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El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. R. C.
El Banco de España, contrario a subir pensiones y sueldos de funcionarios

El Banco de España, contrario a subir pensiones y sueldos de funcionarios

Advierte de que con la recuperación perdiendo impulso, prefiere retrasar la subida de impuestos y desmonta todas las previsiones del proyecto de Presupuestos de 2021

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Miércoles, 4 de noviembre 2020, 10:31

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El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha arrojado un jarro de agua fría sobre el proyecto de Presupuestos del Estado de 2021 que el Gobierno llevó al Congreso la semana pasada. Y se ha mostrado contrario a dos de las grandes medidas incluidas en esas cuentas públicas: la revalorización de las pensiones y la subida del sueldo de los funcionarios en un 0,9%, como prevé el Gobierno.

En ese mismo escenario, el supervisor avisa de que existen «riesgos de desviación» en todas las previsiones incluidas en las cuentas públicas del próximo año: tanto en el crecimiento de la economía y la evolución del paro, como en los ingresos previstos y los gastos anunciados, incluso contando con los fondos europeos, sobre los que duda de que el Ejecutivo sea capaz de usarlos con agilidad.

El discurso del gobernador ha atacado todos los frentes de los Presupuestos para 2021. Sobre todo porque, como ya ha anunciado, están asentados sobre unas perspectivas económicas que no se ciñen a la realidad actual. «A lo largo del tercer trimestre y el cuarto la intensidad de la recuperación ha ido perdiendo impulso» por el repunte de los contagios y las medidas restrictivas de la actividad económica aplicadas en toda España. Sus perspectivas apuntan ahora al peor escenario previsto por el Banco de España, con un retroceso del PIB superior al 12,6% para 2020. Hernández de Cos también atisba un «cierto estancamiento» del empleo, que se iba recuperando con tasas cada vez menos negativas, pero que se ha frenado en octubre.

Con toda esta realidad, Pablo Hernández de Cos anticipa que «los riesgos están sesgados a la baja y el nivel de incertidumbre es muy alto». De hecho, ha indicado que «no se pueden descartar impactos muy acusados y abruptos» en la economía española durante los próximos meses. De hecho, anticipa que el Ejecutivo deberá aplicar «medidas adicionales» como los ERTE y otro tipo de apoyos, ampliando su actual sistema aunque defiende que sean más «focalizados» en los sectores que realmente lo necesiten.

El supervisor financiero considera que ante la situación económica que vive el conjunto de la economía y con unas finanzas públicas muy dañadas, no es momento de aplicar estos incrementos entre los tres millones de empleados públicos o los nueve millones de pensionistas. Hernández de Cos advierte de «desviaciones y riesgos» en las grandes magnitudes presupuestarias, tanto en lo relativo a los ingresos como a los gastos. Hernández de Cos ha criticado la subida generalizada de los sueldos a todos los funcionarios al encontrarse la economía «en un contexto de destrucción de empleo y deterioro muy deteriorado de las cuentas públicas». Por ello, ha abogado por «implementar incremento más focalizados como podrían ser en el personal sanitario».

Porque el Banco de España ni siquiera considera que los precios suban un 0,9% el próximo año, y que este 2020 cerrarán en negativo, en el -0,3%. Ese es el argumento por el que el gobernador considera erróneo las alzas anunciadas. «¿Si me preguntan si este es el momento adecuado de recuperar el poder adquisitivo? creo que no», ha dicho durante su intervención en la comisión de Presupuestos del Congreso, tras añadir que en un contexto con tanta incertidumbre económica y con «tanto daño a las finanzas públicas» el Ejecutivo debería haber sido más prudente. «Haber sido prudente es casi una necesidad», ha insistido Hernández de Cos al señalar que tanto las pensiones como el salario de los funcionarios subirán el 0,9%, lo que supondrá una ganancia de poder adquisitivo de más de un punto porcentual ya que el Banco de España estima que el IPC cierre este año en el -0,3%.

También ha advertido sobre las consecuencias económicas que implica la revalorización de las pensiones conforme al IPC anual, tal y como ha propuesto recientemente el Pacto de Toledo. De Cos estima que generará un incremento del gasto en pensiones de alrededor de 30.000 millones de euros en 2050. «En ausencia de modificaciones adicionales de los ingresos del sistema de la Seguridad Social, la aplicación estricta del nuevo mecanismo de revalorización daría lugar a disminuciones sistemáticas de la renta real de los pensionistas», ha explicado. En su opinión de acuerdo con distintas estimaciones, eliminar el nuevo índice de revalorización y volver a indiciar las pensiones con la inflación, generaría un incremento del gasto en pensiones sobre el PIB de alrededor de tres puntos porcentuales adicionales en el horizonte de 2050.

Tampoco confía el gobernador en una ágil utilización de los fondos europeos que le corresponden a España, y de los que el Gobierno ya cuenta con 27.000 millones de euros para el próximo año. «Parecen optimistas, a la luz de la evidencia histórica de la que disponemos» al tardar varios años en ejecutar ese dinero de otras partidas como los Fondos Estructurales, ha indicado Hernández de Cos ante la comisión de Presupuestos del Congreso, quien ha puesto «en cuestión» que «el uso de esos fondos vaya a ser tan intensivo como el que se incluye» en las cuentas públicas.

El Banco de España tampoco considera que este sea el mejor momento para subir los impuestos anunciados por el Ejecutivo. «La recuperación aún en curso presenta evidentes síntomas de fragilidad y tiene riesgos a la baja que no recomiendan un aumento de la presión fiscal» en estos momentos. «Hubiera sido mejor retrasar la puesta en marcha de estas figuras», como la tasa Tobin o la Google, entre otras, «hasta que la recuperación fuera más robusta».

El análisis de Hernández de Cos no vislumbra un incremento de la recaudación por impuestos ni por cotizaciones sociales como los que incluye el proyecto de cuentas públicas. «Los riesgos de desviación se deben al grado de dinamismo de la actividad prevista para 2021», con un cuadro macroeconómico «más negativo» del que prevén los Presupuestos del Estado que se están tramitando en las Cortes.

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