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¿Qué ha pasado hoy, 28 de marzo, en Extremadura?
La investigadora del Institut Jaques Delors Eulalia Rubio. r. c.
«España es de los países del euro que menos gastan en ayudas covid»

«España es de los países del euro que menos gastan en ayudas covid»

Eulalia Rubio | Investigadora senior del Institut Jacques Delors de París ·

No ve «realista que la UE vuelva a la regla de deuda del 60%» cuando la crisis derivada de la pandemia esté bajo control

SALVADOR ARROYO

BRUSELAS

Domingo, 21 de marzo 2021, 00:15

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El presupuesto de la Unión Europea, las políticas de cohesión y la reforma de la unión económica y monetaria son sus frentes de investigación en el Institut Jaques Delors ubicado en París. Eulalia Rubio analiza para este periódicolas medidas anticrisis, la hoja de ruta que debería seguir España y el impacto de una deuda pública que alcanzará dimensiones astronómicas en muchos países.

–¿Ve suficientes las medidas adoptadas por España en esta crisis?

–Es difícil juzgarlo. Eso lo veremos con el paso del tiempo y a medida que la crisis avanza. Lo que sí sabemos es que España es de los países de la zona euro que está gastando menos en ayudas covid. Según los cálculos de la Comisión Europea, en sus presupuestos para 2021 los países de la zona euro han incluido medidas fiscales de apoyo a la economía por un montante total del 2,6% de su PIB por término medio, mientras que en España el peso de las medidas covid previstas es de menos del 1% del PIB. Y esto no se explica sólo por su menor espacio fiscal: Italia, un país con menos espacio fiscal que España, prevé gastar más del 3% de su PIB en medidas de apoyo covid en 2021.

–España va a tener que enfrentarse, ahora sí, a algunos de sus problemas estructurales. Le hablo de la reforma laboral, de las pensiones o de la alta temporalidad en el empleo. ¿Cómo debe encarar la situación?

–Hay que hacer lo que nos pide la UE, que es combinar inversiones públicas y reformas de forma inteligente. En los próximos años España recibirá casi 150.000 millones de euros del fondo de recuperación. Si este dinero se gasta sin introducir al mismo tiempo cambios estructurales en nuestra economía y en nuestro sector público, el impacto a largo plazo, en términos de competitividad económica pero también en términos de cohesión social, será mínimo. Al revés, introducir grandes reformas estructurales en un contexto de austeridad presupuestaria como se hizo durante la crisis pasada, y sin que las reformas se acompañen con medidas fiscales para ayudar a familias y empresas a adaptarse a los cambios, conlleva unos costes sociales elevados y hace que la reforma sea menos sostenible a largo plazo.

–Y en la transformación de la economía del país, ¿hacia qué áreas de producción debería orientarse la nueva hoja de ruta?

–Acometer la transformación climática y digital es imprescindible, y tiene que ser un objetivo transversal, que afecte a todos los sectores de la economía. No se trata sólo de invertir en inteligencia artificial o en nuevas tecnologías digitales punteras, o de poner en marcha un plan de acción para desarrollar la industria del hidrógeno verde. Se trata de digitalizar todo el tejido industrial y servicios existentes para aumentar su competitividad y hacer que sean más sostenibles. En otras palabras, hay que ayudar al turismo a recuperarse, porque supone más del 10% del PIB en España y genera muchos empleos, pero hay que ayudarle para que sea más sostenible.

Dos velocidades

–España, como Francia, Portugal, Italia, Bélgica o Rumanía, estarían en situación de 'alto riesgo' en cuanto a la sostenibilidad de su deuda pública. Ya se asume que la recuperación tendrá dos velocidades.

–Efectivamente, pero la variante determinante no será el nivel de deuda pública. Ahora mismo, todos los países tienen suficiente espacio fiscal para responder a la crisis gracias a un contexto de tipos de interés bajísimos. Y este contexto parece que va a durar al menos durante la próxima década. Lo que determinará el ritmo y la intensidad de recuperación será, en primer lugar, el impacto desigual que la crisis tendrá sobre las economías nacionales (mayor en aquellas más dependientes del sector servicios que en las más industrializadas). Y, en segundo lugar, la capacidad que demostrarán los diferentes Estados de utilizar correctamente el espacio fiscal del que disponen para luchar eficazmente contra la pandemia y apoyar la recuperación de sus economías.

–¿Es factible una cancelación de la 'deuda covid', como han solicitado algunos economistas, políticos e instituciones?

–En una circunstancia de tipos de interés como la que tenemos ahora, cancelar esa deuda no parece necesario. El BCE, con su política monetaria expansiva, ya está ayudando mucho a los Estados a endeudarse sin problemas. Plantearse hoy en día la posibilidad de cancelar la deuda conlleva más problemas que ventajas. Aunque se diga que sólo afectaría a la deuda con el BCE, es posible que los mercados no piensen igual y aumenten las primas de riesgo de la deuda pública.

–La propia Comisión Europea emplaza a ser especialmente cuidadosos y evitar el riesgo de generar una deuda excesivamente grande...

–Es normal que alerte de los peligros que supone, pero ¿qué entendemos hoy por 'deuda excesivamente grande'? Hace pocos años, nadie habría imaginado a tantos países europeos rozando o sobrepasando el límite de 100% de endeudamiento sin que se creen tensiones en los mercados. Estamos en un momento donde el concepto de sostenibilidad de la deuda se está reinterpretando, y yo creo que todo el mundo se da cuenta de que, después de esta crisis, es irreal imaginar que podremos volver a la regla de Maastricht que limita el endeudamiento al 60% del PIB.

–¿Qué requisitos deben darse para levantar la cláusula de escape al Pacto de Estabilidad y Crecimiento?

–Hay un consenso creciente sobre la necesidad de reformar en profundidad el marco fiscal europeo, simplificando las reglas y poniendo más énfasis en el análisis de la sostenibilidad de la deuda y menos en el control de los déficits estructurales como hoy en día. Es muy posible que esta cuestión sea central en la agenda de la presidencia francesa de la UE, en el primer semestre de 2022.

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