Las empleadas del hogar podrán acceder a pruebas de salud gratuitas y formación

Así lo ha pactado el Ministerio de Trabajo con los sindicatos y asociaciones principales del colectivo en una negociación que cerró la semana pasada y que pretende eliminar las diferencias de trato que aún existen con este colectivo, el más precarizado de todo el mercado laboral, «cuya persistencia estaba vinculada a la histórica infravaloración de este trabajo», según consta en el documento que el departamento dirigido por Yolanda Díaz llevará este martes al Consejo de Ministros.

Asimismo, la nueva ley incorpora diferentes vías para la formación en riesgos laborales de las empleadas del hogar y del servicio a domicilio, para la atención a los denominados riesgos psicosociales así como protocolos de actuación para prevenir la violencia y acoso en el empleo doméstico. En cualquier caso, se respetará a las trabajadoras que ya tengan regulado en sus convenios colectivos la protección de sus puestos de trabajo.

El texto –al que ha tenido acceso este periódico- otorga a las empleadas del hogar (hay en la actualidad poco más de 360.000 afiliadas a la Seguridad Social) el «derecho a tener una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo» y a las familias el «correlativo deber de protegerlas frente a los riesgos laborales».

De este modo, la persona empleadora «deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras que prestan servicios en el servicio del hogar familiar, teniendo en cuenta, con carácter general, las características de la actividad y de las personas empleadas», establece el decreto.

La evaluación de riesgos será actualizada con la periodicidad que en ella se determine y, en todo caso, cuando se produzcan cambios en las condiciones de trabajo o con ocasión de los daños que se hayan producido. Si los resultados de la evaluación prevista pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, la persona empleadora adoptará las medidas preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos, documentándolas por escrito con la fecha concreta de su adopción.

Además, la persona empleadora deberá proporcionar a las personas trabajadoras del servicio del hogar familiar equipos de trabajo adecuados para el desempeño de sus funciones y adoptará las medidas necesarias para que su utilización pueda efectuarse de forma segura, velando por efectivo uso.

Asimismo, las trabajadoras tendrán derecho a recibir una formación en materia preventiva en el momento de su contratación. Dicha formación será única, aunque presten servicios por cuenta de varias personas empleadoras y deberá estar centrada en los riesgos asociados a la realización de las tareas del hogar. En el supuesto de que aquellas entrañen riesgos excepcionales en alguno de los domicilios en los que se trabaje se deberá impartir una formación complementaria que correrá a cargo de la persona empleadora.

El Gobierno asegura que la aplicación de este real decreto se hará sin aumento alguno de coste y no supondrá incremento del gasto público.