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Viernes, 12 de abril 2019, 08:19
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La reordenación urbanística de la zona entre Casa Plata y la N-630 sigue estancada y el expediente amenaza con una caducidad administrativa que los técnicos municipales ya han puesto sobre la mesa. Los miembros de la comisión de Urbanismo abordarán el asunto hoy. Es una de las asignaturas pendientes que deja sobre la mesa el Ejecutivo local. La solución se espera desde hace años para un área muy próxima a otra industrial y residencial, que se encuentra en situación similar, Charca Musia .
En septiembre de 2011, el pleno aprobó el Programa de Ejecución del sector denominado SUP 2.5 A en el anterior plan. Es el actual UZI 34.01. Sin embargo, cinco años después, la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) hizo una propuesta de modificación del programa.
Planteaba una ampliación del uso terciario (comercial), así como el desarrollo en dos fases con una ejecución de las obras en diez años. Los técnicos de planeamiento avisan en sus informes de que no se ha hecho nada de lo previsto ya que no se ha recibido un documento refundido con el desarrollo del plan parcial, el proyecto de urbanización, proposición jurídico-económica y la propuesta de convenio entre la propiedad y el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento requirió a la AIU esa documentación en enero de 2018. En julio pasado y en octubre después, los propietarios documentaron la división por fases. Los informes fueron favorables.
No obstante, sigue estando pendiente la documentación. «La AIU no ha procedido a la presentación en este Ayuntamiento del documento refundido» del nuevo programa de ejecución, señala el informe técnico.
El debate queda abierto hoy en la comisión de Urbanismo, que analiza la caducidad del expediente al haber transcurrido el plazo legal de más de tres meses sin que la tramitación se haya consumado. Aunque se decida dicha caducidad hoy, los interesados aún tendrán un plazo de audiencia. La zona de desarrollo entre Casa Plata y la N-630 alude a un ámbito de suelo urbanizable incorporado con más de 369.000 metros cuadrados de superficie de actuación y en la que se plantean, tal y como recoge el PGM, 834 viviendas potenciales. La viabilidad urbanística de la intervención ya pasó por pleno en el año 2006.
La solución al problema queda ahora en manos del Ejecutivo local que salga de las elecciones de mayo.
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