Las comunidades darán las ayudas a más empresas, pero bajo los mismos criterios

El Consejo de Ministros aprobó este martes la modificación del real decreto ley impulsado el pasado 12 de marzo para que nuevos sectores puedan aspirar a recibir estas ayudas públicas y que las empresas con pérdidas ya en 2019 también puedan acogerse a esta asistencia. La novedad radica en que ahora serán las comunidades las que decidan qué empresas se beneficiarán de ello, más allá de la lista de 95 subsectores que publicó el BOE hace unas semanas.

Eso sí, estas empresas deberán cumplir los mismos criterios que los que se incluían en la primera lista para conseguir esa ayuda. Como principal requisito, las compañías que soliciten la ayuda deberán haber sufrido una caída de la facturación de al menos un 30% respecto a las cifras de 2019, algo que certificará la Agencia Tributaria. Estos fondos cubrirán hasta el 40% de la pérdida para micropymes (hasta 10 empleados) y autónomos, y el 20% para el resto de empresas. De esta forma, recibirán ayudas a fondo perdido (no reembolsables) de entre 3.000 y 200.000 euros.

Desde el Ministerio de Asuntos Económicos explican a este periódico que los únicos cambios que establece la modificación del real decreto es que sean las comunidades las que puedan elegir más sectores afectados por la pandemia en su región que necesiten estas ayudas y que las pérdidas se pudieron producir en 2019, no solo en 2020 como indicaba el primer texto. Todos los demás criterios de asignación y obligaciones a cumplir por las empresas beneficiadas siguen siendo los mismos.

Entre las obligaciones destacan el destino finalista de las ayudas, ya que tendrán que ir a pagar gastos fijos como salarios o arrendamientos, deudas con proveedores o entidades (acumuladas desde marzo de 2020), así como al pago de suministros eléctricos. La recepción de estas ayudas directas también supondrá la adopción por parte de los empresarios de la obligación de mantener su actividad hasta, como mínimo, el 30 de junio de 2022, que no repartan dividendos ni aumenten los salarios de su equipo directivo durante un periodo de dos años y estén al corriente de sus pagos tributarios y de la Seguridad Social. Otros requisitos son que no tengan su domicilio en un paraíso fiscal y no estén en concurso.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aunque el Ejecutivo identificó casi un centenar de sectores afectados por la crisis, son «plenamente conscientes» de que cada comunidad tiene «características específicas» que requieren de «respuestas personalizadas». Como ejemplo, puso el sector del calzado o del vino, muy importante en algunas regiones del norte de España, y que con esta modificación del real decreto ahora se podrán incorporar a este sistema de ayudas directas.

Los fondos serán gestionados por las comunidades, como ya estaba ratificado en el real decreto de hace un mes. El pasado viernes recibieron el convenio del Ministerio de Hacienda, que ahora deben firmar para recibir la transferencia correspondiente en un plazo de 10 días desde la entrega del documento. La portavoz del Gobierno reveló que por el momento solo Extremadura y Castilla-La Mancha han remitido el convenio firmado a Hacienda, y que lo rubricarán para su publicación en el BOE activando así ya su desembolso.

Entre las comunidades más beneficiadas en el reparto de los 7.000 millones destacan Canarias, Andalucía y Cataluña, que entre las tres recibirán la mitad del total del fondo. La cuarta comunidad más beneficiada del reparto será Baleares, seguida de Madrid y Comunidad Valenciana. Las que menos recibirán serán Extremadura, Navarra, Cantabria, La Rioja, Ceuta y Melilla.

Algunos sectores se quejan de que estos 7.000 millones no son ni de lejos suficientes para paliar las pérdidas de las empresas. Es el caso del turístico, que en un año de pandemia ha perdido 116.000 millones en ingresos. Exceltur, la patronal del sector, asegura estar «sorprendido» de que solo el 41% de los sectores incluidos en la lista publicada por el Gobierno pertenezcan a las ramas turísticas, ya que han sido las más perjudicadas por la pandemia y critican que sí se hayan incluido actividades como la fabricación de cables de fibra óptica o la reparación de relojes y joyería, negocios que han sufrido un desplome mucho menor en sus ventas.