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Judit Molina
Martes, 10 de junio 2025, 14:48
Sacar dinero en un cajero automático es algo que muchos hacemos casi sin pensarlo: es rápido, cómodo y está disponible a cualquier hora. Forma parte de nuestra rutina diaria, ya sea para pagar en efectivo, hacer una compra imprevista o simplemente por costumbre. Pero ese gesto tan cotidiano está a punto de experimentar un cambio importante. A partir del próximo 28 de junio de 2025, la forma de operar en los cajeros automáticos en España se transformará por completo.
Ese día entra en vigor la Ley 11/2023, una normativa que exige a bancos y entidades financieras adaptar todos sus cajeros a nuevas condiciones de accesibilidad universal, para garantizar su uso por parte de personas con discapacidad visual, auditiva o cognitiva. Aunque está pensada para eliminar barreras, también supondrá una mejora para todos los usuarios, en especial para las personas mayores.
Ampliación del tamaño de la letra en las pantallas.
Audioguías e instrucciones por voz accesibles mediante auriculares.
Rediseño de la interfaz y menús más intuitivos, adaptados a personas con menor familiaridad digital.
Botones físicos con relieve y disposición más lógica.
Mejora del brillo de la pantalla e iconografía más clara.
Además, los bancos deberán informar a los usuarios de qué cajeros ya han sido adaptados y cuáles aún no cumplen los nuevos requisitos.
Aunque la ley entra en vigor el 28 de junio de 2025, no todos los cajeros se transformarán al instante. La normativa permite una aplicación progresiva, estableciendo que aquellos dispositivos instalados antes de esa fecha podrán seguir operando hasta el final de su vida útil económica, con un máximo de 10 años más (hasta junio de 2030).
Actualmente, en España existen más de 47.000 cajeros automáticos, y el coste estimado para adaptarlos a los nuevos estándares oscila entre 1.500 y 3.000 euros por unidad.
Pero la nueva Ley de Accesibilidad no solo afecta a los cajeros. También impone obligaciones a entidades financieras, aseguradoras, comercios electrónicos, suministradoras de luz, agua y gas, empresas de transporte y agencias de viajes, entre otros servicios clave.
Además, las entidades estarán obligadas a formar a su personal en atención a la diversidad funcional, garantizando un trato adecuado y accesible también dentro de las oficinas.
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