La fiscalidad marca la principal diferencia entre los programas de PP y PSOE en las elecciones de Extremadura

En materia fiscal, el PP plantea continuar con la senda de sus dos años y medio de gobierno, el primero en coalición con Vox. De hecho, la primera parte de su programa se centra en repasar las medidas aprobadas desde julio de 2023, entre las que destaca las tres rebajas fiscales que logró sacar adelante gracias al apoyo de la formación presidida por Santiago Abascal.

Por su parte, el PSOE incide en las diferencias con los populares, como en la reimplantación del impuesto de patrimonio, ya que actualmente Extremadura es la única comunidad autónoma que no ha recuperado esta figura después de que el Gobierno central creara el impuesto sobre las grandes fortunas y por tanto asumiera una recaudación que puede recaer en las arcas regionales.

De su política fiscal, el PP de Guardiola destaca la reducción del IRPF a los contribuyentes de menor nivel de ingresos, las ayudas a los jóvenes para acceder a una vivienda en mejores condiciones (con la reforma del impuesto de transmisiones patrimoniales) y las deducciones para los pacientes de ELA. En su programa para los nuevos comicios se atribuye el mérito del aumento de la recaudación y de los contribuyentes. «En dos años contamos con más de 43.000 nuevos declarantes y hemos confirmado que, bajando impuestos, se recauda más. Hemos devuelto 120 millones de euros y recaudamos 230 millones de euros más que en 2023». También subraya que ya no se paga el impuesto de patrimonio ni el impuesto sobre sucesiones y donaciones en la mayoría de herencias. Asimismo, apunta que está bonificada la mayoría de tasas y precios públicos, una política que puso en marcha el PSOE, «y contamos con importantes deducciones en gran parte de nuestros impuestos».

Los populares proponen seguir en esa línea, con medidas que ya han sido anunciadas en los últimos meses y que estaban incluidas en el proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2026, que ni siquiera se llegó a debatir en el Parlamento regional debido a que el acuerdo para su aprobación se antojaba complicado, lo que llevó a Guardiola a optar por el adelanto electoral.

Como principal novedad, el PP plantea continuar con la reducción gradual de la tarifa del IRPF, aunque no precisa su alcance. También sugiere una nueva deducción en el impuesto sobre la renta que anule la tributación de las ayudas recibidas por las personas que resultaron afectadas por la talidomida en España entre 1950 y 1985 «ante el incumplimiento del Estado de declarar la ayuda recibida exenta».

El resto de medidas ya son conocidas, como la nueva deducción en el IRPF por gastos veterinarios (hasta 100 euros al año con carácter general, 200 para perros de asistencia y protección). También el aumento de la deducción por los costes en la atención a pacientes de ELA, de 2.000 a 4.000 euros. En el impuesto sobre sucesiones y donaciones, propone elevar los límites de renta para la aplicación de la reducción del 100% en la donación de la vivienda habitual a 30.000 euros en tributación individual y 55.000 euros en conjunta. Algo que también se aplicaría para optar a los tipos reducidos del impuesto de transmisiones patrimoniales en la compra de inmuebles hasta 200.000 euros. Por último, recoge el mantenimiento de las rebajas en tasas y precios públicos (como el 50% de la ITV) y el compromiso de la reducción gradual de la ecotasa para la central nuclear de Almaraz en caso de que siga abierta (llegaría a 45,2 millones en el año 2029).

El PSOE también propone reformar el tramo autonómico del IRPF, con un enfoque distinto al PP aunque sin mucha concreción, «con tipos progresivos y nuevas deducciones familiares para facilitar el acceso a la vivienda y mejorar la eficiencia energética y el autoconsumo».

El mercado inmobiliario es una de las grandes preocupaciones para los socialistas, que también coinciden con los populares en la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales «mediante tipos especiales reducidos para colectivos con dificultades de acceso a la vivienda». Asimismo, plantea aprobar «bonificaciones fiscales para venta y alquiler siempre que los precios sean asequibles».

En el resto de cuestiones el PSOE de Miguel Ángel Gallardo ofrece un modelo contrapuesto al PP. Como una de las grandes medidas de su programa, los socialistas proponen crear un impuesto para que las grandes empresas que generan energía renovable compensen económicamente a la región por la huella que dejan en el territorio. La recaudación se destinaría íntegramente «a financiar políticas autonómicas de cohesión territorial, modernización local, empleo verde y refuerzo de los servicios públicos».

Se trataría de una nueva figura tributaria, de carácter ambiental, que sigue el criterio de 'quien contamina paga', pero en este caso destinada a las renovables, lo que lleva a pensar en las grandes plantas de producción fotovoltaica a pesar de se consideran energía verde. Una idea similar a la ecotasa, que por cierto el PSOE insiste en mantener para la central nuclear de Almaraz. También incide en recuperar el impuesto de patrimonio, el de grandes tenedores de viviendas y el recargo a los vehículos más contaminantes en el impuesto sobre medios de transporte, tres figuras que suprimió el Gobierno regional de María Guardiola.

El PSOE plantea además bonificaciones del 50% en las tasas de la ITV y del 100% en comedores escolares y aulas matinales. Para combatir la despoblación propone nuevas deducciones y bonificaciones fiscales (aunque no precisa cuáles) y «una fiscalidad favorable al emprendimiento local, especialmente en sectores estratégicos como cuidados, energías limpias y economía social».