresar a las eléctricas, la posición de la Junta es llegar a un acuerdo con las compañías para devolver ese dinero. Teniente afirmó que hay «mecanismos normativos» que permiten compensar el impacto financiero que puede tener la sentencia en el presente ejercicio.

En caso de que no se llegue a un acuerdo, la Junta se plantea subir el impuesto para enjugar ese desembolso. El objetivo es que no afecte a los ciudadanos. «Este es un Gobierno serio que confía y que trabaja ya por una negociación exitosa», apuntó Teniente. «Respetamos las decisiones de los tribunales de justicia, pero el Consejo de Gobierno cree que los extremeños ya han pagado lo suficiente».

«Nuestra intención no es incrementar el impuesto en 2016, pero si no se llega a un acuerdo equitativo con las empresas este impuesto se incrementará», añadió.

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