Nadia Calviño anticipa que se crearán 1,2 millones de empleos en esta legislatura

Además, más allá de las cifras estimadas de expansión del PIB para este año y los sucesivos, Calviño ha afirmado que ahora mismo España crece sobre bases más robustas que en el pasado, ya que ahora están contribuyendo positivamente al PIB tanto el sector exterior como la demanda interna, algo que no sucedía desde 2016. Asimismo, ha destacado que ahora la economía española esté creciendo sin burbujas y sin tensiones inflacionistas, a diferencia de otros momentos del pasado.

Ese crecimiento del PIB doméstico ha ido acompañado, según ha reseñado, por un gran dinamismo en la creación de empleo, habiéndose alcanzado ya los 20 millones de ocupados, un millón más que hace diez años, y sin que ahora la construcción aporte tantos puestos de trabajo como en el pasado. Respecto al mercado laboral, Calviño ha compartido algunas previsiones: ha estimado que en la legislatura, es decir, hasta 2023, se crearán 1,2 millones de empleos, lo que permitirá bajar la tasa de paro en dos puntos, hasta el 12%.

Pero sobre cuestiones laborales también, la ministra Calviño pareció abrir la puerta a la posibilidad de que pueda haber diferentes salarios mínimos interprofesionales por sectores. Si bien ha defendido la unidad de mercado y que en todas las autonomías se cuente con un mismo salario mínimo interprofesional (SMI), afirmó que ello, «sin perjuicio de que se trate específicamente a determinados sectores».

Respecto a sus prioridades, ha anunciado una línea principal: el crecimiento inclusivo. «No es crecer a cualquier precio», ha asegurado. «Debe ser un crecimiento sostenible» financiera, social y medioambientalmente, ha enumerado, un «crecimiento equilibrado y sostenible, que no deje a nadie atrás y que no agote los recursos naturales», ha asegurado. «Ésa es la filosofía de la agenda económica de este Gobierno», ha insistido.

También ha utilizado otros adjetivos y sintagmas para definir a su Gobierno en materia económica: «predecible» y que «genera confianza». Y se ha referido a los resultados de su gestión en los últimos meses, los del Gobierno tras la moción de censura, en que ha mejorado el rating y ha bajado la prima de riesgo de la deuda española. También ha mencionado la participación de los inversores internacionales en las últimas emisiones del Tesoro, sobre todo en la sindicada de hace unas semanas, con cifras récord de demanda y bajos tipos de interés.

La ministra se ha comprometido con la disciplina fiscal para reducir deuda y déficit y ha reproducido la senda de estabilidad presupuestaria aprobada en el Consejo de Ministros de este martes y que plantea reducir el desequilibrio de las cuentas públicas hasta situarlo por debajo del 1% al final de la legislatura y una bajada de la deuda sobre el PIB hasta colocarla por debajo del 90% en el mismo periodo. En ese sentido, la ministra ha desvelado que la deuda pública cerró el ejercicio pasado por debajo del 96% del PIB.

«Nuestra acción de Gobierno se va a encaminar hacia el objetivo de compaginar el crecimiento inclusivo y la sostenibilidad de las cuentas públicas», ha sintetizado Calviño.

Por esto, ha afirmado, la reducción del déficit y la deuda debe ser compatible con medidas para atajar el incremento de las desigualdades y de la pobreza que se arrastra desde el inicio de la crisis económica. Y ha recordado un reciente informe del Fondo Monetario Internacional, que insistía en la necesidad de mejorar la protección social de los más vulnerables.

Y, por último, se ha referido a la necesidad de abordar reformas estructurales para afrontar los retos más urgentes y también los de medio plazo. En este sentido, ha afirmado que el consenso internacional ha pasado de primar el crecimiento económico para a continuación redistribuir, para pasar a considerar que hay que abordar ambos retos simultáneamente, con el crecimiento inclusivo, expansión económica al tiempo que se redistribuye.

La ministra de Economía ha tendido la mano a los diputados: «Quiero dejar clara la mejor disposición del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital -empezando por mi misma- para llegar a acuerdos y para trabajar juntos». Y ha aludido al apoyo social que percibe que tienen las líneas generales de la política económica de su Gobierno, lo que le ha llevado a llamar a que ese consenso social se refleje «en un amplio acuerdo de los grupos políticos».

Ha desgranado algunas de las acciones prioritarias de la secretaría de Estado de Economía y que pasan por el impulso del capital humano con formación durante toda la vida laboral; la protección del capital natural con políticas de transición justa, que necesitará la movilización de un volumen de inversiones que se calcula en 200.000 millones de euros en la próxima década; el desarrollo de la productividad del capital tecnológico; el abordaje de la equidad del mercado laboral, apoyándose en el diálogo social para avanzar hacia un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI; la solidaridad intergeneracional de la que depende el sistema de pensiones; el cierre de la brecha de género; el freno a la despoblación; así como el refuerzo de la calidad de la administración publica; la mejora del clima de negocios; el refuerzo de la financiación no bancaria; o el impulso del crecimiento de las empresas.

También ha avanzado varias iniciativas legislativas, como la que busca la creación del sandbox financiero, un entorno controlado de pruebas que permita combinar la entrada de nuevas tecnologías digitales en el sector financiero con un marco regulatorio y de supervisión que garantice la protección del consumidor y la estabilidad financiera Este proyecto podrá tramitarse en breve en las Cortes.

Asimismo, ha anticipado la creación de la Autoridad de Protección al Cliente Financiero (aunque reconoció que este anteproyecto de ley «aún llevará tiempo»).

Y también ha anunciado normativas y regulaciones para evitar el surgimiento de deudas perpetuas en el crédito al consumo con varias medidas: por un lado, para favorecer el acceso a la información del cliente sobre los 'créditos revolving', y medidas para mejorar la forma y la responsabilidad de las entidades para evaluar la solvencia de sus clientes.

También ha señalado que durante esta legislatura se abordará la elaboración de un libro blanco sobre la gobernanza económica.

Además, Calviño informó de que el Gobierno trabaja en el refuerzo de la arquitectura financiera del Estado en torno al Instituto de Crédito Oficial, con el objetivo de poder apalancar desde el sector público la inversión necesaria para abordar con éxito la transición ecológica o la transformación digital.