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Una empleada trabajando en una cooperativa agrícola. ÓSCAR CHAMORRO
Apenas un 15% de las empresas obligadas por ley cuentan con un plan de igualdad

Apenas un 15% de las empresas obligadas por ley cuentan con un plan de igualdad

Desde el domingo se amplía este deber a las compañías con más de 150 trabajadores o, si no, podrán ser sancionadas con hasta 187.000 euros

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Sábado, 7 de marzo 2020, 00:29

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Desde este domingo todas las empresas que tengan más de 150 trabajadores están obligadas a tener implementado un plan de igualdad o, de lo contrario, podrían tener que pagar una multa de hasta 187.000 euros. Así lo recogió el Real Decreto Ley con medidas urgentes para la igualdad de hombres y mujeres que fue aprobado en marzo del pasado año. Si hasta ahora esta obligación solo era para las compañías de más de 250 empleados –algo que estableció en 2007 la primera ley de igualdad–, desde este 8 de marzo se amplía también a este grupo de pymes medianas, ya que el Gobierno estableció un periodo de gracia de un año para que lo pudieran ir desarrollando. Además, en marzo de 2021 también habrán de tener un plan de igualdad las que tengan entre 100 y 150 trabajadores, y un año después, ya en marzo de 2022, también las más pequeñas, las que cuenten con una plantilla a partir de 50 personas.

Solo seis comunidades y veinte ayuntamientos cumplen en igualdad

Pero no solo las empresas, sino que también las administraciones públicas suspenden en igualdad, ya que la mayoría incumple la obligación de contar con planes de igualdad entre mujeres y hombres, como recoge el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Así, solo seis comunidades autónomas (Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Baleares, Murcia y Valencia) y Ceuta cuentan con planes de igualdad para su personal público, según datos aportados por la  Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO. Otros territorios tienen planes estratégicos en esta materia, que, en su mayoría, están dirigidos al fomento de la igualdad en la ciudadanía, pero no en lo que se refiere a las personas que trabajan en esas administraciones. En cuanto al sector de la Administración de Justicia, apenas dos comunidades, País Vasco y Valencia, tienen planes de igualdad.

Peor es la situación de la administración local: de los más de 8.000 ayuntamientos con obligación de contar con un plan de igualdad, poco más de una veintena de ellos lo ha puesto en marcha. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se comprometió a elaborar un registro de planes de igualdad que aún no se ha llevado a cabo, por lo que resulta difícil realizar un inventario exhaustivo del número concreto de planes en marcha, según denuncia el sindicato liderado por Unai Sordo.

Por su parte, en la Administración Central, se sigue negociando «con lentitud y poca eficacia» el III Plan de Igualdad, llegando incluso a dejar fuera el Ministerio de Justicia, según critica CC OO. Además hay que recordar que los dos planes de igualdad anteriores cuentan con «muchas lagunas» y resultan «insuficientes», a juicio del sindicato. Mientras que el Congreso y el Senado aprobaron este viernes el primer plan de igualdad de la historia.

Sin embargo, la inmensa mayoría de empresas españolas no lo han hecho, puesto que solo 836 tienen implantado su plan de igualdad pese a que un total de 5.452 están obligadas desde mañana a ello, según los datos del Registro de Convenios del Ministerio de Trabajo facilitados a este periódico por CC OO. Esto significa que solo un 15,3% de las compañías cumple la ley, por lo que el 85% restante se enfrenta a una posible multa por parte de la Inspección de Trabajo, que tiene entre sus cometidos verificar ya no solo que las empresas lo hayan elaborado, sino que lo estén aplicando, según precisa el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Se considerará también una infracción grave el hecho de tener un plan incompleto, de que no se haya realizado un diagnóstico previo, así como la no aplicación de los términos del propio plan o el no haber sido negociado con los representantes de los trabajadores.

Efectivamente, tal y como recoge la ley, antes de que se elabore un plan de igualdad debe realizarse un diagnóstico (una especie de evaluación) de cómo está la empresa en una serie de materias, como son el acceso al empleo, la formación profesional, la conciliación, los salarios, la infrarrepresentación femenina, el acoso sexual, etc. Y esto debe ser negociado entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Ademas, desde el sindicato de inspectores precisan que el plan de igualdad debe ser algo «vivo», por lo que si cambian las condiciones de la compañía, deberá actualizarse.

Fuerte incremento

Lo que sí es cierto es que gracias a este Real Decreto Ley ha habido importantes avances en esta materia, ya que en este último año se han implantado más de la mitad de todos los planes de igualdad que hay en la actualidad: 463 de las 746 empresas que los tienen y 26 de los 90 planes que forman parte del convenio colectivo, lo que significa que han aumentado un 50%. El aspecto negativo, según señalan desde CC OO, es que el registro de convenios y acuerdos colectivos no permite consultar el texto, lo que quiere decir que no se puede comprobar la efectividad de esos planes. Por ello, tanto desde CC OO como desde UGT demandan que por fin se publique el desarrollo reglamentario prometido y que este recoja las herramientas necesarias para negociar planes reales, eficaces, además de marcar un mayor control de la legalidad, ya que en muchas ocasiones se ven obligados a judicializar el propio desarrollo del plan.

Con la nueva ley, en apenas tres años se habrá pasado de estar obligadas a tener planes de igualdad 4.700 empresas en las que trabajan 5,3 millones de personas a afectar a más de 29.200 compañías con alcance para más de 7,7 millones de ocupados.

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