Tercer juicio para Rato, esta vez por contratos de publicidad «a dedo» en Bankia

El exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato en la salida a Bolsa de la entidad financiera. /Afp
El exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato en la salida a Bolsa de la entidad financiera. / Afp

El juzgado madrileño que investiga su patrimonio le sienta en el banquillo junto a otras 14 personas, incluidas las agencias Públicos y Zenith, por el reparto de comisiones a costa del banco

José Antonio Bravo
JOSÉ ANTONIO BRAVOMadrid

Rodrigo Rato tendrá que afrontar su tercer juicio por su polémica gestión al frente de Bankia, esta vez por los contratos de publicidad del banco que presuntamente se adjudicaron «a dedo». Su primer proceso penal fue el de las tarjetas 'black', por el que ya fue condenado a cuatro años y medio de cárcel que cumple en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) desde finales de octubre. En el segundo, relativo a la controvertida salida a Bolsa de Bankia y la posible falsedad de sus balances anuales en 2010 y 2011, la vista oral comenzó a finales de noviembre y todavía le restan varios meses.

En esta ocasión la Fiscalía Anticorrupción reclama para él un castigo de cuatro años de cárcel como presunto autor de delito de corrupción entre particulares. El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, abrió éste miércoles juicio oral contra él y otras catorce personas físicas -incluidas dos jurídicas, las agencias Publicis y Zenith, siete de cuyos directivos tendrán que sentarse en el banquillo con el expresidente de Bankia- por el reparto de comisiones a costa del banco. Además, reclama a cada una el pago de una fianza de responsabilidad civil por importe de 4,5 millones o procederá al embargo de sus bienes en dicha cuantía.

Aunque Rato defiende sus cobros en esas operaciones como pagos «lícitos» de intermediación para su sociedad y no directamente de él, el Ministerio Público ha decidido reclamar para el que fuera vicepresidente económico del Gobierno la mayor pena que el Código Penal prevé para dicha conducta debido a la gravedad, que a su juicio, revisten los hechos investigados. A su juicio, el expolítico actuó «con desprecio del principio de lealtad a que le obligaba su cargo» y con la única meta de «sacar provecho económico personal» En este caso fueron, al menos, sendas transferencias por un valor total de 835.000 euros realizadas entre 2011 y 2012 a la firma Kradonara, una de las sociedades instrumentales con las que ha ido gestionando su patrimonio y a las que se llega a tachar de «comisionista oculto».

Todo ocurrió durante su etapa como presidente de Bankia (2011-2012), a la que llegó por desempeñar el mismo puesto en Caja Madrid (2010) y previo paso por la dirección general del Fondo Monetario Internacional (FMI). A juicio de la Fiscalía, Rato se sirvió de tres personas con las que mantenía «lazos personales y profesionales» hace años -su secretaria personal, Teresa Arellano; el administrador de sus empresas familiares, Miguel Ángel Montero; y su antiguo colaborador mientras estuvo en el Gobierno y luego nombrado consejero ejecutivo del banco, José Manuel Fernández Norniella, quienes también irán a juicio- para «canalizar el cobro de comisiones, coloquialmente 'astillas'», desde las empresas «que buscaban ser contratadas» por la referida Bankia.

Todo un «grupo de presión»

Ellos cuatro, con el propio Rato al frente y junto al consultor Alberto Portuondo –otro de los acusados- habrían constituido un «auténtico grupo de presión» dentro del órgano que gestionaba la publicidad, prosigue el escrito de calificación, si bien matiza que era el propio Rato quien «manejaba los hilos de la contratación». Él fue, según la Fiscalía, quien introdujo al citado Portuondo en dicho círculo para «favorecer» la adjudicación «a dedo», en concreto a las agencias de publicidad Zenith y Publicis, cuyos responsables en esa época también se sentarán en el banquillo.

Ambas, prosigue el representante del Ministerio Público, accedieron «en condiciones ventajosas y preferentes» a los 'concursos' de publicidad «que se iban a orquestar», término que usa con ironía pues no hubo tal proceso abierto. Y los responsables de dichas compañías, insiste, eran «sabedores de las ventajas que el pago de comisiones les iba a generar». Las 13 personas físicas acusadas (aparte de las dos agencias de publicidad) se enfrentan a penas de entre tres y cuatro años de prisión, además de multas individuales de 2,5 millones de euros.

«A espaldas del consejo»

El expolítico metido a financiero, ahora convertido en reo por sus excesos con las tarjetas «black», adjudicó al grupo Publicis una serie de contratos -según Anticorrupción- «pese a la existencia de otras opciones más favorables económicamente y de espaldas a cualquier autorización por el consejo de administración del banco». Por su parte, las dos agencias citadas firmaron sendos contratos de comisión por «supuestos asesoramientos» y cantidades «completamente injustificadas», dado que «respondían en realidad» a un «peaje» para lograr jugosos acuerdos económicos.

En concreto, fueron 11,7 millones de euros en adjudicaciones para Publicis entre 2011 y 2012 -de los que la entidad llegó a pagar 8,8 millones- pese a que antes de la llegada de Rodrigo Rato no había tenido ni a Caja Madrid ni a Bankia como clientes. Por su parte, Zenith firmó en esa misma etapa con el banco contratos publicitarios por valor de 53,2 millones -de los que se abonaron finalmente 42,9 millones-, cuando con la caja de ahorros apenas había facturado 200.000 durante la etapa anterior de Miguel Blesa.

Investigación patrimonial

Según la Oficina de Investigación contra el Fraude (ONIF), Rodrigo Rato controlaría -de forma directa o indirecta a través de su entorno personal- un patrimonio de «al menos» 26 millones de euros. Buena parte del mismo no habría sido declarado a Hacienda, conforme a las conclusiones de la Agencia Tributaría, que le atribuye un presunto delito fiscal por importe de 5,4 millones de euros correspondiente a los ejercicios de 2014 y 2015, los únicos que no habrían prescrito.

Además, se le investiga por presunto blanqueo de capitales al haberse detectado movimientos en el extranjero por valor de 7,8 millones, con ingresos en cuentas de sociedades radicadas en paraísos fiscales y controladas por Rato. Esta podría ser la pieza siguiente en concluir, dado que la Audiencia Provincial de Madrid ha conminado a ello pese a la insistencia de la Fiscalía por recabar datos de más de una docena de cuentas en territorios «offshore»como Mónaco, Suiza y Panamá, entre otros.