Un defraudador americano en el biodiésel extremeño

Parece sacada de la imaginación de un guionista hollywoodiense, pero la historia que se ha conocido tras la quiebra de la planta de biodiésel de Valdetorres es tan real como la desaparición de uno de los grandes proyectos de energía verde de los últimos años en la región. El diario HOY adelantó el 27 de noviembre que el juzgado ha declarado que esa quiebra se debió a una administración desleal. Y este periódico contó que uno de los culpables fue un estadounidense que compró esa planta. Ahora se ha sabido que la adquirió mientras la Justicia norteamericana lo buscaba acusado de hasta 68 delitos, básicamente vinculados a distintos tipos de fraude cuya cuantía es millonaria.

Phillip Joseph Rivkin, de 49 años, pasó en junio pasado a disposición de un jurado federal en Houston. Rivkin había escapado de EE UU y se había hecho pasar por un ciudadano de Guatemala, llamándose Felipe Poitan Arriaga. Pretendía eludir una detención buscada desde 2011, cuando concluyó una investigación de la Agencia Medioambiental de Estados Unidos (en inglés, EPA) sobre su actividad al frente de una empresa vinculada con el biodiésel. El americano huyó de su continente y fue a recalar a Europa. Y aterrizó en Valdetorres, haciéndose cargo del 60% de una planta de biodiésel en problemas tras salir de un concurso de acreedores. Lejos de reflotarla contribuyó a su hundimiento. Phil Rivkin era el cabeza visible de una empresa estadounidense, Fuel Streamers, que apareció en ese comentado final de 2011 como salvadora de la fábrica de Valdetorres, a 34 kilómetros de Mérida. Una factoría que podía haber sido una de las grandes instalaciones de biocarburantes de Europa.

La planta entró en servicio en 2008. Tras doce meses de actividad declaró concurso de acreedores con una deuda 42 millones de euros. A finales de 2010 se aprobó un convenio de pago que permitía continuar con la empresa. Pero en marzo de 2013 se anunció el cierre. Un grupo de trabajadores de la planta denunció la gestión que se llevó a cabo entre 2010 y 2013. Nunca se creyeron ni la fiabilidad ni la legalidad de Fuel Streamers.

Según esa denuncia, tras salir del concurso de acreedores, Bioenergética Extremeña, titular de la planta, firmó un contrato de suministro con Rivkin. Éste adquirió el 60%, la parte de la familia que promovió la inversión. El 40% restante se mantuvo en manos del otro socio, la empresa Catalana dIniciatives.

Fraude a gran escala

Pero se agrandaron los problemas. Hubo multas por el producto recibido (que asumió la empresa extremeña), pagos indebidos, la aparición de Globen Energy, firma que adquiría productos de la planta a bajo coste, y retrasos en la entrega de materia prima por los propios dueños. Mientras, Bioenergética recibió de la Junta de Extremadura una subvención de 4,1 millones de euros del Ministerio de Economía, que se podía cobrar tras salir del concurso. Ese día se practicaron ocho transferencias a favor de Fuel Streamers por un total de 2.292.649,77 euros.

Rivkin llegó a España tras estar acusado en su país de fraude electrónico, fraude postaly blanqueo de dinero. También se le acusaba de hacer falsas declaraciones de contratos de venta de productos (biocarburantes) que ni se produjeron ni se vendieron. Eso sí, percibió subvenciones por generar biodiésel para el mercado americano a través de su empresa radicada en Houston, Green Diesel LLC. Se estima que presuntamente había falsificado los contratos de venta por valor de 60 millones de dólares de los números de identificación de renovables (RINs), según publica energíaextremadura.com en la web del Clúster de la Energía de Extremadura. Se le han incautado bienes en metálico por valor de 29 millones de dólares, además de obras de arte, coches de lujo y hasta un avión.

ER ESTILO="VO.IN06 TEXTO General" ID="8081138" NUMCAR="437">Un RIN es un número de serie asignado a un lote de biocombustibles para seguir su producción, uso y comercialización como lo requiere la Renewable Fuel Standard (RFS) de la Agencia Medioambiental de EE UU. Esta entidad está autorizada a establecer cuotas anuales que dictan qué porcentaje de la cantidad total de los carburantes utilizados en los EE.UU. debe ser representado por biocombustibles mezclados en los combustibles fósiles.

Las empresas que refinan, importan o mezclan los combustibles fósiles están obligados a cumplir determinados contingentes. Para garantizar el cumplimiento, las empresas deben demostrar periódicamente que han cumplido con su cuota RFS mediante la presentación de una cierta cantidad de RIN a la EPA.<

Al americano de Valdetorres se le acusa de iniciar su actividad delictiva en 2009. Fue capaz de generar 45 millones de RIN fraudulentos que vendió a empresas. Creó falsos registros y declaraciones falsas para encubrir sus reclamos fraudulentos de RIN de generación, importación y producción de biodiésel. EE UU dice que blanqueó las ganancias a través de bancos y transacciones financieras complejas.

Así actuó Phil Rivkin, al que se confió la salvación de esa planta extremeña de biocarburantes, sin actividad desde 2013 y vendida a una empresa de reciclaje. La compró por un millón de euros para desmantelarla y convertirla en chatarra.