El juzgado admite a trámite la querella de Alejandro Nogales contra Caja Rural

HOY en ningún momento identificó a sus fuentes en las informaciones que publicó sobre la existencia de la deuda y la intención de Caja Rural de reclamársela.

Alejandro Nogales presentó la querella en los juzgados de Badajoz solo tres días después de que este diario informase de la existencia de ese crédito impagado. La juez Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3, firmó el auto de admisión a trámite el pasado 19 de septiembre. El auto ha sido notificado a las partes el 1 de octubre. En él se afirma que las actuaciones practicadas «hacen presumir la posible existencia de delito de revelación de secretos», tipificado en el artículo 199 del Código Penal.

La juez instructora también requiere a Caja Rural para que nombre un representante legal, un procurador y un abogado en el plazo de cinco días. Aunque en la querella de Nogales se pedía que la Caja prestara una fianza de 6.000 euros, la juez no la establece. La decisión de esta magistrada de abrir diligencias previas tendentes a investigar el posible delito puede ser recurrida.

Según ha explicado a HOY Elías Lorenzana, abogado que representa a Alejandro Nogales, la querella no se dirige contra ninguna persona en particular, sino contra la Caja Rural como institución.

Se acusa a la entidad de haber cometido un delito de revelación de secretos al haberse difundido que su Consejo Rector había tomado la decisión de reclamar a Nogales un antiguo crédito impagado. Una vez que la Caja nombre a su representante la juez deberá llamar a declarar a las personas que estime oportuno para acreditar si existe o no ese delito de revelación de secretos del que se acusa a la entidad de crédito.

La querella se presentó después de que HOY publicase que el consejo rector había acordado hacer la reclamación al diputado. El préstamo ascendía a 21.045 euros que la entidad le concedió hace 19 años y que el dirigente político dejó de pagar el 31 de agosto de 1998. Por tanto, la cantidad adeudada es de 20.462 euros sobre el crédito concedido, a lo que habría que sumar intereses.

Informante secreto

En el texto de la querella se argumentaba que los datos publicados por HOY no podían haber sido facilitados por algún «informante secreto», sino por los propios dirigentes de la entidad. «Las noticias publicadas manejan tal cúmulo de datos que sólo han podido ser obtenidos tras la entrega de la documentación», señala el escrito.

El abogado de Nogales también mostraba su extrañeza porque fuese el consejo rector de Caja Rural el que decidiese reclamar el crédito impagado. «La decisión de reclamar judicialmente las cantidades debidas fue tomada por el Consejo Rector, algo insólito y extravagante atendiendo a la insignificancia de la deuda para la Caja. La exigencia de este tipo de deudas forma parte de la gestión diaria de una entidad bancaria, sin que tengan que intervenir para nada los órganos directivos colegiados. El hecho de que así se hiciera en esta ocasión responde a una justificación premeditada de dotar al asunto de la máxima publicidad».

Otro de los razonamientos que se esgrimen en la querella es que estos datos publicados tienen como objetivo «desprestigiar» al político querellante, exhibiéndolo ante la información pública no sólo como incumplidor de sus obligaciones personales, sino como un político corrupto al que las entidades bancarias no reclaman sus deudas en razón a arcanos chanchullos y presiones».

La querella echa mano de jurisprudencia relativa al delito de revelación de secretos y también alude a la Ley de Protección de Datos como garante de la confidencialidad de la información de que disponen los bancos sobre sus clientes. «La confidencialidad recogida en la citada Ley Orgánica, en el sector de la banca se debe aplicar el secreto bancario y la especial confidencialidad que se debe tener con respecto a los datos de los usuarios, que en la mayor parte de las entidades vienen desarrolladas en políticas de privacidad y compromisos específicos de confidencialidad».

El artículo del Código Penal que, en opinión del abogado de Nogales, se podría aplicar a este caso es el siguiente: «El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses». En el apartado 199.2, se dice: El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años».

El abogado Elías Lorenzana considera que la Caja Rural es imputable, y por tanto podría ser condenada, aunque no se responsabilice a ninguna persona en particular por la filtración de los datos bancarios de Alejandro Nogales. «Es un asunto muy grave que podría dar lugar a la inhabilitación de la propia entidad», afirma el letrado.