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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne en el Palacio de la Moncloa con su vicepresidenta, Carmen Calvo, y con los ministros Nadia Calviño, María Jesus Montero y José Luis Ábalos.

El Gobierno hará pagar a la banca el impuesto a la hipoteca sin retroactividad

El Consejo de Ministros aprobará este jueves un decreto de ley que después deberá ser refrendado por el Congreso, donde carece de mayoría

Ander Azpiroz

Madrid

Miércoles, 7 de noviembre 2018

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«Ayer habló el poder judicial y hoy y mañana lo hará el ejecutivo». Pedro Sánchez avanzó con estas palabras la respuesta del Gobierno a la sentencia del Tribunal Supremo que endosa a los clientes bancarios el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). El jefe del Ejecutivo se vio en la tesitura de dar explicaciones en una comparecencia de urgencia. No era para menos, porque la paupérrima minoría parlamentaria del Gobierno se ha visto sacudida por una pirueta judicial que nadie preveía.

Según los planes del presidente, la solución a este choque de trenes entre dos de los tres poderes del Estado -a la espera del que se avecina en el legislativo- llegará a través de dos vías. La primera será por un decreto ley que reformará la normativa para que el pago de la tasa del crédito hipotecario recaiga sobre las entidades bancarias y no sobre los usuarios. La segunda línea de acción del Gobierno consistirá en la creación de una autoridad independiente que vele por los derechos de los clientes. La misión de este organismo será reforzar la protección de los usuarios financieros y la mejora de la resolución de conflictos.

La aprobación del decreto ley es la medida estrella y por eso será inmediata. Se materializará en el Consejo de Ministros de este jueves. Pero el decreto ley -una fórmula legislativa prevista para medidas de urgencia aunque generalmente utilizada al antojo del Gobierno de turno- deberá ser refrendado por el Congreso. A falta de pronunciamientos oficiales, Ciudadanos y Unidos Podemos se han decantado hacia el sí, al menos hasta comprobar la redacción del decreto ley.

El PP es quien más ha marcado distancias. Pablo Casado realizó sus valoraciones desde Helsinki, donde el Partido Popular Europeo celebra un congreso crucial para designar a su candidato a presidir la Comisión Europea. El líder de la formación conservadora se comprometió a suprimir la tasa a las hipotecas una vez alcance la Moncloa, una medida que, añadió, se encuadrará en «una revolución fiscal» basada en una bajada general de impuestos. Sánchez rechazó de plano suprimir un impuesto que «nutre las arcas de las comunidades autónomas». Por eso instó al líder del PP a consultar la decisión con los presidentes regionales de su partido. La respuesta de Casado llegó a los pocos minutos desde la capital finlandesa: «Sabemos que la banca lo va a repercutir en el consumidor y lo demás es mentir a los españoles».

Temor a la subida de tipos

¿Trasladarán a partir de ahora los bancos el impuesto al usuario mediante un incremento del precio? Pedro Sánchez espera que no. No obstante, este miércoles fue incapaz de ofrecer alguna garantía más allá de su confianza personal. No lo ven del mismo modo las asociaciones de consumidores, donde temen que las entidades incrementen los intereses y las comisiones tras asumir el AJD. «Estaremos muy atentos, porque se tiene que mantener la competencia: la banca no puede subir de manera concertada los tipos», explican desde la OCU.

El decreto ley debería evitar que en el futuro el impuesto recaiga sobre el usuario. El problema para la imagen del Gobierno es que no afectará de manera retroactiva a aquéllos que hayan firmado sus hipotecas en los últimos cuatro años. Es un alivio para el Ejecutivo, ya que las administraciones se ahorrarán un desembolso que podría haberse elevado hasta los 5.000 millones de euros, lo que hubiera supuesto cinco décimas más de déficit sobre el PIB.

La cruz para el Gobierno es que, pese a su celeridad, se arriesga a ser señalado por los afectados que vieron posible reclamar el dinero que abonaron en su día al formalizar sus hipotecas. Su principal socio parlamentario ya ha convocado una manifestación para el sábado a las 18:00 frente a la sede del Tribunal Supremo. Según Pablo Iglesias, lo anunciado por el Gobierno no basta. Hay que devolver todo el dinero.

Entre los críticos a la decisión del Supremo se han extendido las peticiones de dimisión de Carlos Lesmes, presidente del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque en realidad su mandato expira en menos de un mes.

Un ahorro de 1.100 millones al año para 450.000 familias

Los Técnicos de Hacienda (Gestha) calculan que 458.000 nuevos hipotecados se ahorrarán cada año más de 1.100 millones de euros, a una media de 2.500 euros del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) por cada crédito, aunque estas cuantías varían en función del tipo de gravamen de cada comunidad autónoma y del importe de la hipoteca. El periodo de incertidumbre judicial que se ha generado desde el pasado día 19 de octubre hasta este miércoles habría paralizado el mercado dejando 20.908 hipotecas sin firmar, según la estimación de iahorro.com.

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