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El Gobierno quiere ampliar un año la edad efectiva de jubilación

Trabajo plantea hacerlo a través de medidas flexibles como pueden ser los incentivos, pero también aumentando la cotización de quienes se jubilen anticipadamente

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Viernes, 11 de enero 2019

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La respuesta del Gobierno al informe de la Airef sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones no se ha hecho esperar. Considera que sus estimaciones de que el gasto se incrementará hasta el 13,4% del PIB en 2048 es correcta y por eso, al igual que advierte la Autoridad, ve necesario tomar medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema de las pensiones. Una de ellas sería -al igual que defiende la Airef- aumentar la edad efectiva de jubilación -que no es la edad legal- un año en un plazo estimado de unos 30 años, así como ampliar paulatinamente el número de años necesarios para calcular la cuantía de la pensión. 

En la actualidad, la edad efectiva de jubilación se sitúa en 63,7 años (un año menos si se incluye a las clases pasivas, a los funcionarios), pero se prevé que en 2027 se alargue hasta los 64,5 años, como consecuencia de los efectos de la reforma de 2011, puesto que en ese año la edad legal de jubilación será 67 años. Lo que pretenden, por tanto, tanto el Gobierno como la Autoridad es que en 2048 las personas se jubilen a una edad media de 65,5 años, para lo que el Ministerio de Trabajo propone ir cada año ampliándola unos días hasta llegar dentro de tres décadas al año.

«Es necesario retrasar la edad efectiva de jubilación un año», ha defendido hoy el secretario de Estado de la Seguridad Social durante un encuentro con la prensa. Para ello, aboga por utilizar fórmulas flexibles para todo el mundo, como introducir incentivos para que las personas permanezcan en el mercado de trabajo así como introducir marcos flexibles entre actividad y jubilación. Esto último viene a ser impulsar la jubilación parcial, para que un trabajador reduzca su horario laboral y trabajo por ejemplo a media jornada, de forma que cobre por un lado por la empresa de la que trabaja y por otro parte de la pensión. 

Pero no solo así, sino que pretende conseguirlo también a base de establecer penalizaciones para que aquellos que se jubilen de forma anticipada. «Tenemos que conseguir retrasar la salida del mercado laboral de todos los colectivos, combinando fórmulas voluntarias y obligatorias», ha advertido Granado, quien se ha mostrado partidario de encontrar «fórmulas más flexibles que supongan una ruptura menos drástica cuando uno se jubila», algo que -ha señalado- ocurre en otros países europeos.

Lo que sí quiso dejar claro el secretario de Estado es que el Gobierno está en «desacuerdo» con fijar edades más largas para todos», es decir, aumentar la edad legal de jubilación -algo que ya se ha hecho en anteriores reformas y que se situará en 67 años en 2027-, tal y como señala la Airef en su informe, ya que «este no es el modelo que sigue la gente». De hecho, el año pasado de los más de medio millón de personas que se jubilaron, la mayoría lo hizo con menos de 65 años, tal y como precisó Granado.

Más años para calcular la pensión

Pero el Gobierno no quiere llevar a cabo esta reforma sin contar con el apoyo de los interlocutores sociales, por lo que se reunirá con ellos la próxima semana para empezar a tratar qué medidas se pueden llevar a cabo en el corto plazo y, de igual manera, tratar de consensuar esta reforma en los próximos meses. A su vez, el Ministerio de Trabajo asegura que si no hay acuerdo sobre esto en el Pacto de Toledo no se llevará a cabo.

Es por ello que tratarán de «negociar puntos de coincidencia» ya que los últimos acuerdos datan del año 2011. Y o solo en lo referente a la edad efectiva de jubilación, sino también a lo que concierne a extender el periodo de años que se tiene en cuenta para calcular la pensión. El departamento dirigido por Magdalena Valerio quiere también ampliar ese periodo de forma paulatina hasta llegar a los 35 años. En la actualidad se tienen en cuenta los últimos 22 años de cotización, pero en 2022 serán los últimos 25 años, algo que -a juicio de Granado- «no debería producir efectos negativos».

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