Los acusados de retener y prostituir a una menor niegan que la obligaran

Los acusados de retener y prostituir a una menor niegan que la obligaran

Comienza en Mérida el juicio por unos hechos que tuvieron lugar a finales del 2010

JUAN SORIANOMérida

El 4 de diciembre de 2010 un policía local fuera de servicio de Arroyo de San Serván acudió a una casa para rescatar a una chica madrileña de 14 años que vivía con una familia rumana y que estaba siendo prostituida. La menor había llegado a la población el 4 de octubre acompañando a Florín L., un joven rumano de 21 años. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Mérida, acogió ayer el inicio del juicio que tratará de esclarecer lo ocurrido en esos dos meses.

Florín L. se enfrenta a 32 años de cárcel por retener, agredir y obligar a la menor a ejercer la prostitución. La Fiscalía solicita además una condena de 17 años de prisión para tres hermanos que le ayudaron (Z. L., M. L. y M. L.) y 12 años para sus padres (C. L. y C. P.) y una cuñada (B. A.). Para los cinco hombres que pagaron por mantener relaciones con la joven reclama unas penas que oscilan entre 1 año y 2 años y tres meses.

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En su escrito preliminar, la acusación particular coincide en los hechos y las penas reclamadas, pero eleva a cinco años la petición de cárcel para las personas que mantuvieron relaciones sexuales con la menor. En cuanto a la defensa del principal acusado, pide la absolución.

El juicio comenzó con la declaración de los doce imputados. El principal acusado afirmó que la niña le dijo que vivía en la calle y que no tenía a nadie en Madrid. Empezó a mantener relaciones consentidas con la menor a las dos semanas de su llegada a Arroyo y asegura que ni agredió ni retuvo a la chica. Pensaba que tenía 19 años. También indicó que fue ella la que decidió ejercer la prostitución, que buscaba clientes por su cuenta (aunque después reconoció que la acompañó al menos en una ocasión), que se quedaba con el dinero y que le aseguró que así se ganaba la vida en Madrid. A partir de ese momento le ofreció llevarla de regreso a su casa, pero la joven se quedó por su voluntad. También apuntó que se compró ropa y un móvil con el que llegó a hablar con su familia.

Los familiares del principal acusado aseveraron que desconocían que la chica se prostituía y que era menor, y afirmaron que se movía libremente por la localidad. De hecho, un hermano dijo que un día salió con ellos a trabajar al campo; y el padre aseguró que en una ocasión acudió al ambulatorio en compañía de la cuñada de F. L. También expuso que la chica iba a la casa de una vecina, madre de un policía, porque le gustaba más ese baño.

En cierta ocasión unos agentes acudieron a la casa a preguntar por la menor. La madre de F. L. afirmó que la chica se encerró en el baño porque no quería irse. Pero que la segunda vez tuvo que marcharse porque sabían que la buscaba su familia y que no era cierto que viviera en la calle.

La declaración de M. M., uno de los hombres que pagó por acostarse con la víctima, puso en evidencia la versión del principal acusado. Este vecino de Arroyo trabajaba en el vertedero de la localidad y solía ver a rumanos rebuscando en la basura. Según afirmó, la joven, que afirmaba tener 19 años, acudió a él en compañía de F. L. y le ofreció mantener relaciones por 100 euros. Primero la rechazó, pero los dos jóvenes estuvieron hablando y bajaron a 50 euros, tras lo que accedió. El encuentro tuvo lugar en una choza.

Una semana después la chica regresó. Acudió sola, pero a unos cientos de metros había un hombre que la acompañaba. M . M. afirmó que ya sabía que era menor y que la Policía la estaba buscando, por lo que no quiso volver a tener tratos con ella. Pese a ello, no avisó a las fuerzas de seguridad. Según dijo, no tenía teléfono móvil.

La versión del fiscal

Según la Fiscalía, la menor conoció al joven rumano en la mañana del 4 de octubre de 2010 en Madrid. A las pocas horas, el primero pidió a la joven que se fuera con él a Arroyo de San Serván, a lo que accedió. En esta población pacense iniciaron una relación, pero al cabo de una semana la menor manifestó su deseo de volver a su domicilio. F. L. se opuso y a partir de entonces la agredió sexual y físicamente en varias ocasiones. Para evitar que se fuera, la amenazaba y la obligaba a dormir desnuda. La acusación sostiene que los padres, los tres hermanos y una cuñada del principal acusado le ayudaron a retenerla.

Al cabo de un mes, F. L. propuso a la menor, como si se tratara de un juego, ofrecer a españoles de la localidad a cambio de dinero unos favores sexuales que no llegarían a consumarse. Sin embargo, fue obligada a mantener relaciones con al menos dos hombres (M. M. y P. M.), que pagaron entre 30 y 50 euros. El escrito de acusación indica que en esas mismas fechas fue trasladada en tres ocasiones al ayuntamiento de Arroyo de San Serván, concretamente al despacho del juez de paz, F. I. Afirma que realizó y recibió tocamientos, y que concertó un encuentro con penetración que no llegó a producirse. Asimismo, la menor mantuvo relaciones con otro vecino que se suicidó cuando salieron a la luz los hechos. También hubo tocamientos con otro hombre, M. G. Por último, tuvo un encuentro sexual con un ciudadano rumano, M. L. La Fiscalía sostiene que todos sabían que era menor de edad y que estaba siendo obligada a prostituirse, pese a lo cual no hicieron nada.

El escrito de acusación indica que otros dos hombres, que también declararon ayer, pagaron por tener relaciones con la menor. Pero al conocer que la joven estaba siendo retenida, amenazada y obligada a ejercer la prostitución presentaron una denuncia el 15 de noviembre ante la Guardia Civil. La chica consiguió escaparse en compañía de una hermana menor de F. L. y refugiarse en la vivienda de estos dos vecinos de Arroyo, uno de ellos de nacionalidad rumana. Sin embargo, al día siguiente el principal acusado y sus tres hermanos entraron sin permiso, amenazaron a los inquilinos con un cuchillo y se llevaron a la joven tras golpearla. Finalmente, la niña fue rescatada el 4 de diciembre por un policía local cuando se preparaba una operación de la Guardia Civil y la Policía.

La Fiscalía aprecia seis delitos distintos: agresión sexual, por el que pide 15 años para el principal acusado; detención ilegal, por el que solicita ocho años para F. L. y sus familiares; un delito continuado de prostitución y corrupción de menores (para los que promovieron las relaciones sexuales), por el que pide cuatro años para los siete miembros de la familia; otro de prostitución y corrupción de menores (para los cinco que pagaron por las relaciones), con penas que van de 1 año a 2 años y tres meses; y allanamiento de morada en concurso con amenazas, por los que reclama 5 años para F. L. y sus tres hermanos.