El Estado quiere que Sacyr, ACS y Acciona no reciban obra pública en diez años por un presunto fraude en el AVE

Agentes de Aduanas y de la Guardia Civil, durante el arresto de uno de los implicados en 2015. /Fran Manzanera / AGM
Agentes de Aduanas y de la Guardia Civil, durante el arresto de uno de los implicados en 2015. / Fran Manzanera / AGM

Sus servicios jurídicos lo han pedido también para otras cuatro constructoras e ingenierías de cara al juicio por la presunta malversación de 26 millones para llevar el tren de alta velocidad a Murcia

RICARDO FERNÁNDEZ

Siete grandes firmas constructoras de ámbito nacional encausadas por un presunto fraude multimillonario en las obras del AVE a Murcia, Sacyr, Dragados, Acciona, Constructora San José, Tecsa, Hormigones Martínez y Neopul, se enfrentan a una petición de condena no solo inédita, sino de una gravedad extrema: la imposibilidad de contratar con la Administración Pública por un periodo de diez años, además del pago de multas e indemnizaciones que superan los 83 millones de euros, informa La Verdad de Murcia. Tales son las penas que reclama la Abogacía del Estado contra estas siete mercantiles, que en virtud de la reforma del Código Penal que establecía la posible responsabilidad penal de las personas jurídicas se encuentran ahora acusadas de un presunto delito continuado de estafa.

Además de los cargos atribuidos a estas mercantiles, la Abogacía del Estado se dirige en su escrito de acusación contra 46 presuntos implicados en una organización criminal montada con la aparente voluntad de utilizar las reposiciones de infraestructuras hídricas, que se venían afectadas por el trazado de la línea del AVE, para enriquecerse con los fondos destinados a ese proyecto. La cuantía total defraudada alcanzaría los 26 millones de euros.

Entre los acusados, que se encaminan ya de manera irrevocable hacia el banquillo, se encuentran antiguos altos responsables de Adif, directores de obra de los cuatro tramos de las obras del AVE entre Crevillente y Murcia, antiguos directivos del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (JPAO) y de la Comunidad de Regantes San Felipe Neri, responsables de las empresas externas de asistencia y control de las obras, constructores, ingenieros y un buen número de familiares de los anteriores que se habrían prestado para ocultar y blanquear las cantidades presuntamente malversadas.

La Abogacía del Estado considera claves en este supuesto engranaje delictivo a quien era el jefe de Infraestructura de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Levante, José Luis Martínez Pombo; al antiguo ingeniero jefe del Juzgado de Aguas de Orihuela, el ingeniero José Manuel Fernández Pujante; al exsecretario de la Comunidad de Regantes San Felipe Neri, José Luis García Salcedo, y al propietario de la constructora murciana Obras Marimar, Juan Ortín García, quienes se habrían concertado para hinchar las facturas por reparaciones de acequias y azarbes o, directamente, para facturar por trabajos que no se habrían acometido. Por lo que se refiere al papel jugado por los responsables de las firmas contratistas y de las empresas de asistencia y control del gasto, su participación habría sido indispensable para que esas obras presuntamente no realizadas o con los costes inflados hubieran llegado a cobrarse.

La oportunidad de malversar cuantías millonarias de las obras del AVE habría surgido cuando, siempre según el abogado del Estado, se habría dejado en manos del Juzgado de Aguas y de la Comunidad de Regantes San Felipe Neri la reposición de las infraestructuras hídricas afectadas por la alta velocidad. Adif se comprometió a abonar esos trabajos, a través de un expediente de gasto, siempre y cuando se levantara un acta de recepción o reconocimiento final de esas obras y se presentara la correspondiente factura. Ello habría dado pie a que varias personas con responsabilidades en esa labor se concertaran, presuntamente, para enriquecerse personalmente con esos fondos. Uno de ellos habría sido el entonces jefe de Infraestructuras de Adif, José Luis Martínez Pombo, quien acabó acumulando un gran patrimonio inmobiliario y contando con más de 2,5 millones de euros en cuentas en Suiza.

Los delitos por los que la Abogacía del Estado formula acusación son los de malversación continuada, fraude continuado, falsedad continuada en concurso con fraude y malversación, blanqueo de capitales y pertenencia organización criminal. Las peticiones globales de condena para los 46 encausados se elevan hasta los 547 años de prisión.

Esta acusación particular ha renunciado a formular acusación contra tres altos directivos de Adif, Santiago Cobo, Ángel López López y Luis María Pérez Fábregat, al considerar que no tienen responsabilidad penal por estos hechos.