Treinta años de fondos europeos, y ¿ahora qué?

SE han cumplido 31 años de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea de 12 países, hoy Unión Europea de 28. Periodo que ha conllevado una importante cantidad de fondos económicos que, provenientes de los impuestos de la ciudadanía europea, han tenido como destino España y, de manera significativa, Extremadura.

Más allá de un pormenorizado balance del mismo es evidente el enorme cambio entre la Extremadura de antes de 1986 respecto a la Extremadura de hoy, incluso asumiendo las perniciosas secuelas dejadas por la crisis de los últimos años.

Para Extremadura pertenecer al gran club europeo ha sido muy positivo. Ha contribuido a superar, aunque no del todo, el ancestral aislamiento real y conceptual que teníamos arraigado. En el campo socioeconómico, la creación y modernización de infraestructuras de todo tipo no hubiera sido posible sin estos fondos. Destacar también otros elementos como la eliminación de fronteras, especialmente con Portugal en nuestro caso, la libre circulación de personas, mercancías y capitales e iniciativas como el programa Erasmus o Leader.

Otros hitos difíciles de alcanzar si no hubiera sido por la existencia de la Política Agraria Común (PAC) son la fijación de población en el medio rural, la mejora cuantitativa y cualitativa de las producciones, la mayor especialización en el sector primario y el sustantivo incremento de la renta agraria regional, aunque desigualmente repartida.

En buena parte, la ejecución por parte de la comunidad autónoma del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE), ha gozado de un amplio consenso social, empresarial y político, a pesar de sus dificultades técnicas, modificaciones consecutivas y dudas iniciales. Sin embargo, la gestión de fondos regionalizados a través de los distintos ministerios y sus organismos autónomos, que son los más cuantiosos sin contar la PAC, ha tenido escasa participación de los representantes económicos y sociales, a veces también del gobierno regional y un excesivo unilateralismo en las decisiones del gobierno central de turno, llegando incluso a desvíos hacia otras regiones.

La redistribución de las ayudas directas de la PAC, al no estar ligadas a la producción y al empleo, ha sido injusta y perjudicial para la región, dadas nuestras características de propiedad de la tierra, de la estructura económica y del empleo del sector primario. Actualmente en Extremadura hay una media de 63.000 trabajadores a jornal que no obtienen ningún beneficio de la ingente cuantía que supone la subvención directa a las rentas de propietarios de derechos de tierra, cultivos o ganadería (más de 450 millones de euros/año). En menor medida que los trabajadores por cuenta ajena, pero también de manera negativa se ven afectadas las pequeñas empresas familiares agrarias productivas. Un dato para reflexionar: Extremadura con apenas 10.000 agricultores a título principal tiene casi 70.000 perceptores de ayudas PAC.

Hasta aquí y más allá de estas u otras imperfecciones, en general bien. Pero, y ¿ahora, qué?

Creo que estamos un poco como 'pollo sin cabeza', en la 'callejina' y con meras especulaciones sobre el modus operandi y poco más: ¿seremos o no objetivo 1?, un FEDER, un FSE o una PAC de tal o cual característica, etcétera. Sin embargo, profundidad en la reflexión y en el problema de verdad, hay más bien poca.

En los últimos años los gobiernos central y autonómico y los representantes políticos, sociales y económicos veíamos sólo la Europa de Jauja, ignorando que la UE se encaminaba hacia un abismo de autodestrucción. La sobredimensión de la economía financiera respecto de la productiva, industrial y tecnológica, la política de austeridad frente a una más solidaria y el empobrecimiento de las clases trabajadoras, el auge cuasi fascista, el 'brexit' británico, la crisis de los refugiados, son botones de muestra del interés por dinamitar el Modelo Social Europeo que tanto costó consolidar tras la Segunda Guerra Mundial.

La alternativa pasa por más democratización de las instituciones europeas, preponderancia del Parlamento, elección directa de la Comisión y pérdida de protagonismo y capacidad de veto del Consejo. Es imprescindible ceder más soberanía de los estados hacia el Parlamento para configurar una Constitución que garantice una verdadera Federación de Estados Europeos. O caminamos hacia una Europa más democrática y más cohesionada políticamente y socialmente o los más de setenta años de historia europea de paz, progreso y solidaridad entre los pueblos habrán tocado a su fin.

La izquierda sindical y política, tanto la socialdemócrata como la más ortodoxa, pacata y recelosa europeísta tantas veces, debe liderar y actuar conjunta y valientemente para evitar el derrumbe. ¿Para qué una UE sin un modelo de sociedad basado en la solidaridad, la democracia y la cohesión? El viejo pacto de socialdemócratas, liberales y democratacristianos, en su día base de la UE-12, ha sucumbido. Reformularlo con nuevos actores, propuestas y liderazgos debe ser el sí o sí. De lo contrario la UE se autodestruirá y con ella algún que otro Estado en ella integrado. Y en esto, en España, tampoco estamos para tirar cohetes.

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