Un compromiso de país

La futura Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica se dispone, entre otras medidas, a prohibir la venta y matriculación de vehículos de diésel, gasolina, gas natural e híbridos para 2040. Un horizonte para el que el transporte en España debería asegurarse mediante motores eléctricos con el propósito de que la emisión de CO2 por tráfico rodado se vea reducida prácticamente a cero para 2050. La iniciativa está en línea con los compromisos de París y con los objetivos establecidos por Francia y Reino Unido. Mientras, países como Alemania, Holanda, Irlanda y Dinamarca pretenden adelantar la prohibición a 2030 y Noruega se propone hacerlo en 2025. Puede considerarse natural que el Gobierno socialista haga bandera de un objetivo tan indiscutible. Pero lo que importa es que el país en su conjunto asuma el desafío de la transición energética, y lo haga con garantías de eficacia y sin que se vea resentida la calidad de vida de sus ciudadanos ni su economía. El Ejecutivo debe acometer tres tareas con un horizonte a 22 años vista en el que es improbable que Pedro Sánchez siga como presidente. En primer lugar, convertir la iniciativa en un compromiso compartido por todas las fuerzas políticas, las comunidades autónomas y los municipios, en diálogo con los sectores industriales afectados. Además de dibujar un cuadro de referencia en cuanto a los objetivos, también está obligado a propiciar una agenda común que contribuya a la obtención de resultados conforme se acerca esa fecha, lo que invita a atender tanto las iniciativas de los países que van por delante de España en este terreno como las propuestas que avanzan la comunidad científica y las organizaciones ecologistas. Por último, para que el compromiso de país frente al cambio climático sea globalmente efectivo, ha de situarse a la cabeza del empeño internacional por salvar la Tierra y la propia especie humana, frente a la obstinación desarrollista de quienes soslayan los requerimientos de la sostenibilidad porque defienden intereses cortoplacistas o nacionales insolidarios hacia las futuras generaciones. Que los Estados Unidos de Trump o la China de Xi Jinping se desentiendan del desafío del calentamiento global no puede disuadir a los españoles de asumir un compromiso europeo. Todo lo contrario, la renuencia o abierta oposición de algunas potencias económicas o regionales a aplicar medidas de prevención frente a un desastre seguro representa un acicate para demostrar que el crecimiento sostenible es posible, además de ineludible.