Préstamos hipotecarios: la historia continúa

La falta de información de los bancos siempre me pareció un engaño, y la renuncia de algunos ciudadanos a estudiarla es un ejemplo claro de las consecuencias de una mala alfabetización matemática

LORENZO J. BLANCO NIETOCatedrático de Didáctica de la Matemática

No es mi intención entrar en el problema suscitado por el Tribunal Supremo a propósito de las sentencias recientes y la resolución del Gobierno de la nación con Decreto Ley aprobado, dado que supongo que otros más instruidos en leyes lo harán. Por mi parte, quiero entrar en una situación más profana que afecta directamente a nuestro bolsillo, en la mayoría de las ocasiones sin nuestro conocimiento y con nuestra complacencia inconsciente.

Imagínese, amigo lector, que quiere comprar un televisor y visita diferentes tiendas para estudiar modelos y precios. Finalmente, se decide por una marca, en una tienda concreta y a un precio determinado que paga debidamente, a través de su cuenta corriente. Imagínese que al poco tiempo descubre que la tienda le ha cargado en su cuenta algunos gastos e impuestos de los que no había sido informado, por lo que el montante que usted pagará por el televisor se ve incrementado. Imagínese que usted renuncia a la reclamación porque la información que le facilitan está llena de números y se resigna porque le puede resultar difícil de entender, como nos pasa con el recibo de la luz. Ya saben aquello de «no se me daban bien las Matemáticas».

Eso es lo que pasa cuando compramos dinero en un banco. Porque comprar dinero es exactamente lo que hacemos cuando se nos concede un préstamo hipotecario. Y seguirá pasando al menos por ahora.

Hace algunos años tuve que enfrentarme, como la mayoría de los compradores de vivienda, a unos préstamos hipotecarios. En mi caso, que no rehuyo las cuentas, intenté enterarme de lo que tenía que pagar y los conceptos a los que obedecían, de lo que me iban a dar al final y de mis compromisos en los siguientes años. En definitiva, tener una información completa. Debo señalar que me costó tiempo, varias visitas a diferentes entidades y hablar con numerosos bancarios para tener una lista de los aspectos que se consideran en esas transacciones y cuyos gastos tenían que salir de mi bolsillo.

Así, pude descubrir que lo primero, y casi único de lo que te hablan, es del interés inicial que te van a cobrar. Resulta que no es el gasto más importante en relación a todos los gastos implicados, que tendremos que abonar. Conseguí hacer la lista de gasto y/o impuestos y entender qué eran: comisión de apertura; comisión de cancelación parcial; comisión de cancelación total; gastos de Notaría; inscripción en el Registro de la Propiedad; gastos de tasación del inmueble o del proyecto de vivienda; gastos de gestoría; los diferentes seguros adyacentes; y hasta el Impuesto de actos Jurídicos Documentados que ahora se ha puesto de moda.

Debo recordar que el valor de este impuesto depende de cada comunidad autónoma y que los gastos señalados en la relación anterior varían de unas entidades bancarias a otras.

Con la lista hecha me di una vuelta por diversas entidades y a cada uno le mostraba el mismo cuadro para que lo rellenaran suponiendo que pediría 80.000 euros a 15 años. Ello me permitiría hacer un cuadro comparativo y conocer los datos parciales y totales, saber cuánto y cuándo tenía que pagar. Recuerdo las miradas de los sorprendidos empleados cuando les presentaba la lista y las veces que tuve que decir aquello de «pues dígame con quién hablo para que me den la información que solicito». Era complicado conseguir rellenar completamente el cuadro, pero lo consideraba imprescindible para poder tomar una decisión al respecto.

Durante mucho tiempo tuve este cuadro e intenté dar la información a mis amigos y conocidos, por cuanto me parecía un deber transmitir esta información para llamar la atención sobre lo que tenían que pagar y que el banco no se lo diría.

Siempre me pareció un engaño y la renuncia de algunos ciudadanos a estudiarlo es un ejemplo claro de las consecuencia de una mala alfabetización matemática.

Ahora que parece resuelto quién pagará nominalmente el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, no podemos olvidar que también existen reclamaciones y alguna sentencia sobre algunos de los otros impuestos y gastos señalados y, en muchas ocasiones, ocultados. ¿Qué pasará entonces? No olvidemos que el problema actual deriva de la Sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de diciembre de 2015, en la que estableció que algunas de estas cuestiones eran cláusulas abusivas y por tanto nulas.

El problema formal de claridad jurídica en el caso del Impuesto sobre Actos Jurídicos documentados parece salvado, la solución sobre quién pagará realmente el impuesto la tenemos todos en nuestra mente. Ya lo dijo un dirigente de una entidad bancaria hace pocos días.

Pero el problema que ahora podría resolverse es el de obligar a los bancos a dar una información rigurosa y precisa sobre los gastos derivados de la concesión de un préstamo hipotecario, en el momento de solicitarlo. Y en esto reclamo la intervención de las organizaciones de consumidores. Porque insisto, nadie nos presta nada, compramos dinero que en ocasiones nos venden a bastante más de un 50 % de la cantidad comprada.

 

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