Una temporada de cuentas pendientes

En lo deportivo ya ha agotado todas las excusas y no le queda otra salida que el ascenso a Segunda RFEF después de tres decepciones consecutivas. Pero sobre todo se juega su futuro en lo económico, ya que el desfase de los alrededor de 400.000 euros previstos que dejará de ingresar por los abonos le obliga a acometer casi una obra de ingeniería financiera para que las cuentas salgan. Esto unido que al no estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social tampoco puede recibir las ayudas públicas. Y es que precisamente esta temporada se le van a acumular los pagos y casi todos antes de fin de año. Un montante que se puede disparar a más de un millón de euros.

El club blanquinegro trabaja en la planificación de una plantilla que le va a suponer un esfuerzo económico si quiere tener garantías de ascenso. Para empezar tendrá que hacer frente a los retrasos antes del 30 de junio y desbloquear sus derechos federativos que en la actualidad tiene retenidos por una sanción de 5.000 euros de la FIFA por los derechos de formación de Santiago Müller. Después, una vez que pueda tramitar las inscripciones, tendrá que asumir los costes de las fichas y el aval federativo. También tiene pendientes cantidades con los entrenadores de La Academia, cuya fiesta de clausura tuvo lugar este jueves.

Pero entre septiembre y diciembre le tocará afrontar la parte más gruesa con una serie de compromisos de obligado cumplimiento. El pago de 350.000 euros del penúltimo plazo de la compra a la sociedad de Joaquín Parra y correspondiente a septiembre de 2024 sigue sin haberse hecho efectivo pese a los dos requerimientos recibidos por parte del Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga desde marzo. Un desembolso que con los continuos aplazamientos ya se solapa con el último por la misma cantidad que según el acuerdo de compra-venta está estipulado antes del 30 de septiembre de 2025.

Pero es que en diciembre entra en vigor el convenio de acreedores. Los dos años de carencia contemplados tras la autorización judicial del concurso ya se han cumplido y el periodo de liquidación comenzará en diciembre. El plan de viabilidad recogía una deuda que quedaba reducida tras la quita del 50% final en 1.697.738,89 euros como crédito ordinario a pagar en cinco años, con los dos de carencia mencionados y que ya se han cumplido. Según la resolución judicial del 14 de noviembre de 2023 ese tercer año se tiene que abonar el 30% de dicho crédito, el cuarto año el 35% y el quinto otro 35%. Esto supondría que el Badajoz tendrá que atender en diciembre al pago de unos 508.000 euros con sus acreedores ordinarios.

Pero los primeros en cobrar son los acreedores con crédito privilegiado, cuya cantidad supone unos 207.000 euros, en este caso sin reducción del 50 por ciento. También es crédito privilegiado la deuda que mantiene con las administraciones públicas y asciende a 631.550 euros con Hacienda, 350.943 euros con la Seguridad Social y 63.343 euros con el Fogasa, según desgranó el asesor Luis Carabias hace casi un año al dar a conocer el resultado de la auditoría externa sobre las cuentas del club. Con la Agencia Tributaria y la Tesorería General, la entidad trata de alcanzar acuerdos singulares para marcar un nuevo calendario de pagos. La Seguridad Social había solicitado en dos ocasiones (15 de octubre de 2024 y 4 de febrero de 2025) la liquidación del club, una amenaza que ha conseguido sortear el Badajoz, la última en mayo al desestimar el Juzgado de lo Mercantil.

Así, entre los 508.000 euros que correspondería pagar de crédito ordinario, los 207.000 del privilegiado con acreedores, otros 200.000 euros del plazo a cinco años que consiga negociar con las administraciones y los 700.000 euros de la compra-venta, la partida que tendría que deembolsar el club hasta diciembre se iriá alrededor de 1.600.00 euros.

A partir de entrar en vigor el plan de pagos al más mínimo incumplimiento se vería abocado a la liquidación.