Lo que se juega Extremadura el 28 de abril

Las distintas propuestas anunciadas en las últimas semanas ponen sobre la mesa medidas que tienen incidencia en Extremadura. Eso sí, hay grandes diferencias entre cada formación, lo que explica el mayor o menor grado de detalle. El PP ha publicado un documento de más de cien páginas con 500 puntos. Podemos gana en extensión, pero no en propuestas, con 264. El PSOE recoge de forma más esquemática 110 compromisos, en teoría la base de un programa de más recorri das en apenas 25 páginas, aunque en muchos casos no necesitan un desarrollo mayor. Por último, Ciudadanos ni siquiera ha dado a conocer su programa electoral para el 28 de abril, sino que ha ido anunciando píldoras en mítines y actos públicos. Todos incluyen cuestiones que tienen gran peso en el futuro de la región.

Las movilizaciones de los últimos años, especialmente la manifestación de Madrid de noviembre de 2017, junto a la unión política en torno al Pacto por el Ferrocarril, hicieron del tren extremeño un asunto de interés nacional. Gracias sobre todo a que las incidencias, lejos de remitir, han repuntado en fechas clave, como el pasado 1 de enero. Los partidos políticos han tomado nota de la relevancia del problema y, de algún modo u otro, recogen propuestas para las infraestructuras ferroviarias en Extremadura.

El PP cita expresamente a la región en su programa al recoger el compromiso de finalizar los tramos y ejes ferroviarios en construcción, entre ellos el extremeño, y ponerlo en servicio. El PSOE propone un pacto de Estado que garantice el cumplimiento de los planes ferroviarios en ejecución, así como otras actuaciones en corredores estratégicos, como el Atlántico, en el que se encuentra Extremadura. Podemos va más allá y plantea hacer del tren el sistema prioritario en la vertebración del territorio, con más frecuencias y líneas de media distancia, con una mejora de las conexiones internacionales con Francia y Portugal y un impulso a ejes transversales, entre el que incluye la Ruta de la Plata.

Vox no incluye en su programa una mención expresa al tren extremeño, pero en actos recientes se ha sumado a las reivindicaciones de un tren digno para la región. También lo ha hecho Ciudadanos, que se ha comprometido a que en la próxima legislatura se recupere la dignidad en el servicio ferroviario. Pero ninguno de los partidos deja claro si esa mejora pasa por culminar las obras en marcha entre Badajoz y Plasencia, o la extensión hasta Navalmoral de la Mata, o la línea completa hasta Madrid; ni tampoco si se decantan por un tren de altas prestaciones que llegue a 200 kilómetros por hora en vía única o un servicio AVE con doble vía electrificada y velocidades de hasta 300 kilómetros por hora.

Si el tren extremeño se ha colado en los medios nacionales, en los últimos meses ha subido como la espuma el interés por el reto demográfico, la España vaciada o la despoblación en cualquiera de sus acepciones. El mundo rural se ha convertido en gran protagonista, incluso para la pelea por escaños que hasta hace unos años se consideraban de poco valor.

Todos los partidos hacen referencia en sus programas a la lucha contra la despoblación, una cuestión que afectará de lleno a Extremadura. El PSOE contempla una estrategia nacional frente al reto demográfico, con un plan específico que incluya reducción de cargas administrativas y fiscales, FP en el medio rural, promoción del turismo sostenible de interior y extensión de redes de banda ancha.

El PP sugiere incluir factores como el envejecimiento y la despoblación en el sistema de financiación autonómica. También un plan para fomentar la actividad económica con incidencia en el transporte público, bajadas fiscales en materias como la transmisión de tierras y lo que denomina 'perspectiva rural' en la elaboración de leyes.

Ciudadanos ha hecho de este asunto uno de los ejes de su programa, con un plan nacional contra la despoblación y medidas impositivas como una reducción del 60% del IRPF en municipios de menos de 5.000 habitantes que pierdan habitantes, tarifa plana de 30 euros para autónomas en zonas despobladas y banda ancha en todo el territorio.

Podemos plantea medidas de discriminación positiva para el medio rural, con un plan de choque para equiparar derechos y servicios y con medidas concretas, entre las que se encuentra reducir a la mitad el IBI en poblaciones con menos de 5.000 habitantes.

Vox propone combatir las desigualdades entre el medio rural y el urbano en cuestiones como acceso de calidad a internet, educación, cultura e infraestructuras, lo que tiene que ver con un tren digno.

En la línea del apartado anterior, la lucha contra la despoblación en el entorno rural ha implicado una mayor atención para el sector primario. Ante la futura negociación de una nueva Política Agraria Común (PAC), los partidos han decidido fijar sus posiciones.

Podemos es la formación que dedica más extensión a este punto. Quiere una PAC más justa, que prime las ayudas a los productores, y con menos burocracia. Y que destine al menos el 10% de sus fondos a medidas que corrijan los desequilibrios del mercado (también pide regular por ley unos precios mínimos), con ayudas directas a la incorporación de mujeres y apoyo a los jóvenes para que tomen el relevo en las explotaciones.

El PP se compromete a priorizar la PAC en las negociaciones del nuevo presupuesto europeo. También propone planes estratégicos sectoriales para fomentar la competitividad y la sostenibilidad, con especial atención al secano tradicional.

El PSOE apuesta por mantener la dotación actual de la PAC y por un plan estratégico nacional, así como apoyar el relevo generacional y el impulso del papel de la mujer en el mundo rural.

Vox quiere revisar el modelo de la PAC para que las ayudas lleguen en mayor medida a quienes gestionan directamente las explotaciones y viven principalmente de ello. Ciudadanos, a la espera de desgranar sus propuestas para el campo, ha adelantado medidas como la supresión del impuesto de sucesiones en la transmisión de explotaciones agrarias.

El desafío secesionista ha generado una corriente que pide más control para la Administración central en detrimento de las autonomías. Vox incide especialmente en esa línea con una propuesta que plantea un solo gobierno y un solo parlamento para toda España. Y, como paso previo, devolución al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia, «limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica». También quiere cerrar las televisiones autonómicas y fusionar ayuntamientos.

El PP sugiere paralizar la cesión de nuevas transferencias a las comunidades y una completa evaluación del funcionamiento del Estado autonómico «desde una perspectiva de eficiencia y equidad». También propone facilitar que los gobiernos regionales que lo deseen puedan encomendar a la Administración central el ejercicio de determinadas competencias.

El PSOE, por el contrario, propone fortalecer el modelo autonómico, con un impulso a las conferencias sectoriales y los instrumentos de cooperación entre regiones; así como el desarrollo de procedimientos de participación en las decisiones y la legislación del Estado.

Podemos quiere transformar el Senado en una verdadera cámara de representación territorial, con mayor peso de las comunidades autónomas en la elaboración de leyes y partidas presupuestarias. Por su parte, Ciudadanos propugna una defensa de la Constitución y por tanto del modelo actual.

Ningún partido se presenta a las elecciones con la promesa de subir los impuestos, o al menos no de forma generalizada. Todos plantean en mayor o menor medida una rebaja fiscal, aunque en casi ningún caso se explica cómo se compensaría o a qué gastos habría que renunciar.

Ciudadanos ha hecho de las políticas económicas una de sus claves. Además de lo ya citado, plantea ampliar la condición de familias numerosas a las que tienen dos hijos y a todas las monoparentales, lo que permitiría el acceso a una deducción extraordinaria de 1.200 en el IRPF, que sería de 2.400 para las que tienen tres hijos (el doble que en la actualidad), a lo que se añadiría 600 euros más por cada descendiente. También propone un tipo máximo del 44% para el IRPF y suprimir el impuesto de sucesiones.

El PP sugiere un tipo máximo del 40% en el IRPF y deducciones autonómicas donde gobierne para familias con un hijo y menores de 35 años. Asimismo, una rebaja del impuesto de sociedades, con un tipo máximo por debajo del 20%, y la eliminación del impuesto de patrimonio. También quiere suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones, pero solo para transmisiones entre cónyuges y entre padres, hijos y nietos; y el impuesto de actos jurídicos documentados en hipotecas para vivienda habitual. Y se compromete a que los municipios donde gobierne llevarán el IBI al mínimo legal, fijado en un tipo del 0,4%.

Vox quiere eliminar el impuesto sobre el patrimonio, el de sucesiones y donaciones y el de plusvalías que cobran los ayuntamientos. También fijar en el IRPF un tipo único del 20% hasta los 60.000 euros, y a partir de ese límite el 30%. Asimismo, quiere reducir el IVA al 4% en productos y fármacos infantiles y geriátricos y ampliar la protección a familias con hijos, con una reducción del 50% del IBI y exención completa para las numerosas.

El PSOE plantea reforzar la progresividad, con más aportación de las grandes empresas y los patrimonios más altos. También quiere impuestos ambientales para combatir la contaminación, por determinados servicios digitales y a las transacciones financieras.

Por último, Podemos sugiere sustituir el impuesto de patrimonio por un tributo especial y progresivo a fortunas de más de 1 millón de euros. Asimismo, propone reducir al 18% el primer tramo del IRPF y elevar hasta el 55% el más alto. También quiere impuestos a la banca y a transacciones financieras, rebajar el IVA para productos básicos y vincular el pago del impuesto de sucesiones al patrimonio existente.

La clausura de la central nuclear de Almaraz ha copado gran parte del debate en la región en los últimos meses. Aunque ya se ha acordado con las empresas propietarias el calendario de cierre, y aunque no se cite de forma expresa, también está en los programas electorales.

El PSOE defiende en su programa un calendario de cierre de las nucleares con el objetivo de que en 2030 el 74% de la electricidad proceda de fuentes renovables. Podemos va más allá y quiere que las centrales cierren antes de 2024, pero garantizando que se creen dos empleos por cada uno que se pierda con un impulso a las renovables para que aporten el 100% de la producción en 2040.

El PP defiende un mix energético que aproveche al máximo las renovables «sin renunciar a otras tecnologías que aún son útiles a nuestro país». Sus responsables se oponen al cierre de Almaraz.

Aunque no se han anunciado medidas concretas en la precampaña, Ciudadanos ha señalado que sería un desastre cerrar Almaraz sin un plan alternativo. Y Vox solo recoge en su programa que quiere una energía barata, sostenible, eficiente y limpia, pero sus dirigentes han apuntado que no rechazan las nucleares.

Las protestas por el futuro de las pensiones marcaron la agenda política del pasado año y también tienen su eco en los programas electorales. Se trata de un asunto especialmente sensible para Extremadura, una región con más de 227.000 pensiones contributivas.

El PSOE quiere reformar el sistema mediante acuerdo del Pacto de Toledo, aprobar la actualización anual con el IPC y reformar el factor de sostenibilidad (vinculado a la esperanza de vida). Podemos quiere recoger por ley la revalorización en función del IPC, derogar el factor de sostenibilidad y elevar a 600 euros las pensiones mínimas y no contributivas. Y el PP propone asegurar el poder adquisitivo con una revalorización en base al IPC y otros indicadores, así como aproximar el periodo de cálculo a toda la vida laboral.

Vox plantea que las pensiones contributivas estén exentas de IRPF y que las mínimas se revaloricen «con el coste de la vida». Ciudadanos confía en sus medidas económicas y de apoyo a las familias para impulsar la natalidad y llenar la caja de las pensiones.