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Las energías renovables ya no deslumbran en Extremadura

Las energías renovables ya no deslumbran en Extremadura

Desde 2010 siete cambios normativos relevantes han torpedeado primero su desarrollo y después han propiciado el fracaso de numerosos proyectos

Celestino J. Vinagre

Lunes, 16 de junio 2014, 00:40

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El sol ha dejado de ser la gran esperanza de riqueza de Extremadura. La comunidad, que entre mediados de la década pasada y principios de 2012 había recibido 7.880 millones de euros en inversiones en proyecto de energías renovables y se planteaba otros 10.000, es una de las grandes damnificadas por el hachazo sostenido por el Gobierno central desde 2010 a la producción de electricidad a través de la vía verde. Pocos sectores como este se han visto golpeados con tanta dureza gracias a una normativa tan numerosa como restrictiva a medida que se ha ido avanzando. Solo el último real decreto del ministro de Industria, José Manuel Soria, que cambia el sistema de retribuciones que paga el Estado (primas) supone que la región, las empresas que trabajan en ella y las que quieran instalarse, dejen de ingresar 200 millones al año.

La secuencia de recortes arrancó con el último gobierno socialista de Zapatero, pero se ha profundizado en los tres años de mandato del PP con Rajoy. «Nunca creímos que fuera a ir a peor la normativa en renovables pero todo a ido a peor. Y no sabemos si se ha acabado lo malo», resume José Donoso, presidente de la Unión Española Fototovoltaica. «Hay un mantra y es que sobra producción y entre eso y el déficit tarifario y otros intereses no nos dan margen para respirar», dice Ramón Sanguino, director financiero de una de las tres empresas que anunciaron en 2012 megaproyectos fotovoltaicos sin primas en la región.

Menos horas y años

En 2010, las limitaciones al cobro de la prima establecidas por el real decreto 1565/2010 de 19 de noviembre abrieron la senda de los tijeretazos del Gobierno al desarrollo de las energías limpias, terreno en el que Extremadura era (todavía es, aunque menos) una referencia. Especialmente dañino para la fotovoltaica, modificó aspectos relativos a la producción de electricidad reduciendo drásticamente los años con derecho a prima y, además, de manera retroactiva. Lo impulsó el ministro Miguel Sebastián. Otro decreto solo un mes más tarde (14/2010 de 23 de diciembre) propició el segundo golpe. Limitaba el cobro bajando ahora las horas primadas de manera retroactiva. La mayoría de las plantas fotovoltaicas alcanzan ese límite en este agosto.

Con el cambio de Zapatero por Rajoy la normativa sobre renovables ha ido a peor para los intereses de sus promotores y en particular de Extremadura. El real decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, suspendió los procedimientos de preasignación de primas y a la supresión de incentivos para nuevas instalaciones. Es decir, estableció una moratoria que impide a cualquier proyecto nuevo cobrar la ayuda estatal.

A finales de ese año, el Gobierno impuso un impuesto del 7% a la producción de energía establecido con la ley 15/2012 de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

Ya en 2013 decidió la no actualización de las retribuciones correspondientes a las primas y el IPC (RDL 2/2013 de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero). Y en verano fijó un nuevo marco legal con el real decreto 9/2013 de 12 de julio que establece una supuesta pero «falaz remuneración razonable que en la práctica supondrá la quiebra de la mayoría de las instalaciones», critica Donoso. Es el tijeretazo que supone 200 millones de euros menos al año para la región.

Además, el sector recuerda la imposición de soportar el déficit de tarifa por parte de pequeños inversores en igualdad con los grandes operadores (Ley 24/2013) y que no perciben de forma íntegra las subvenciones. En la primera liquidación, la de enero, los productores han percibido en marzo el 25% de la cantidad que les correspondía.

A esos negativos cambios legales se añaden otros financieros, el de los elevados costes originadas de las refinanciaciones de préstamos. Los bancos han elevado los tipos de interés y condiciones al percibir los riesgos y la inseguridad jurídica que supone invertir en renovables

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