El ex 'número dos' de la CNMV también se querella contra Villarejo y González

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, durante una entrevista en televisión. /R. C.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo, durante una entrevista en televisión. / R. C.

Arenillas, que a la vez fue consejero del Banco de España, les acusa de intervenir sus llamadas y de presuntas coacciones en un posible espionaje

José Antonio Bravo
JOSÉ ANTONIO BRAVOMadrid

Todos los principales afectados por la llamada «operación Trampa», en la que supuestamente se habría espiado a destacadas personalidades vinculadas a un posible intento entre 2004 y 2005 de hacerse con la presidencia de BBVA desde fuera del banco, ya han formalizado sendas querellas contra quienes consideran los dos grandes responsables de ello: Francisco González, entonces máxima autoridad de la entidad financiera, y el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

El último en hacerlo, presentando su escrito ante la Audiencia Nacional en víspera de una junta general de accionistas que puede ser de las más movidas en la historia del banco, ha sido Carlos Arenillas, exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y también consejero del Banco de España por razón de ese cargo. Algunas fuentes le situaron entonces como uno de los presuntos apoyos a dicho 'asalto' a la jefatura de BBVA, que habría protagonizado la constructora Sacyr y contaría con el visto bueno del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Por eso también figuran entre las personas que podrían haber sido espiadas, según la documentación que se ha ido filtrando en los últimos meses sobre escuchas y trabajos de seguimiento que controlaría Villarejo, el constructor Luis del Rivero (entonces presidente de Sacyr), los exconsejeros de BBV José Domingo de Ampuero y Vicente Benedito, y el exministro Miguel Sebastián, responsable en aquella época de la Oficina Económica de La Moncloa. Todos ellos han afirmado sentirse «víctimas» en todos los sentidos –desde su intimidad a la reputación profesional y su esfera particular– de lo ocurrido y así lo han argumentado para que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acepte su personación como acusación particular en el caso que instruye.

En las tres querellas se acusa a Villarejo de realizar esos espionajes, a González de encargarlos desde el banco y al que fuera jefe de seguridad de BBVA, el excomisario Julio Corrochano, de actuar como intermediario entre ellos. Los delitos que les atribuyen a los tres, y a «cuántas personas pudieran estar implicadas en los hechos investigados», son básicamente cuatro: intervención de las comunicaciones por un funcionario público (en este caso, policía), apoderamiento de secretos de empresa, contra el honor y también de coacciones.

Por todos ellos, y en un eventual juicio, podrían reclamarse más de dos años de cárcel para cada presunto implicado. No obstante, la instrucción de esta pieza del caso donde se investigan diversas operaciones aparentemente irregulares realizadas por Villarejo –en prisión preventiva desde noviembre de 2017 y a quien se ha negado la libertad provisional varias veces– se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que apenas se conocen detalles de su contenido.

«Labores de inteligencia»

Al igual que otros afectados, Arenillas hace referencia en su querella a las publicaciones que se han sucedido los últimos meses sobre la posible contratación de Villarejo por BBVA, así como de una de sus sociedades, para realizar «labores de inteligencia». Ese trabajo se habría plasmado, «al menos en parte, en una serie de informes (algunos ya publicados en internet)» donde se hacen unas afirmaciones que, de verificarse, demostrarían una estrategia de «hostigamiento sostenido» contra una serie de personas, incluido él.

En el caso del que fuera 'número dos' de la CNMV, su escrito hace referencia tanto a pinchazos de teléfonos como a seguimientos a su coche oficial, e incluso entradas en su domicilio particular sin autorización, todo con el fin de presionarle. También señala «acciones de desinformación» que, a través de la difusión de actuaciones y datos falsos, perseguían «menoscabar su imagen pública». Pero Arenillas cree que también se habrían perjudicado los intereses de los dos órganos supervisores (el de los mercados u el de la banca) de cuyo consejo formaba parte.