Ahora sabemos lo que se escondía detrás de la mal llamada Ley de Derechos de los Animales, un texto que supuestamente trataba de regular el bienestar de los animales de compañía, pero en realidad ha sido una excusa para intentar acabar con la actividad cinegética en nuestro país. Esta ley no trata de mejorar el bienestar de los animales, sino que tan sólo pretende intervenir en las actividades que se hacen con aminales. Con más de 6.000 alegaciones al texto, el único logro de esta iniciativa es que no cuenta con el apoyo de ninguno de los sectores implicados, lo que la sitúa con el dudoso «honor» de convertirse en el Proyecto de Ley más contestado y más rechazado de la Democracia, algo inaudito en nuestro país. Ante la presentación de una enmienda por parte del PSOE los dirigentes de Podemos hablan de escopetazos, de colgar o de cal viva, un lenguaje malvado y perverso, inadmisible en gente que cobra de nuestros impuestos, de los de todos y se supone que para defender los intereses de la ciudadanía. Un mensaje que lo único que pretende es criminalizar a una parte de la población española y generar odio a otra parte. Incluso vemos cómo esta formación política, que por otra parte ha decepcionado y traicionado el espíritu del 15M del que surgió, amenaza con la negociación de la Ley de Presupuestos del Estado, la norma más importante que tiene cualquier gobierno para gestionar un país, poniéndola en la balanza con tal de prohibir la caza y siendo capaz de sacrificar políticas públicas con tal imponer su ideología. Y a eso se le llama odio, odio a quien no piensa como ellos, o defiende otra forma de vivir. Los comportamientos radicales no son aceptables, ni deben formar parte de la gestión pública, aprovechar que se está en una posición que te permite legislar, no puede convertirse en la oportunidad para imponer por la fuerza, una ideología que una parte muy importante del mundo rural no comparte, una parte muy importante de la ciudadanía de este país. Por eso se hace imprescindible que este proyecto de ley sea retirado por su evidente falta de consenso social, científico, técnico y político. A las más de 800 firmas presentadas por científicos en contra de la ley, el rechazo de los distintos sectores afectados como juristas, veterinarios, cazadores, ganaderos y el mundo rural en general, se suma ahora también la proposición no de ley (PNL) presentada por el Partido Popular (PP) solicitando su retirada, un hecho que, unido a la propia enmienda del PSOE, exige que se realicen cambios en la normativa. Los cazadores ya dimos nuestra opinión en la histórica manifestación del 20M y seguimos alzando la voz a través de una Marea Naranja que está más unida que nunca y que no permitirá que la caza sea una moneda de cambio en el Gobierno.
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El I Día de la Caza de España que se celebró aquí, en Extremadura, es la mejor muestra del importante momento que estamos viviendo. Los cazadores nos hemos convertido en un agente social, no daremos ni un solo paso atrás.
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