El Gobierno quiere poner fin a la jubilación forzosa y a la parcial

Para ello, el Gobierno pretende prohibir que las empresas establezcan en los convenios colectivos cláusulas que obliguen al trabajador a jubilarse una vez que haya cumplido la edad legal para hacerlo, tal y como ahora permite la ley. Sin embargo, en caso de que esta nueva norma vea la luz, sólo se aplicará a los convenios colectivos suscritos a partir de su entrada en vigor, mientras que se da un plazo de un año para los suscritos con anterioridad. En la actualidad los empresarios pueden obligar a los trabajadores que hayan cumplido la edad legal y tengan acceso al 100% de la pensión a jubilarse; sin embargo, con esta nueva normativa tendrían que indemnizarles en caso de que quieran prescindir de ellos.

En esta misma línea, el Ejecutivo pretende vetar la jubilación parcial, que permite reducir la jornada laboral en la misma proporción que el salario y completarlo con parte de la pensión; además, cuando cumplen la edad ordinaria de jubilación se retiran sin ver recortada la cuantía de su pensión. Sin embargo, aquellos que pretendan acceder a ello se verán penalizados con unos coeficientes reductores en caso de que esta propuesta de reforma salga adelante. A su vez, se hace incompatible la jubilación parcial con el desempleo.

También va tomando forma el nuevo diseño que quiere implantar Escrivá de cara a frenar las jubilaciones anticipadas, para lo que establece dos medidas. La gran novedad reside en que propone crear nuevos coeficientes penalizadores y endurecerlos para aquellas personas que pretendan retirarse en los meses siguientes al cumplimiento de la edad de acceso (63 años), con el objetivo de retrasarla al menos unos meses. En esta misma línea, el castigo será mayor para los que lo hagan en los meses previos a la edad ordinaria de retiro (66 años en 2021) para desincentivar que no se llegue a cumplirla. Para ello habrá coeficientes penalizadores mensuales en lugar de trimestrales.

La otra manera que el Gobierno plantea para endurecer y desincentivar la jubilación anticipada ya la había avanzado Escrivá: aplicar los coeficientes reductores sobre la cuantía de la pensión en lugar de sobre la base de cotización, para impedir que los que han cotizado por las bases máximas no se les penalice apenas por adelantar su retiro. Ahora verán recortada su nómina un 8% real por cada año de adelanto.

Además, el texto recoge mayores exigencias en la jubilación anticipada de aquellos trabajadores que realizan su actividad en condiciones penosas o peligrosas, quienes, además de tener que sobrecotizar por ello, tendrán que acreditar que el mínimo de trabajo de este tipo exigido se ha realizado en edades próximas a la jubilación. Y en ningún caso podrán hacerlo antes de los 52 años.

Por el contrario, tal y como se había avanzado, el Ejecutivo premiará a quienes sigan trabajando una vez cumplida la edad legal u ordinaria de jubilación. Para ello eleva al 4% el premio por cada año en que se retrase la vida laboral por encima de la edad legal de jubilación y, además, la acumulación de estos incentivos no impedirá alcanzar una pensión por encima de la cuantía máxima. Como alternativa, el texto propone recibir el premio en forma de una cantidad a tanto alzado por cada año o «una combinación de las soluciones anteriores en los términos que se determine reglamentariamente», según consta en el texto que aún ha de ser negociado y aprobado.