Diésel y más

La transición energética requiere más incentivos que advertencias porque la reconversión ha de ser paulatina

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, declaró el miércoles que «el diésel tiene los días contados» por el impacto de su combustión sobre el medio ambiente. Su anuncio generó inquietud tanto en el sector de los fabricantes de automóviles como en las actividades industriales más dependientes del consumo de gasoil y en los particulares que por distintas razones optaron por la compra de un vehículo diésel. La retirada de los combustibles más nocivos para la salud de las personas y con mayor impacto en el calentamiento global ha de constituir un compromiso ineludible para las administraciones públicas. De entrada, mediante gravámenes específicos sobre su consumo, y la negativa institucional a contribuir con exenciones y deducciones a la continuidad de la producción de motores y gasóleos, incluida su distribución. Pero ello no puede afectar, ni solo ni prioritariamente, al diésel. La ministra Ribera no se mostró tan impaciente en cuanto al cambio sugerido como para suponer que un Ejecutivo constituido, a lo sumo, para los dos años que restan de legislatura pueda establecer un calendario de urgencia para la transición energética. Lo lógico sería que el Gobierno se hiciera valer de las evidencias sobre los efectos del gasoil y otros combustibles para fijar una agenda consensuada, atendiendo a las directrices de la UE y a salvo de los cambios políticos que pudieran darse en España en años próximos. Es cierto que las consecuencias especialmente nocivas de la combustión del gasoil llevan años formando parte de las noticias que circulan en una sociedad informada, pero sin que dieran lugar en nuestro país a iniciativas orientadas a su exclusión en un plazo inmediato. La retirada del diésel exige la introducción de medidas paulatinas que no afecten ni a la economía productiva ni a los consumidores individuales, y que deberían incluir la restricción en el uso de otros combustibles fósiles. El Gobierno debe afrontar la tarea con más planes que anuncios porque el diésel forma parte de nuestra realidad industrial y de consumo. El poder ejecutivo no debiera proceder a su extirpación, sin más. Convendría que el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometiera en hacer efectivas sus intenciones finales mediante la integración de todos los usos que atañen a la imprescindible transición energética.

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