Aeefor plantea un gran pacto por los montes, la biomasa y el empleo en la región

El presidente de Aeefor, Francisco Castañares, en una comparecencia en la comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Asamblea de Extremadura celebrada este lunes 23 de junio, ha esbozado los principales datos del sector.

Los montes extremeños constituyen uno de los principales activos de la región y están valorados por la administración central en 15.000 millones de euros. Además, cuentan con una capacidad productiva sostenible que puede alcanzar los tres millones de toneladas anuales, entre madera y biomasa. Una producción que podría tener un valor de mercado próximo a los 145 millones de euros anuales.

Sin embargo, a pesar de que su valor es equivalente a todo el PIB regional y cuentan con un importante potencial de rendimiento económico, los montes extremeños no se están explotando adecuadamente, se mantienen prácticamente improductivos y apenas generan retornos significativos para la economía regional.

Una situación que Aeefor achaca a la ausencia de planificación de la política forestal y a un modelo de gestión, aún por definir, que ha sido incapaz de poner en valor nuestros montes, pese a las importantes inversiones que se han realizado históricamente desde las administraciones públicas. Aeefor plantea sustituir este modelo, a todas luces improductivo e insostenible, por otro que consiste en rentabilizar la capacidad productiva de los montes y pagar con su rendimiento económico la totalidad de las inversiones que estos necesitan, de manera que su gestión no le cueste un euro a los contribuyentes extremeños.

La aplicación del nuevo modelo requiere que, por parte de la administración forestal, se haga una exhaustiva ordenación y planificación de los bosques, determinando cualitativa y cuantitativamente los trabajos necesarios y los aprovechamientos sostenibles que pueden y deben realizarse. Para rentabilizar el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, la asociación propone que, mediante concurso, se adjudique a las empresas del sector los trabajos de selvicultura y conservación, introduciendo como novedad el pago en especies. Es decir, las empresas realizarán las inversiones necesarias para la correcta gestión de los espacios forestales y, a cambio, comercializarán directamente la madera, biomasa y otros productos que puedan obtener, rentabilizando así su capacidad productiva.

Es una fórmula que a la administración no le costaría dinero y que sin embargo posibilitaría ejecutar la totalidad de las inversiones que el monte necesita y aprovechar todos sus recursos naturales, poniéndolos en el mercado y obteniendo un valor añadido que ahora no ofrecen.

En Extremadura existe, además, un mercado para los residuos forestales, propiciado por las necesidades de abastecimiento de las plantas de biomasa de Miajadas y Mérida, ambas orientadas a la producción de energía eléctrica y otras iniciativas, como los secaderos de tabaco en La Vera y los Valles del Alagón y Tiétar, que usan biomasa térmica. En total, la demanda actual de biomasa forestal asciende a unas 300.000 toneladas de residuos anuales, el 10% de la capacidad de producción de nuestros bosques.

Plan Renove

La asociación propone que, al igual que se ha hecho con la sustitución de las calderas de los secaderos de tabaco, impulsadas por la Junta, la administración promueva un plan Renove que financie la sustitución de calderas antiguas de combustible fósil por calderas de biomasa en colegios públicos, hospitales, centros de salud, geriátricos, edificios públicos y polígonos industriales.

Esta medida, junto a los incentivos a particulares para sustituir también las calderas de calefacción de sus hogares, representaría un gran paso para asentar de manera definitiva el mercado de la biomasa térmica en la región.

En términos de empleo, la explotación de la biomasa desarrollada en su nivel óptimo, crearía y mantendría 6.000 empleos directos y de calidad en las zonas más desfavorecidas, a los que se sumarían otros 9.000 indirectos, según los cálculos realizados por Aeefor, «lo que nos situaría como un sector importante para la economía y el empleo de la región», destacó su presidente.

La asociación ha solicitado a la administración regional que ponga en marcha una experiencia piloto con las empresas que representa en el sector forestal extremeño, con el objetivo de desarrollar y demostrar la viabilidad de estas propuestas en alguno de los montes públicos de la región, a través de un convenio de colaboración entre Aeefor y la Junta de Extremadura.

En cuanto a la modalidad tradicional de contratación de obras y servicios forestales, basada en el pago del precio que establece el mercado, mediante las ofertas económicas y las soluciones técnicas que plantean las empresas a petición de la propia administración, Aeefor plantea una serie de cambios en el actual sistema, tales como una reducción del peso de la oferta económica en la valoración final para realizar las adjudicaciones de las obras forestales. Se debe, en cambio, incrementar la valoración de las estructuras que las empresas mantienen, como maquinaria y trabajadores con contrato indefinido, para primar a los empresarios de verdad frente a los especuladores. Igualmente plantean que debe protegerse el tejido empresarial del medio rural, puntuando mejor a las empresas más próximas al territorio en que se realizan las obras públicas. Y, por último, Aeefor demanda que se puntúe también la calidad del empleo generado, se tengan en cuenta los convenios colectivos, los planes de seguridad y salud, los de prevención de riesgos laborales, así como las actividades de formación, como medidas destinadas a proteger la especialización de los trabajadores del sector.

Eliminación de Tragsa

Aeefor, y las empresas del sector forestal a las que representa, se sienten profundamente dañadas por el trato preferente que el Gobierno autónomo da a la empresa pública Tragsa, cuyas adjudicaciones han ascendido a 180 millones de euros en los últimos tres años. La asociación forestal considera que en Extremadura hay empresas suficientes, y con capacidad demostrada, para acometer la totalidad de las obras adjudicadas a Tragsa y a sus filiales. Es más, según afirma Castañares, si las obras y servicios encomendados a Tragsa y sus filiales se hubieran sacado a licitación pública, el ahorro para los contribuyentes extremeños, habría alcanzado los 60 millones de euros.

Por este motivo, Aeefor ha pedido a la administración autonómica y a los grupos parlamentarios, que eliminen de la Ley de Presupuestos de la comunidad la disposición que declara a Tragsa como medio propio de la Junta de Extremadura, acabando con las encomiendas de gestión de servicios forestales y medioambientales.

Aeefor no se opone a que opere una empresa pública en el sector para casos de emergencia. Castañares, mantiene que si la administración la necesita para determinados supuestos extraordinarios, «que lo diga y lo hablaremos», añadiendo que «por nuestra parte no habrá obstáculos para alcanzar acuerdos también en este sentido, siempre que sea una empresa pública extremeña y queden a salvo los intereses generales de la región y se tengan en cuenta los intereses del sector privado». Las propuestas de Aeefor fueron vistas con buenos ojos por el portavoz de los populares en la comisión, Diego Sánchez Duque, que coincidió con Castañares en la importancia de aprovechar los montes y obtener la máxima rentabilidad posible en términos de creación de empleo.

Por su parte, el portavoz socialista, Rodríguez Osuna, valoró positivamente las propuestas de la asociación forestal extremeña y criticó la ausencia de planificación por parte del Gobierno autonómico, al tiempo que pidió mejorar la política de contratación de obras y servicios forestales, exigiendo que se tenga en cuenta la capacidad técnica de las empresas a la hora de adjudicar, y se realice un reparto equitativo de las obras, sin que haya discriminación.

Mientras, el portavoz de los regionalistas, Damián Beneyto, lamentó que no se esté aprovechando la riqueza forestal de Extremadura y que el valor añadido de los montes no se quede en la región. También pidió, como representante regionalista, que la totalidad de las obras y servicios que se liciten en la región sean adjudicados a empresas extremeñas.