El Supremo avala el traslado a Valdesalor de un policía al que enviaron al depósito en Cáceres

Lo hace en una providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en la que «acuerda la inadmisión a trámite del recurso de casación» del Ayuntamiento de Cáceres, que además deberá pagar 3.000 euros en costas judiciales, 2.000 que fija el Supremo y 1.000 más que habían sido establecidas en la última sentencia.

La segunda actividad de los agentes vuelve así a ser noticia, tras conocerse que prácticamente un tercio de los puestos de la Policía de la ciudad están sin cubrir o en esa situación de segunda actividad. Como informó HOY, de los 159 profesionales que forman la plantilla y que aparecen en la documentación del ejercicio presupuestario municipal de 2024, 19 plazas se encuentran sin cubrir y una treintena de efectivos están en segunda actividad. Es el caso de Óscar Mendo. Había pedido destino en Valdesalor como agente en segunda actividad, pero su solicitud no se tuvo en cuenta y fue destinado al depósito de vehículos de la Policía y al servicio de comunicaciones.

Mendo recurrió la resolución de Alcaldía de junio de 2021 en la que se le asignaban puestos distintos al solicitado «por razones del servicio». La resolución fue declarada nula por el TSJEx y ahora el Supremo rechaza el recurso de casación municipal sobre una cuestión «controvertida», menciona el alto tribunal, que considera que gira alrededor de la normativa autonómica, la Ley 7/2017 de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura. La resolución acuerda imponer las costas al Consistorio y establece que contra la misma «no cabe recurso alguno».

En la misma línea, el TSJEx ya había dictaminado que el Ayuntamiento tenía que reconocer al agente «la situación de segunda actividad como policía local en Valdesalor». Su recurso lo dirigió Alonso Ramón Díaz, letrado especialista en procedimientos contencioso-administrativos.

«Ha sido una batalla dura, porque a mí me asignan un destino en segunda actividad que no tiene nada que ver con lo que yo había solicitado. Podría haberme conformado, pero decidí litigar y lo voy a seguir haciendo», avanza Óscar Mendo. Sostiene el agente que la asignación de puestos se hace de forma subjetiva, sin una Relación de Puestos de Trabajo o una catalogación adecuada, defiende, y siempre a criterio de la jefatura. Pone el ejemplo de un agente en su misma situación al que por resolución de Alcaldía se le asignó un destino y como no estaba de acuerdo, apunta, reclamó y fue reasignado. «Habló con el jefe, le dijo que no le gustaba y lo pusieron en el gabinete técnico. Allí lleva tres años. Voy a seguir en el Juzgado con esta batalla. Hay más cosas», avisa.

Óscar Mendo opina que no tiene explicación que el Ayuntamiento no le diese ese destino en Valdesalor. «Me deniegan esa petición cuando tenía derecho a ella y el argumento es que se produce una merma de efectivos, pero hay cinco agentes en situación de segunda actividad que están en sus casas y cobrando», afirma. Mendo ya trabaja en Valdesalor, tal y como había pedido. No ha tenido que esperar a esta última resolución del Tribunal Supremo. «Cuando logré que el Tribunal Superior de Justicia me diese la razón pedí ejecución de sentencia provisional. Ha tardado en llegar, pero ya llevo dos meses en mi puesto», aclara.

El TSJEx ya defendió en su sentencia, de diciembre de 2022, que las situaciones de la segunda actividad de los agentes deben reflejarse en la Relación de Puestos de Trabajo. También alude a que los puestos se tendrán que asignar, reglamentariamente, «por riguroso orden de edad y en caso de igualdad por antigüedad». Estas sentencias cuestionan el régimen de asignaciones de la segunda actividad que se aplica a la Policía Local de Cáceres.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx dejó claro que Óscar Mendo «tenía derecho a que se le asignara el puesto pretendido en Valdesalor». Había dos plazas disponibles y una estaba sin ocupar. Además, en este sentido, subraya que los puestos vacantes de segunda actividad deben establecerse de forma reglamentaria y con unos criterios. «La decisión no puede estar en manos del alcalde, ni siquiera acudiendo a razones del servicio», concluye.