El Gobierno recorta 2.600 millones a las eléctricas para rebajar la factura un 30%

Si se cumplen las expectativas «realistas», según apuntan en el Ministerio de Transición Ecológica, el paquete de medidas reducirá prácticamente a la mitad la parte fija del recibo (los peajes y los cargos) y minimizará los impuestos incluidos en el recibo (IVA y eléctrico), con lo que intenta conseguir una rebaja del 30% en la factura final en el último tramo del año con respecto a la que se paga ahora mismo, según ha anticipado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

El plan de choque llega con el enésimo récord de la luz. El precio medio diario rozará mañana los 173 euros el megavatio hora (MWh), lo que supone una subida del 12,6% respecto a hoy. Ante la imposibiilidad de actuar en los mercados internacionales (en el resto de Europa los costes también siguen disparados en ese entorno de 170 euros/MWh), el Ejecutivo considera más que justificados los recortes de ingresos a las compañías planteados en el decreto aprobado por el Consejo de Ministros esta mañana.

Con el compromiso sobre la factura media de 2021 avanzado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Ejecutivo va a reducir «los ingresos extraordinarios» que a juicio está provocando la elevada cotización del gas en algunas centrales. En concreto, este recorte afectará a las plantas que no utilizan gas, pero que indirectamente se benefician del precio final diario que marcan los ciclos combinados de gas y que ha llevado al mercado a superar los 150 euros por megavatio/hora (Mwh). Se trata de un rejón que soportarán básicamente las centrales hidroeléctricas y las nucleares.

Será una «minoración temporal», según el Ejecutivo, muy similar a la reducción de ingresos que se está tramitando en el Congreso precisamente para estas tecnologías por los ingresos que perciben indirectamente por el alza de los derechos de emisión de CO2, con una fórmula que se basa en un precio mínimo de 20 euros/Mwh más unos ajustes. Será, como poco, la cuantía que perciban. El Ministerio de Transición Ecológica calcula que supondrá un recorte de unos 2.600 millones de euros durante seis meses hasta que en marzo los precios del gas se encuentren, previsiblemente, más estabilizados.

Desde el Ejecutivo son conscientes de la «elevada litigiosidad» que se da en este sector cada vez que se aprueba una medida de este tipo. Cuentan con ello aunque insisten en que este plan de choque se encuentra «acorde al derecho comunitario» y a la Constitución.

Por otra parte, y como todo apuntaba, el Gobierno utilizará 900 millones de euros que el Estado está percibiendo también de forma inesperada por el alza del coste de los derechos de emisión del CO2. Será un importe que se quitará de los cargos fijos que los usuarios pagan en sus facturas.

Además, tal y como anunció anoche Pedro Sánchez en TVE, prácticamente se elimina el Impuesto especial de Electricidad que los usuarios venían pagando en sus recibos a un tipo del 5,1%. Quedará reducido al 0,5%, el mínimo legal exigido por la Unión Europea. En este caso, el Gobierno tendrá que compensar a las comunidades autónomas por esta merma de ingresos tributarios. Y seguirá en vigor hasta final de año la rebaja del IVA del 21% al 10%, aprobada en junio, así como la suspensión del Impuesto de generación que pagan las eléctricas a un tipo del 7%, lo que, a la vez, les supondrá a las compañías «más margen», según Transición Ecológica, en un momento de tensión de precios como el actual.

El plan de choque incluye una medida inesperada a tenor de cómo se está comportando el precio del gas: se limitarán las subidas del recibo de quienes tengan contratada la tarifa regulada gasista (TUR) al 4,4% trimestral. En el Ejecutivo admiten que las subidas del gas podrían ser de entre el 20% y el 40% este invierno, por lo que han optado por topar la subida del recibo. Eso sí, las compañías actualizarán los costes una vez que pase el temporal a partir del segundo trimestre del próximo año.

Además, se ha puesto en marcha el llamado 'suministro mínimo vital', una medida encaminada a evitar los cortes de luz por impago en los hogares más vulnerables. Con este consumo mínimo (lo define en una potencia de 3,5 kw), la prohibición de los cortes se amplía a 10 meses vista: los cuatro meses establecidos hasta ahora más otros seis meses adicionales incluidos en este decreto.

Más allá de todas estas medidas a corto plazo, Transición Ecológica ya trabaja en una modificación de la tarifa regulada (PVPC), a la que se encuentran acogidos más de diez millones de usuarios. Se regirá en función de una subasta periódica de electricidad, y no dependerá del precio diario del 'pool', como hasta ahora.

Tras estos anuncios, las cotizaciones de las principales compañías energéticas, y más afectadas por el plan de choque, han comenzado a caer de forma considerable. A media sesión, los títulos de Endesa ceden un 3% mientras que los de Iberdrola caen un 1,5%. Por su parte, los de Naturgy apenas ceden un 0,3%, fundamentalmente por el efecto positivo que sigue pesando sobre sus títulos por la OPA de IFM.