La ultraprotección amenaza la biodiversidad

El aumento de la superficie preservada en Europa y España, paradójicamente, está evidenciando un escenario de pérdida de biodiversidad en la mayoría de ellos, por lo que es necesario cambiar con urgencia la legislación ambiental para salvar a la propia naturaleza, conformada en nuestro continente por grandes extensiones que no son vírgenes sino agro-sistemas, con usos históricos de carácter agrícola, ganadero, forestal y cinegético.

En este sentido, es obligatoria una nueva delimitación de los espacios en la Unión Europea, considerando sólo aquellos que realmente lo merezcan por sus especiales características biogeográficas y contando con la ineludible participación ciudadana, pues tal y como se desprende de los datos consultados, en estos momentos la Red Natura 2000 (mayor superficie de conservación europea) no sólo no alcanza los objetivos perseguidos, sino que las zonas incluidas en esta figura de protección se encuentran seriamente amenazadas por una legislación errada que conlleva una gestión incorrecta.

Según los últimos informes, de las 445 especies de aves nativas de los países integrantes de la UE, se estima que en las tres últimas décadas han sufrido una pérdida global cercana al 20%, lo que equivale a la desaparición de unos 600 millones de aves. En nuestro país, según la Sociedad Española de Ornitología, desde 1998 se han reducido en un 27% los censos de pájaros agrarios. Encontrándose el casi el 40% de las aves comunes en «una situación de conservación desfavorable».

Es una evolución regresiva tan drástica de la que nunca se había tenido constancia a lo largo de la historia y que pone de manifiesto lo que vengo constatando desde hace tiempo, y es que se tipificaron y clasificaron como espacios protegidos muchos lugares sin conocer las singularidades de cada territorio ni haber contrastado opiniones con la gente que tiene el conocimiento empírico por haber residido allí durante generaciones creando y conservando esos mismos paisajes.

Dicha delimitación debería haber tenido un enfoque holístico contemplando la simbiosis de factores no sólo biológicos sino también fisiográficos y socioeconómicos. La reglamentación aplicada ha sido y es tan restrictiva, desde Europa a través de Directivas Comunitarias y desde España y las Comunidades Autónomas, en sus correspondientes normativas que ha derivado en este escenario dramático para las aves. Nunca se debió legislar con un carácter impositivo rayando en el fundamentalismo y menos aún sin contar con la participación social, para informarles a los habitantes afectados previamente de los pros y contra que la pertenencia a un espacio protegido conlleva.

Consecuentemente, la gestión de la Red Natura 2000 está siendo un fracaso para la biodiversidad, a tenor de los datos existentes, así como para el ámbito socio-demográfico de los municipios incluidos en zonas ZEPAS, LIC o ZEC, que pierden más población que los del entorno con similares características físico-naturales pero sin limitaciones en los usos del suelo agrario. Además, esas descabelladas restricciones impiden garantizar un buen estado del monte al no permitir ni actividades ganaderas de ramoneo o entresaca de la maleza y leña, de lo que resultan incendios pavorosos. Sin olvidar las prohibiciones sobre cualquier tipo de edificación para el asentamiento empresas de transformación agraria o cambios en los aprovechamientos del suelo rústico que consientan fijar a las poblaciones y crear riqueza para mantener el entorno.

Todo ese cúmulo irracional de condicionantes han provocado una disminución de la Superficie Agraria Útil en España que, según el Ministerio de Agricultura alcanza a un 20% de tierra abandonada entre 1990 y 2020. Al mismo tiempo, las licencias de caza se han reducido en un 30% desde 2005, por lo que no se puede culpar a la actividad cinegética del fuerte deterioro en la biodiversidad.Consiguientemente, ha llegado el momento de replantearse sin demora, curiosamente para salvar la biodiversidad, una redelimitación rigurosa y aséptica de las zonas a proteger e incorporar figuras normativas y técnicas seguras y flexibles para una gestión del territorio que permita compatibilizar la preservación ambiental con el desarrollo social y económico como única estrategia para hacer frente al 'Reto Demográfico', dado que no son espacios prístinos sino antrópicos que requieren de la presencia humana como avalista del rico mosaico paisajístico por las interrelaciones mutuas existentes.

El término municipal de Cáceres, más extenso de la Unión Europea, es el paradigma de cuanto apunto, pues con el 94% de su superficie protegida, tanto por ZEPA como por el Plan General Municipal, no se puede construir casi nada, ni un templo religioso, si acaso la estatua de Buda por no considerarse edificación.

Tampoco admiten un aeródromo, ya que en tres pequeñas charcas que han surgido por extracción de áridos en la década de los setenta se han instalado especies como el galápago leproso y el sapo corredor, además de que por 'proximidad' a la ZEPA hay pájaros que surcan esos cielos, como hacen las aves en todas partes, lo que ha motivado al Ministerio de Transición Ecológica a redactar una Declaración de Impacto Ambiental negativa. Asimismo, la Ley de Urbanismo de Extremadura (LOTUS) no prevé deslindar una bolsa de suelo urbanizable para segundas residencias, cuando por tradición y cultura la gente quiere tener su casita de campo sin fines de explotación agraria, sino como lugar de ocio. Al final, para evitar demoliciones se compran apartamentos en la playa privando a Extremadura de esas inversiones familiares. ¿Sobramos los extremeños?