Las licencias de Uber y Cabify aumentan otro 4% en plena huelga estival del taxi

Taxis alineados durante una de las jornadas de huelga. /AFP
Taxis alineados durante una de las jornadas de huelga. / AFP

Las VTC cuentan ya con 11.200 permisos, a la espera de las sentencias pendientes para otras 9.000 autorizaciones

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

De nada ha servido la huelga que los taxistas mantuvieron a finales de junio para paralizar el crecimiento que está experimentando el negocio de compañías que, como Uber y Cabify, están ocupando cada vez más cuota de mercado para todo tipo de usuarios frente al taxi. Solo en el mes de agosto, el Ministerio de Fomento ha contabilizado otras 469 autorizaciones para que los vehículos de alquiler con conductor (los conocidos como VTC) puedan ejercer su trabajo. Más allá de la cifra, que supone un 4,3% más de permisos habilitados frente al mes de julio, este incremento refleja la situación por la que pasa un sector, cada vez más respaldado por las sentencias judiciales que les da la razón para poder ejercer esta actividad, independientemente de las protestas del taxi.

Con ese medio millar de licencias puestas a disposición de los conductores de compañías como Uber o Cabify ya superan los 11.200 en toda España. El incremento de permisos se deja notar en las regiones donde existe una mayor demanda de este tipo de transporte privado: Madrid, con un incremento del 6,5%, por el importante número de empresas que existen en la capital que hacen uso del sistema; así como Cataluña (con un 6% más) y Andalucía (con un 1,2% más) por el auge del turismo. En el resto de comunidades autónomas, los datos se han mantenido estables.

Con estas referencias, quedaría muy lejos el objetivo del transporte público urbano tradicional para que se cumpla la norma 1/30: una licencia de Uber o Cabify, frente a 30 del taxi. Los registros no apuntan precisamente en la dirección que desearían los taxistas. Las más de 11.000 licencias VTC representan una por cada seis del taxi, donde existen 65.539 profesionales registrados. Es decir, haría falta que el Ejecutivo restringiese la licencia concedidas a unos 9.000 VTC.

El meollo del conflicto deriva de que el aumento en el número de licencias otorgadas en toda España se produce, fundamentalmente, como consecuencia de esos fallos que dictan los juzgados, correspondientes a miles de casos derivados del vacío legal que existió entre 2009 y 2015. En esos seis años, que median entre la liberalización del sector aprobada por el entonces Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, y la regulación aprobada por el gabinete de Mariano Rajoy, se solicitaron un gran número de licencias para operar, que después fueron paralizadas, pero que ahora cada juzgado suele resolver favorablemente a los afectados.

Cada vez más similares

De hecho, fuentes del sector del transporte estiman que quedan pendientes otros 9.000 casos judiciales por aclarar en los próximos meses, y que podría llevar a una equiparación entre el número de VTC en vigor y el de taxis en toda España en algunas grandes ciudades, como Madrid y Barcelona.

El conflicto del transporte urbano sigue engordando, a la espera de la decisión que tome en los próximos días el departamento dirigido por José Luis Ábalos. El Secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, vuelve a reunirse este martes con el de la patronal de los VTC (Unoauto), Eduardo Martín, para tratar de lograr algún acuerdo. Los VTC mantienen que, si la justicia les sigue dando la razón, tienen derecho a operar con las licencias concedidas correspondientes a las autorizaciones realizadas hasta 2015. Cuando concluya la ronda de reuniones con las partes, el Gobierno tomará una decisión, pero el taxi ya ha anticipado que está dispuesto a volver a parar su actividad, en pleno mes de septiembre y no como lo hizo justo antes del periodo vacacional, con importantes consecuencias para buena parte de la población.

Los taxistas insisten en que el Gobierno tiene que revocar muchas de esas licencias para que se cumpla la proporción que marca la ley. Si el Gobierno optara por la vía aparentemente más rápida, la de rescatar autorizaciones en vigor, el Estado tendría que indemnizar a sus propietarios, con el correspondiente coste presupuestario. Pero es que, además, esa medida no evitaría que los afectados pudieran iniciar demandas contra esa decisión en un momento en el que la mayor parte de los jueces da la razón a los propietarios de permisos de VTC. Hay muchas licencias en lo que técnicamente se denomina como 'sub judice', esto es, pendiente de resolución judicial, y cuya sentencia posiblemente implicará más aprobaciones.

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