¿Cómo entran los móviles en la cárcel de Cáceres?
Seguridad ·
En el último año se han requisado 48 dispositivos a otros tantos internos, cuatro veces más que en 2015
Si hace unos años los elementos prohibidos que más se requisaban en la cárcel eran «objetos punzantes y droga», hoy los funcionarios de la prisión cacereña lo que más intervienen a los internos que cumplen condena en este centro son teléfonos móviles. Solo en 2021 han sido incautados 48 dispositivos y diez cargadores a otros tantos presos, cuando en 2015 se requisaron 11 teléfonos y nueve cargadores, cuatro veces menos.
El director del centro penitenciario de Cáceres, Nahum Álvarez, no tiene muy claras las causas de este fenómeno que, según indica, va en aumento. «No tienen mucho sentido las llamadas con estos teléfonos, salvo que quieran comunicarse con alguna persona que no pueden», afirma Álvarez, que explica que los internos tienen la posibilidad de hacer hasta 15 llamadas telefónicas a la semana, «incluidas videollamadas».
¿Pero cómo camuflan estos dispositivos tecnológicos los presos para salvar la seguridad de una prisión? Álvarez señala que en Cáceres no se ha dado ningún caso relacionado con personal propio en el que se haya hecho la vista gorda a la hora de tratar de colar algún terminal en la cárcel, práctica por la que, asegura, hay procedimientos abiertos a funcionarios en otros centros.
En la prisión cacereña los móviles se cuelan, según detalla, entre la ropa de entrada o a la vuelta de algún permiso, «porque aunque se les cachea, a veces no se detecta». «Al ser tan pequeños, algunas mujeres se los introducen en las cavidades interiores», apunta el director.
Y es que los teléfono que se cotizan entre rejas no son los 'smartphones' de última generación con conexión a internet que proliferan en la calle, sino «minimóviles», aparatos de pequeñas dimensiones para recibir o hacer llamadas, que cuestan poco dinero y que «en muchos casos» se diseñan con el propósito de meterlos en las cárceles.
«Al ser tan pequeños, algunas mujeres se introducen los teléfonos móviles en las cavidades internas para meterlos en la prisión»
«Estas llamadas no tienen mucho sentido, salvo que quieran comunicarse con alguna persona que no pueden, porque tienen 15 llamadas semanales»
El director reconoce que existe preocupación por el aumento del número de dispositivos incautados en los últimos cinco años, que en total suman 140. No obstante, matiza que la mayoría de los presos no los usan con los fines de organización criminal o para seguir delinquiendo como puede suceder en otras prisiones en las que sus reclusos cumplen condena por delitos de esa índole.
«Se podría decir que nuestros internos son delincuentes de poca monta, por eso aquí estos casos son menores, porque apenas hay gente en bandas organizadas. Puede que alguno quiera conectar con su expareja, pero no es lo generalizado», subraya Álvarez.
Destaca, por otra parte, que ninguno de los dispositivos confiscados los ocultaban mujeres, «quizás porque este departamento es mucho más pequeño que el de hombres y resulta más difícil camuflarlos», sostiene.
La prisión cacereña tiene en la actualidad 15 mujeres internas y 300 hombres también en régimen interno. Aquéllos que disfrutan del régimen abierto en el centro de inserción social (CIS) tienen permitido desde hace algo más de un año hacer uso de teléfono móvil.
Los aparatos requisados se custodian en las instalaciones de la prisión, ya que legalmente nadie puede apropiarse de ellos.
Mercado negro
El sindicato Acaip-UGT alerta del mercado negro que se crea en el interior de la prisión y los problema que provoca al tratarse de aparatos «muy cotizados». Su uso, advierte, puede generar deudas e incidentes entre los internos, por ello, «los trabajadores penitenciarios dedican grandes esfuerzos en el decomiso de estos objetos, la mayoría de los cuales se camuflan fácilmente por su reducido tamaño y escapan a los detectores de metales al ser sus componentes de plástico».
En una nota de prensa, el colectivo indica que para cumplir la reinserción y reeducación es imprescindible una convivencia ordenada dentro de las prisiones, y la introducción de objetos prohibidos perjudica el funcionamiento normal de un centro penitenciario, por lo que son precisos los medios materiales y humanos suficientes para evitar su entrada y realizar el control interior. «Pero todo esto requiere del correcto funcionamiento de los inhibidores de las prisiones y que se adapten a las nuevas tecnologías. Si limitamos las posibilidades de uso, reducimos la utilidad y evitamos el comercio ilícito».
El sindicato insiste en la necesidad de ocupar todas las vacantes porque «las nuevas promociones apenas cubren las bajas vegetativas».
Además, añade, hay que adaptar el organigrama a las nuevas formas de delincuencia, y redimensionar la relación de puestos de trabajo para ajustarlas a las nuevas funciones. Por eso «es preciso retomar la negociación de la Ley de Función Pública penitenciaria para afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la institución», concluye.
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