Las pruebas de las oposiciones estarán finalizadas siempre antes de octubre

Nevado-Batalla (mesa central) preside la reunión con los sindicatos en Administración Pública. :: j. m. r./
Nevado-Batalla (mesa central) preside la reunión con los sindicatos en Administración Pública. :: j. m. r.

La ley de Función Pública, cuyo anteproyecto empieza a debatirse, prevé que se convoquen los exámenes siempre en cada primer trimestre

CELESTINO J. VINAGREMérida

La comunidad autónoma acota más aspectos de las ofertas públicas de empleo. La ley de Función Pública de Extremadura, que se aprobará en 2015, antes de que acabe esta legislatura, contempla un calendario que fije no solo cuándo se deben convocar las pruebas sino cuándo deben estar resueltas a más tardar. La ley, cuyo borrador presenta 157 artículos que ayer fueron entregados para su debate a sindicatos, grupos parlamentarios y cargos locales, pretende también impulsar la provisión de puestos a través del concurso, el teletrabajo o la creación de una mesa de negociación con los ayuntamientos. La normativa se aplicará al personal funcionario, laboral y eventual de la Administración autonómica, sus organismos públicos y entidades dependientes; a las entidades locales y al personal de administración y servicios de la Universidad de Extremadura.

ANTEPROYECTO

uDiscapacitados. Reserva en las ofertas de empleo de un cupo no inferior al 10% de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad. Reserva de al menos un 2% para las de discapacidad intelectual.

uSelección. Vocales designados por sorteo.

uPruebas. Las convocatorias indicarán el calendario que muestre el plazo máximo de resolución.

La actual ley de función pública extremeña es de 1990 aunque ha sido modificada, la última vez en febrero. Pero tanto la Junta como los partidos políticos y los sindicatos entienden que se hace necesaria una nueva «que adapte el empleo público y sus trabajadores a la realidad», resume Benito Román, presidente regional de CSI-F.

El consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla, resumió ayer que entre los objetivos de la ley aparecen reforzar la transparencia, la «objetivación de procedimientos y la reducción de la consiguiente discrecionalidad» y la simplificación de los procesos. En ese último terreno, en el del siempre masivo interés por el acceso a un empleo público, aparecen algunos de los cambios apreciables.

Para empezar, se dice que la Junta y sus empresas públicas deberán aprobar en el plazo de un mes desde el visto bueno de sus presupuestos la correspondiente oferta anual.

Calendario y tribunales

Además, la publicación de la oferta obliga a la convocatoria de las pruebas selectivas dentro del primer trimestre. Esas convocatorias indicarán un calendario para la realización de las pruebas que, en todo caso, deberán terminar siempre antes de cada 1 de octubre.

«Incidir en la temporalidad de las ofertas públicas nos parece muy importante. Es bueno tanto para la Administración como para los opositores, que ahora mismo sufren unos procesos eternos», reseña José Ignacio Luis, responsable de la Federación de Servicios Públicos de UGT.

La nueva Ley de Función Pública recogerá que, dentro de los órganos de selección de cada convocatoria, al menos un miembro de los mismos pertenezca a una Administración distinta a la convocante. También se contempla la posibilidad de establecer pruebas homogéneas y temarios básicos en los procesos selectivos de las distintas administraciones para facilitar la movilidad.

«Nos parece un texto que recoge buena parte de nuestras propuestas aunque, como todo, es mejorable. Lo que sí reclamamos es que nazca con el mayor consenso, no solo entre los representantes de los trabajadores y la Junta sino entre los partidos políticos», añade Marisol Salazar, responsable de Servicios a la Ciudadanía de CC OO.

La apuesta por el diálogo social es otro de los aspectos del anteproyecto de ley al crear distintas mesas de negociación sobre materias y condiciones de empleados públicos.

Nevado-Batalla anunció, por otro lado, que en breve se presentará por el Ejecutivo la futura Ley de Transición. Contemplará medidas como que un gobierno en funciones no pueda convocar oposiciones.

 

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