Rato justifica su actuación al frente de Bankia en la presión del Banco de España

Rodrigo Rato. / Foto: Efe / Vídeo: Atlas

El expresidente del banco, el primer acusado que declara en el juicio por su salida a Bolsa, responde a la fiscal que no recuerda que el supervisor «nos diera muchas opciones»

José Antonio Bravo
JOSÉ ANTONIO BRAVOMadrid

El Banco de España primero, el Banco de España después y, por si hubiera alguna duda, de nuevo Banco de España. Rodrigo Rato, quien presidió Bankia desde sus albores en 2010 hasta que en mayo de 2012 fue destituido por el propio supervisor y el Gobierno ante su presumible agujero multimillonario -la entidad terminó requiriendo ayudas públicas por valor de 22.424 millones de euros-, apuntó esta mañana directamente al órgano responsable del sistema financiero como el 'culpable', si lo hubiera -apostilló- de posibles irregularidades en las cuentas de la entidad y en su polémica salida a Bolsa en julio de 2011. «No recuerdo que tuviéramos muchas más opciones», ha espetado en varias ocasiones a la fiscal Carmen Launa, con quien ha protagonizado varios momentos de tensión durante su largo interrogatorio de más de tres horas.

Con un aspecto muy similar al que presentaba cuando declaró -desde el mismo estrado de la mayor sala de vistas de la Audiencia Nacional en octubre de 2016- durante el juicio de las tarjetas «black», que le terminó llevando a la cárcel para cumplir una condena de cuatro años y medio, Rato ha insistido una y otra vez en su argumento defensivo, ya utilizado durante la instrucción del caso. «El Banco de España nos indicó claramente cuales eran los pasos que teníamos que dar», ha afirmado para justificar cómo nació Bankia y por qué. «Se tenían que fusionar un grupo de entidades», ha explicado para hacer referencia a la media docena de cajas de ahorros encabezadas por Caja Madrid, la mayor de ellas y que él presidía desde la salida de Miguel Blesa. Bancaja, que a su vez controlaba el Banco de Valencia, fue de las últimas en unirse y cuando lo hizo «la entidad resultante era mucho mayor de lo pedido», ha continuado su exposición.

Pero, ¿quién había dado las órdenes? Pues, según el expolítico metido a financiero -antes de acceder a la caja madrileña fue director gerente del FMI, cargo al que llegó tras dejar la vicepresidencia económica del Gobierno-, «las instrucciones, el dinero y el control» de esa integración fueron «diseñadas» por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que al igual que el supervisor bancario defendían que «era bueno una fusión más grande». En cualquier caso, a él mismo le pareció en su momento «una oportunidad única» para generar «una hucha» que «nos permitiera avanzar a un entorno que iba a ser peor para las cajas». Pero el problema, ha añadido, es que «no era precisamente un momento de mejora de la economía español» e incluso «después resultó peor de lo que podíamos imaginar».

En todo caso, Rato ha defendido que «consideraba que las cajas eran perfectamente viables», si bien «en un proceso que nos venía dado para poder acceder a capital», ha insistido de nuevo haciendo referencia a las indicaciones que había dado el supervisor financiero, con quien se reunió en persona a finales de mayo de 2010: en aquella ocasión estaban el propio gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; su 'número dos', Javier Aríztegui; y el entonces presidente de Bancaja, Jose Luis Olivas. «Nos dieron los pasos que teníamos que dar, no tuvimos muchas opciones», ha reiterado para acto seguido apostillar que antes de aquello en Caja Madrid «no estábamos preparando ninguna fusión».

Durante su interrogatorio estuvo consultando varias veces una carpeta con documentación que traía consigo. Por eso, cuando la representante de la Fiscalía Anticorrupción le replicó que parte de sus manifestaciones no coincidían con lo declarado en la fase de instrucción por algunos responsables del propio supervisor financiero, ha respondido en tono aparentemente altivo: «Pues entonces tendrá usted que preguntarle al Banco de España», de quien ha declarado en varias ocasiones esta mañana que fue «quien nos señaló los pasos a seguir».

No hubo «incumplimientos»

Pese al intento de la fiscal Launa por evidenciar ante el tribunal esas divergencias en las versiones de Rato y del supervisor, el primero ha insistido en su tesis. «Nuestras tripas las conocía perfectamente, y las de Bancaja y el resto de las cajas. Durante el tiempo que yo fui presidente 15 funcionarios del Banco de España estuvieron siempre en la sede central», ha señalado, para a continuación afirmar: «nos dijo que debíamos hacer ciertos ajustes y así lo hicimos». «Mayores garantías de que nuestras cuentas eran correctas no podíamos tener», ha apostillado.

«En los dos años y tres meses que fue presidente de Caja Madrid y Bankia nunca me requirió que estuviésemos incumpliendo sus recomendaciones», ha sostenido ante la acusación de que él y la cúpula de Bankia actuaran al margen de esas directrices de las que había hablado. Así, cuando se le ha preguntado por un informe de la consultora PwC que sostenía que la entidad fusionada precisaba de una inyección de 11.500 millones, dijo que el BdE la consideró «excesiva». Y «aún así» -ha reivindicado- «fuimos a un escenario más conservador y provisionamos 13.000 millones de euros» (contra reservas y no en la cuenta de resultados), en la que según él fue «la única decisión que tomamos distinta de lo marcado por el FROB». Pero dicho estudio, encargado por la propia entidad, no se incluyó en la información facilitada al mercado antes de su controvertido estreno bursátil, lo que ha justificado en que «no era oficial».

Precisamente respecto a esa salida a Bolsa de Bankia, que según él fue la consecuencia natural de todo el proceso de integración, el expolítico ha declarado que nunca tuvo «ninguna constancia de que esos trabajos técnicos fueran motivo de fricción con el Banco de España», por más que en correos electrónicos conocidos tiempo después se mostrasen serias dudas al respecto por parte de los inspectores empotrados en la entidad, y que conocían al detalle sus números. Rato ha tratado de restar importancia a esos mensajes, al calificarlos como «una cuestión interna» que a su juicio «no tiene relevancia legal», y ha sostenido que tanto la auditora Deloitte como la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI) revisaron su situación antes de ese estreno bursátil, que a su vez contó con el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tampoco ha querido responder las preguntas de las acusaciones ni las del resto de defensas, limitándose a contestar a la propia fiscal, al FROB y a su abogado. En cuanto a su sueldo y la insinuación de la representante del Ministerio Público sobre su elevado importe –que llevó a la presidenta del tribunal a pedirles que «no perdamos más tiempo» con sus cruces de reproches formales- , ha sostenido que era «el que establecía el propio contrato» y «similar al de su predecesor», el referido Miguel Blesa. Y, aunque no ha concretado una cifra, sí ha reconocido que podía ser el que le apuntaban de dos millones de euros anuales.

Bankia, su matriz BFA y a la auditora Deloitte, liberados del delito de falsedad

Antes del interrogatorio a Rodrigo Rato, bastante tenso por momentos, el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la salida a Bolsa de Bankia -presidido por la veterana magistrada Ángela Murillo- ha resuelto en un auto las cuestiones previas presentadas por la partes en la primera semana de sesiones, a finales de noviembre. Lo ha hecho rechazando la gran mayoría de ellas, incluida la petición de expulsión de las acusaciones populares al considerarla extemporánea porque tuvo que hacerse en la instrucción y no esperar al juicio.

En cualquier caso, dijo que la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo establece matices al respecto. Así, mientras la llamada 'doctrina Botín' considera que si la Fiscalía no acusa a un imputado tampoco podrían hacerlo quienes ejerzan la acción popular, la 'doctrina Atutxa' -que sus magistrados establecieron tiempo después- hace una excepción al respecto y legitima su presencia «tratándose de la protección de intereses colectivos y difusos». Y en este caso, según ha recordado este martes el tribunal, el quebranto de Bankia originó «el mayor rescate bancario con fondos públicos en la historia de nuestro país», del que apenas se ha podido recuperar una octava parte hasta ahora: 2.864 millones de euros, según los últimos cálculos.

Además, los magistrados han retirado la imputación penal por un delito de falsedad contable a las tres personas jurídicas acusadas: la auditora Deloitte, la propia Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA). Consideran que precisamente por su condición social no se les puede atribuir tal acto delictivo, en el que solo pueden incurrir personas físicas. No obstante, sí mantiene la acusación que pesa sobre ellas por el delito de fraude a inversores.

En cuanto a la posibilidad de que la Fiscalía termine acusando también por la falsedad contable, el tribunalha tachado dicho anuncio -realizado solo al comenzar la vista oral- de «proclama» y se ha mostrado «sorprendido» por lo aparentemente apresurado del mismo, pues normalmente este tipo de avisos se suelen hacer en la parte final del juicio, antes de las conclusiones. A este respecto ha recordado al Ministerio Público que «aún no se ha practicado una sola prueba» diferente a las realizadas en la instrucción –ha rechazado los informes sobre las inmobiliarias de Bancaja y Banco de Valencia que había pedido aportar a última hora- y, por tanto, no hay «dato novedoso alguno«.