La Fiscalía investiga a Carrapiso por presunta falsedad documental

Tras las diligencias de investigación penal, a las que ha tenido acceso este diario, el fiscal considera probado que la Asamblea General Ordinaria de 2015 de la Federación Extremeña de Atletismo, fechada el 10 de julio del mismo año, realmente no se celebró aquel día «y sin embargo con posterioridad se emitió una certificación de su celebración con fecha del 10 de julio firmada por los denunciados a sabiendas de su falseamiento de la verdad». El fiscal destaca el hecho de que el citado documento fuese incorporado al tráfico jurídico y produjese efectos tangibles, «ya que se remitió una copia a la Junta de Extremadura para surtir eficacia en un expediente de subvenciones públicas y otra a Liberbank como requisito de la entidad para la operatividad de una póliza de crédito previamente concertada», refleja el fiscal instructor.

Asimismo, se defiende que tal hecho puede constituir un delito de falsedad en documento público, «en tanto que el documento no se corresponde con la realidad y que supone la intervención en el acto de varias personas que en ningún caso asistieron al mismo, ya que la asamblea no se celebró en la fecha certificada», fundamenta la Fiscalía.

Además de a esta causa penal, el presidente de la federación y el secretario tienen que hacer frente a un procedimiento sancionador iniciado por la Junta de Extremadura en noviembre de 2018 a través de la Dirección General de Deportes. Una causa en la que también está inmerso el vocal Félix Rodríguez. En este caso, la motivación es «la presunta infracción de las normas generales deportivas», consistente en no atender las resoluciones dictadas por el Comité Extremeño de Disciplina Deportiva del 27 de marzo y del 18 de mayo de 2018. En ambas resoluciones se le requería a la federación el expediente completo y todas las actuaciones practicadas al respecto de una resolución emitida por el Comité de Competición de la Federación Extremeña de Atletismo fechada el 5 de enero de 2018, en la que se archivaba una causa por supuestas injurias vertidas por responsables federativos sobre representantes de clubes en redes sociales.

Al no contar en plazo la Administración con el expediente completo que avale tal resolución, la instructora considera que podría tratarse de una infracción tipificada como «falta muy grave». En cuanto a las posibles sanciones, la legislación contempla para los encausados la inhabilitación por más de tres años hasta definitiva, la privación de licencia deportiva por más de tres años hasta definitiva, multas por más de 6.000 euros y hasta 30.000, así como la privación de derechos de socio de una entidad deportiva, la membresía a una federación deportiva o cargo directivo por más de dos años hasta definitiva.