El Supremo rebaja la pena a un pedófilo que había sido denunciado por el FBI

Pasa de siete a cuatro años y seis meses de prisión por haber colaborado para evitar más víctimas

SERGIO LORENZO

Gracias a una investigación llevada a cabo a nivel internacional por el FBI, fue descubierto en Cáceres, en el barrio de Llopis Ivorra, un pedófilo que era coadministrador de dos páginas webs de pornografía infantil, que incluían hasta imágenes de contenido sexual con bebés.

Una vez localizado fue detenido en el año 2014. La Policía Nacional registró su domicilio el 17 de septiembre de ese año, llevándose su portátil, varios discos duros y una tarjeta de memoria. Se comprobó que aportaba material pedófilo a seis páginas webs, una de ellas tenía su origen en Rusia y otra en Holanda.

Juzgado en octubre del año 2017 en la Audiencia Provincial de Cáceres, fue condenado a siete años de prisión al encontrarle culpable de un delito de difusión de material pornográfico infantil. Se le impuso también, como medida de seguridad, estar otros siete años en libertad vigilada. El abogado del condenado, Ángel Luis Aparicio Jabón, recurrió la sentencia al Tribunal Supremo, que ha rebajado la condena a cuatro años y seis meses de prisión.

El Supremo indica que hay que disminuirle la pena por la manera en la que colaboró con la justicia, evitando que hubiera más víctimas, «más niños con la infancia robada», según el alto tribunal.

El pedófilo de Cáceres colaboró con los agentes de la Policía Nacional, que le levaron al centro penitenciario en el que estaba ingresado sus equipos informáticos. Así lograron identificar a cuatro productores o fotógrafos, y dar información sobre siete niñas y un niño víctimas de abusos sexuales. El Supremo señala que gracias a su colaboración, «se procedió a la detención de muchos presuntos culpables y a la localización de menores víctimas de violencia sexual», como han reconocido los propios agentes que llevaron la investigación. Los policías destacaron que facilitó las contraseñas y medios de acceso a los equipos, datos, cuentas de correo y redes sociales, permitiendo que continuara la investigación.

La Audiencia de Cáceres había aplicado la atenuante de colaboración, pero no le dio tanta importancia como le ha dado ahora el Tribunal Supremo, rebajándole la pena dos años y medio.