El Gobierno renuncia a imponer una nueva fórmula de revalorización de las pensiones

Todo lo que hace es recoger «la voluntad del Gobierno» de que en los primeros seis meses del próximo año, en el marco del diálogo social y de acuerdo con las recomendaciones del Pacto de Toledo, se diseñará un mecanismo de revalorización que garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo preservando la sostenibilidad social y financiera del sistema de Seguridad Social. En definitiva, el Ejecutivo ha optado por no hacer lo que había criticado duramente cuando estaba en la oposición: reformar las pensiones de manera unilateral, quizá también acuciado porque los números no cuadran, ya que esto elevaría el gasto en los próximos años de manera considerable: hasta los 59.500 millones extra en 2050, según estimaciones del Banco de España.

Pero las pensiones sí subirán el próximo año un 1,6% con carácter general, mientras que las prestaciones mínimas, SOVI y no contributivas aumentarán un 3%, lo que supondrá un coste de 2.591 millones, según explica el Ministerio de Trabajo. Así, por primera vez en el último lustro, los mayores comenzarán el año con una ganancia de seis puntos de poder adquisitivo respecto a la inflación prevista para 2019, tal y como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa, lo que deja entrever que estiman un IPC en 2019 del 1%, muy inferior al de otros organismos.

Pero además el texto normativo recoge también el abono de una paga por la diferencia entre la revalorización del 1,6% que se aplicó en 2018 y el 1,7% resultado de calcular la media de los índices mensuales de los últimos 12 meses. Los jubilados recibirán la extra, de unos 15,5 euros de media, antes del mes de abril de 2019, lo que tendrá un coste adicional de 244 millones. «Habrá ganancia de poder adquisitivo frente a años de merma constante por el sistema anterior de cálculo», prometió Sánchez, quien defendió que «las pensiones son un derecho de la ciudadanía y no una mercancía con la que hacer negocio».

Por otro lado, la nueva norma incorpora una modificación del Estatuto de los Trabajadores mediante la cual se habilita a los convenios colectivos para establecer cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por cumplimiento de la edad legal de jubilación -la conocida como 'jubilación obligatoria'- siempre y cuando tengan derecho al cien por cien de la pensión de jubilación. La introducción de esta medida, debatida y acordada por unanimidad con los interlocutores sociales, pretende reducir el desempleo de los jóvenes.

Otra de las novedades que recoge el Real Decreto es la derogación expresa de las medidas contractuales e incentivos a la contratación vinculados a una tasa de desempleo superior al 15%, con lo que desaparece el contrato indefinido de apoyo a emprendedores, la posibilidad de celebrar contratos de formación y aprendizaje con personas de entre 25 y 30 años y los incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa, entre otros. Trabajo manifiesta su «posición crítica a este paquete de incentivos por razones de seguridad jurídica e ineficacia».

A su vez, se prorroga indefinidamente el subsidio de más de 400 euros al mes para parados de larga duración sin prestaciones, cuya vigencia acabaría en enero, y se culmina un nuevo modelo de protección por desempleo asistencial. La nueva norma incluye, asimismo, la derogación del complemento salarial de 430 euros para los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil con un contrato para la formación y el aprendizaje, debido a la «escasa eficacia» de esta medida durante su periodo de aplicación, ya que apenas ha habido solicitudes.

La ausencia de Presupuestos para 2019 ha llevado a incluir también en el decreto la subida del 7% de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social y el incremento de las bases mínimas en un 22,3% -excepto para los autónomos, que suben un 1,25%-, el mismo porcentaje que aumenta el salario mínimo. Trabajo estima que con el alza del 7% en las bases máximas se recaudarán unos 850 millones de euros más, a lo que se sumarán otros 1.500 millones con la subida de las bases mínimas. Con este montante el Gobierno pretende compensar el coste que supondrá al sistema en 2019 la subida de las pensiones con el IPC.

El resto de las medidas eran las ya anunciadas: la penalización para los contratos de 5 días o menos y el nuevo sistema de cotización para los autónomos, entre otras dirigidas a aumentar la recaudación.

Las pensiones subirán el próximo año un 1,6% salvo las prestaciones mínimas que aumentarán casi el doble, un 3%, la misma cuantía que ya subieron en 2018. Esto supone que ganarán seis putnos de poder adquisitivo respecto a la inflación prevista para 2019, tal y como resaltó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pero además en enero los jubilados recibirán una paga de unos 15,5 euros en enero por la desviación de la inflación. A su vez, el Ejecutivo se compromete a fijar por ley en los próximos seis meses una nueva fórmula de revalorización.

Los contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días tendrán un recargo del 40% en la cuota que los empresarial pagan a la Seguridad Social por contingencias comunes. Esto supone cuatro puntos más que la penzalización que ya tienen la contratación de siete días o menos. Con esto el Ejecutivo pretende dar un paso más en la lucha contra la precariedad laboral y aumentar a su vez la recaudación.

Los autónomos comenzarán el año con un nuevo sistema de cotización –­que será, no obstante, transitorio hasta que se ponga en marcha otro que se base en los ingresos reales–por el que pagarán 5,3 euros más al mes al elevarse la base mínima un 1,25% y los tipos hasta el 30%. Y es que a partir de enero será obligatorio cotizar por todas las contingencias, al igual que hacen los asalariados, pero así tendrán el doble de tiempo de paro, dejarán de cotizar a partir del segundo mes de baja, cobrarán la prestación por accidente laboral desde el primer día de baja y tendrán derecho a la formación continua.

Se sancionará a las empresas con un mínimo de 3.126 euros y un máximo de 10.000 euros de multa por cada trabajador que esté mal encuadrado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) debiendo estar en el Régimen General o por el trasvase de trabajadores del Régimen General al RETA.

La ausencia por el momento de Presupuestos para 2019 ha llevado a incluir también en el decreto ley la subida del 7% de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social y el incremento de las bases mínimas en un 22,3% –­excepto para los autónomos, que suben un 1,25%–­, el mismo porcentaje que aumenta el salario mínimo. El Ministerio de Trabajo estima que con el alza del 7% en las bases máximas se recaudará unos 850 millones de euros más, a lo que se sumarán otros 1.500 millones con la subida de las bases mínimas. Con estos más de 2.000 millones el Gobierno pretende compensar el coste que supondrá al sistema en 2019 la subida de las pensiones con el IPC, aunque un informe del Banco de España eleva este desembolso hasta los 5.300 millones.

El Gobierno recupera la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia, que se financiarán con dinero público de la Administración. Unas 180.000 personas, en su mayor parte mujeres, se beneficiarán de esta medida.