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Viernes, 5 de septiembre 2014, 11:30
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El lince K-2, uno de los ocho ejemplares liberados recientemente en Extremadura, murió tras comer unos restos de conejo embadurnados con un veneno prohibido desde 2011, según ha explicado el director general de Medio Ambiente del Gobierno extremeño, Enrique Julián Fuentes.
Su muerte es, por tanto, consecuencia directa de una práctica delictiva, advierte Fuentes, por lo que la investigación sobre lo ocurrido sigue abierta, y la Junta de Extremadura considera oportuno no desvelar muchos detalles sobre el caso con el fin de identificar y detener al autor de este atentado contra el medio ambiente.
Lo que sí ha explicado el director general de Medio Ambiente es que una de las líneas de la investigación se basa en el estudio de los movimientos de los últimos días del lince conforme a las emisiones del collar de radio seguimiento, para tratar de determinar más detalles y esclarecer el lugar en el que se produjo el envenenamiento.
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El lince K-2 había sido liberado por miembros del programa Life Iberlince en una finca de la localidad pacense de Maguilla, un entorno estudiado y controlado en el que se unían todas las condiciones necesarias para forjar un hábitat adecuado para su supervivencia.
Sin embargo, la aventura en libertad de K2 acabó apenas dos meses después de comenzar. El 26 de agosto fue encontrado muerto en el término municipal de Valencia de las Torres, a solo unos kilómetros del lugar en el que comenzó su libertad. La necropsia realizada en el Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre (CAD) de la Junta de Andalucía indicó que había muerto envenenado.
Estrategia contra el veneno
Después de que diferentes organizaciones ecologistas criticaran que Extremadura era una de las pocas comunidades españolas que carecían de una estrategia de lucha contra el veneno en el medio natural, Enrique Julián Fuentes ha anunciado que el próximo 16 de septiembre se reunirá el grupo de trabajo en el que se presentará el borrador de la Estrategia de lucha contra Venenos en el Medio Natural. En este grupo participan organizaciones agrarias, de ecologistas y de cazadores así como representantes de la Dirección General de Medio Ambiente y de la de Agricultura y Ganadería.
Según los planes de la Junta, está previsto que el documento se apruebe y publique antes de final de año.
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