Mejuto alega vulneración de derechos fundamentales en su recurso a la Junta

La exconsejero de Sanidad María Jesús Mejuto./
La exconsejero de Sanidad María Jesús Mejuto.

La decisión implica un procedimiento especial que permite una tramitación más rápida y una resolución en pocos meses.

JUAN SORIANOMérida

La exconsejera de Sanidad de la Junta de Extremadura con el PSOE entre 2007 y 2011, María Jesús Mejuto , ha alegado vulneración de derechos fundamentales en el recurso que ha presentado contra la Administración regional por la anulación de la nota que obtuvo en el examen para optar a una plaza de de Cirugía General y del Aparato Digestivo.

El recurso se ha tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Mérida, ya que competen a esta jurisdicción las demandas que se presentan contra las administraciones públicas.

El examen tuvo lugar el pasado mes de octubre. María Jesús Mejuto obtuvo la mejor nota, 93,333 sobre 100, mientras que el segundo con mayor puntuación se quedó en 64. Había 47 admitidos. Se presentaron 36 y aprobaron ocho.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ofrecía diez plazas de turno libre y dos de promoción interna, a las que no concurrió nadie. La convocatoria tuvo lugar en junio del 2011, cuando la afectada aún era consejera de Sanidad en funciones. Además, el presidente del tribunal ocupaba un puesto de responsabilidad en el Hospital de Mérida, cargo para el que había sido designado por la propia Mejuto.

El 20 de enero se publicaron las notas de la fase de oposición, tras lo que se procedería a la valoración de méritos para asignar las plazas. En febrero el SES decidió paralizar el proceso ante los recursos presentados por once opositores que habían suspendido y que pedían que se repitiera el examen alegando que la exconsejera mantenía «una relación profesional y amistosa previa con uno de los miembros del tribunal».

A finales de abril el SES anunció la estimación parcial de los recursos. Se acordó anular la nota de la exconsejera de Sanidad, a la que se conminaba a repetir su examen, pero se mantenía el resto de calificaciones y se levantaba la suspensión.

Recurso por vía especial

Mejuto tenía un plazo de dos meses para recurrir esta decisión, según los cauces ordinarios. Sin embargo, finalmente ha optado por un procedimiento distinto, más ágil, que permitirá una resolución mucho antes de lo esperado.

La exconsejera tramita su recurso por el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona. Se presenta cuando se estima una vulneración de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española. En este caso, podría alegar tanto incumplimiento del artículo 14, según el cual los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda haber discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición; o el artículo 23, en el que se cita el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes.

Al tratarse de una posible vulneración de derechos fundamentales, y por tanto de una especial gravedad, la ley establece un procedimiento preferente y mucho más rápido. En primer lugar, el recurso debe presentarse en un plazo máximo de diez días a partir de la notificación. Acto seguido, el juzgado debe solicitar a la administración que aporte el expediente completo antes de cinco días. Ese periodo también se aplica para que todos los que aparezcan como interesados puedan comparecer como demandados. Para ello, la Junta debe tramitar la notificación pertinente, lo que hizo ayer a través del Diario Oficial de Extremadura.

Tanto la administración como los otros demandados pueden pedir que no se admita el recurso, algo que también puede hacer el juzgado. En tal caso, en el plazo máximo de una semana se debería convocar a las partes y resolver sobre la continuación del procedimiento.

Si cumple los requisitos formales, la actuación seguirá su curso y la exconsejera podrá presentar su demanda. Después se dará traslado a la Fiscalía y a las partes para que presenten sus alegaciones. Por último, se podrá dar un plazo de presentación de pruebas, tras lo que el juzgado deberá dictar sentencia.

Todo este proceso, contando lo que ya se ha superado, supone un máximo de dos meses, aunque puede ser menor si no se agotan los plazos. Pero estamos a las puertas de las vacaciones estivales, por lo que no se puede aventurar cuándo se producirá una resolución.