El TSJEx ratifica la expulsión de diez extranjeros en lo que va de año en Cáceres

La Subdelegación del Gobierno en Cáceres dice que los datos de repatriados no son públicos. :: l. cordero/
La Subdelegación del Gobierno en Cáceres dice que los datos de repatriados no son públicos. :: l. cordero

La Subdelegación del Gobierno se niega a revelar cuántas ordenes de repatriación firma su titular en la provincia

SERGIO LORENZOCÁCERES.

En lo que va de 2019 la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJEx) de Extremadura ha dado la razón a la Subdelegación del Gobierno en Cáceres al decretar la expulsión de diez extranjeros que residían en esta provincia, según datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial. La Sala ha visto los recursos presentados por los extranjeros expulsados que no estaban de acuerdo con las resoluciones, y ha dado la razón solo a uno de los que han acudido al tribunal.

El Diario HOY ha pedido a la Subdelegación del Gobieno el número anual de esas resoluciones y los motivos de la expulsión, además de la nacionalidad de los expulsados para conocer la totalidad de las resoluciones de repatriación firmadas en Cáceres. La Subdelegación ha negado esos dato a este medio de comunicación alegando que «no son públicos», y que según el Ministerio del Interior «no se facilitan los datos de repatriados».

Según las sentencias facilitadas por el Consejo General del Poder Judicial, tres de los expulsados en la provincia de Cáceres son por haber cometido delitos. En una sentencia del 29 de enero de 2019, se ve acorde a derecho expulsar por tres años a un individuo que tiene «caducado un expediente de expulsión y otro archivado, constándole varias detenciones y antecedentes por delitos contra la salud pública, falsificación de documentos, tráfico de drogas, detención por reclamación». Además de carecer de domicilio conocido, no tiene arraigo familiar ni social.

Solo en un caso el tribunal admitió motivos de arraigo laboral y familiar para revocar la repatriación Los jueces argumentan que quien comete un delito demuestra que no está integrado en el país

En otra sentencia del 14 de mayo se indica que el recurrente debe ser expulsado de España, ya que ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Cáceres a cuatro años por tráfico de drogas y a otros dos años por detención ilegal. El tribunal indica que al cometer esos delitos demuestra que es «una amenaza real para el orden público y no respeta las normas de convivencia que nos hemos dado, y si no respeta tales normas resulta evidente que no se encuentra arraigado en territorio español».

En una tercera sentencia del 11 de julio, también se indica que la persona que recurre su expulsión ha sido condenada por tráfico de drogas. Es un hombre que está en la cárcel y señala que aquí se está curando de su adicción a las drogas. La Sala de lo Contencioso señala que «nada le impide seguir tratamiento en otro país».

El TSJEx también decide que es justa la devolución de un extranjero a su país, ya que tiene dos órdenes en vigor de prohibición de entrada en territorio Schengen por lo que está vedada su entrada en España. Él ha pedido asilo en vía administrativa, pero esa petición fue desestimada.

Tres años sin regresar

Hay varios extranjeros que son expulsados y se les prohibe entrar en España durante tres años, al estar en situación irregular. Se quejan los abogados de varios de ellos de que se fije un periodo de tres años sin poder entrar, y el tribunal contesta que se les podía imponer una prohibición de hasta diez años, y que imponer un plazo de prohibición de entrada «es una consecuencia lógica de la orden de expulsión. De no ser así, la orden de expulsión carecería de eficacia, pues el extranjero podría volver a entrar en el territorio nacional sin solución de continuidad después de ejecutada la expulsión».

En una de esas sentencias el magistrado que la firma llega a decir: «Somos conscientes de los difícil y duro que debe ser querer buscar posibilidades en un país ajeno, pero los jueces estamos sometidos al imperio de la Ley como debe ser en un Estado de Derecho».

Contrato fraudulento

En otra sentencia se señala que la Subdelegación de Cáceres acierta al no admitir a trámite una solicitud de residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo, a una persona que presentó un contrato de trabajo fraudulento.

La Sala de lo Contencioso también señala acorde al derecho el no dar un visado con fines a la reagrupación, al padre de una nacionalizada española que es de la República Dominicana, al considerar que no vive a su cargo. El padre convive en su país con un hijo, allí tiene además otras tres hijas, y una propiedad con terreno en el que trabaja como agricultor.

A lo largo del año el TSJEx sólo niega y revoca la expulsión en un caso, ya que aunque había cometido delitos menores, viven con él sus dos hijos pequeños y su esposa, y todos dependen de su trabajo.

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